Impacto. Las empresas estratégicas del Estado consideran que la nueva Ley de Hidrocarburos ocasionaría graves daños ambientales, económicos y sociales.
El frente de empresas estratégicas del Estado, que agrupa a Petroperú, Enapu, Luz y Fuerza, Agua Potable y Banco de la Nación, exhortó al presidente Martín Vizcarra a pronunciarse de inmediato sobre el proyecto que actualiza la Ley de Hidrocarburos que pretende aprobar el fujimorismo en el Congreso y que ocasionaría graves daños ambientales, económicos y sociales.
“Mientras el Ejecutivo y el Congreso concentraron la agenda nacional en el referéndum, con el cual estamos de acuerdo, el fujimorismo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Viceministerio de Hidrocarburos, vienen impulsando la aprobación de una Ley de Hidrocarburos retrógrada que repite todas las trabas al desarrollo y despegue de la población, favoreciendo a los privados que ven en medio de este río revuelto, sus ganancias a costas del patrimonio del Estado", dijo Juan Castillo More, secretario general del sindicato de Petroperú e integrante del Frente de Defensa, detalló La República.
Recordó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó recientemente una norma sobre la regulación ambiental en petróleo y gas (D.S. 023-2018-EM), en un intento desesperado por maquillar el grave perjuicio ambiental que ocasionaría la ley al reducir los estándares ambientales.
Castillo señaló que es falso lo señalado por el viceministro de hidrocarburos, Eduardo Guevara, respecto a que la norma no establece la ampliación automática de los contratos que están por vencer y que las regalías pasarán al 5%, y sin compromisos de exploración, afectando gravemente a las regiones golpeadas del país como es el caso de Piura.
“Es un escándalo que se hayan puesto de acuerdo para parchar el pésimo dictamen con decretos regulatorios desde el Ejecutivo y cambios en el dictamen desde el Congreso como que la construcción de infraestructura dentro de los lotes se haga previa comunicación a Perupetro, quien tiene una interpretación sesgada sobre la ley de consulta previa”, señaló.
Hace poco, las organizaciones civiles expresaron sus motivos por los que no deberían aprobarse las modificaciones a la Ley, entre ellas están la ampliación de las concesiones, menos estándares ambientales, además que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas o comunidades nativas.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana(Aidesep) levantó su voz de protesta porque la ley faculta al contratista al libre ingreso y salida del área del contrato, sin respetar los derechos de propiedad de terceros, lo que implicaría una vulneración del derecho de propiedad previsto por la Constitución y legislación nacional.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advierte que la ley afectaría significativamente la institucionalidad ambiental del país.
La aprobación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos permitirá reactivar al sector y hacer más competitivo al Perú para atraer inversiones internacionales del rubro, señaló el director gerente de Enerconsult, Carlos Gonzáles.
Refirió que la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos es consecuencia de la difícil situación que atraviesa la industria petrolera internacional por la caída del precio de los hidrocarburos ocurrida a finales del año 2014; y en el caso particular del Perú, es agravada por la declinación de sus reservas y su ya reducida producción.
Indicó que la actual producción peruana de petróleo promedia 40.000 barriles diarios, el más bajo de su historia, y las reservas probadas de petróleo apenas alcanzan los 400 millones de barriles equivalentes a cuatro años de consumo.
“El mundo petrolero es esencialmente competitivo. Atraer inversiones de riesgo no es tarea fácil. La primera evaluación que hacen las empresas petroleras cuando estudian un posible destino de sus inversiones se refiere a la relación rentabilidad/riesgo”, dijo Gonzáles según publicó la Agencia Andina.
Gonzáles explicó que, entre dos países con igual riesgo, preferirán ir al que ofrezca mayor rentabilidad; y entre dos países con igual rentabilidad, preferirán el de menor riesgo.
“El riesgo total es la suma de diversos tipos de riesgo como el geológico, exploratorio, de productividad, de precios, socio ambiental, de inestabilidad jurídica, de inseguridad, entre otros”, afirmó.
Refirió que la vigente Ley de Hidrocarburos no ha sido una norma deficiente, pero urge ser modernizada para atraer las inversiones.
“Durante su vigencia se generó canon por US$9.000 millones, se perforaron 2.458 pozos, se invirtieron US$17.600 millones, se pagaron US$17.000 millones de regalías”, subrayó.
Asimismo, se incrementaron reservas probadas en 830 millones de barriles, se produjeron 791 millones de barriles de petróleo, se firmaron más de 150 contratos, se descubrió hidrocarburos en los lotes Z-1, Z-6, XIII, 39, 64, 67, 95, 126, 131, y gas en los lotes 57 y 58; y que hoy se registran como reservas.
“No obstante todo ello, es urgente actualizar la Ley de Hidrocarburos para adaptarla al nuevo contexto petrolero mundial”, precisó.
Advirtió que, si se mantienen las condiciones de contratación ahora vigentes, lo único que se logrará es que las inversiones sigan derivándose a otros países y las reservas peruanas de hidrocarburos y producción continúen en descenso.
“Finalmente, hay que aclarar que ninguno de los Proyectos de Ley que se van a debatir propone reducir regalías al 5% porque las regalías se regulan mediante reglamento aprobado por Decreto Supremo”, subrayó.
Además, el esquema de regalías del 5% al 25% existe desde el año 2003, está plenamente vigente y es el que, por ejemplo, pagará Petroperú por el Lote 64, puntualizó.
FP
