El viernes 7 por la tarde, los directivos del gigante asiático Gezhouba se reunieron con el secretario de Energía Javier Iguacel. El temario del encuentro era uno solo: decidir la salida de Electroingeniería del consorcio a cargo de la construcción de las represas de Santa Cruz.

El pedido explícito fue del Gobierno, que considera que ante la admisión del pago de sobornos a la gestión kirchnerista por parte de los directivos de la empresa argentina la firma que dirige Gerardo Ferreyra no debía continuar en el proyecto hidroeléctrico. Ante ese escenario, ahora la empresa china tomará el liderazgo de la obra, algo que en lo operativo estaba a cargo de la firma argentina, y así Electroingeniería quedará a un paso de quedar afuera de la obra.

Después del encuentro en la ahora secretaría que conduce Javier Iguacel, los directivos de Gezhouba viajaron 3.000 kilómetros. Se trasladaron a Santa Cruz, al obrador principal donde se levantó el campamento principal. Allí flamean la bandera argentina y la de China, como señal del acuerdo firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner que daba inicio a una de los obras más ambiciosas en materia de energía en el sur.

La ambiciosa obra fue adjudicada por el gobierno de Cristina Kirchner a Eletroingeniería, señalada de haber pagado sobornos a la gestión anterior para garantizarse la adjudicación de contratos. En este contexto, la Casa Rosada insiste con la salida de la empresa de la UTE que lleva el emprendimiento hidroeléctrico sobe el río Santa Cruz.

La obra de las represas, que busca generar durante toda su construcción 5.000 puestos de trabajo, cuenta con un presupuesto de 4.730 millones de dólares. El 85% del financiamiento de la obra es chino. Una vez concluidas, ambas hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megavatios, es decir alrededor del 4% del consumo total nacional.

La mega obra fue una bandera energética (inconclusa) del gobierno K, y recién después de dos años lograron retomarse los trabajos principales, después de que el ministerio de Energía dio luz verde al proyecto, al enviar una "orden de autorización de servicio de obra" a la empresa constructora.

El plan que dejaron Cristina Kirchner y Julio De Vido fue reformulado por el ex ministro Juan José Aranguren: su costo es de casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en 6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios.

La obra no quedó exenta de las sospechas de corrupción que recaen sobre Gerardo Ferreyra, detenido desde los primeros días de agosto por orden del juez Claudio Bonadio en el expediente de los cuadernos, que investiga la ruta de sobornos que superarían los 200 millones de dólares. Al igual que Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta, el empresario está acusado de ser parte de una asociación ilícita.

El consorcio a cargo de las represas se encuentra constituido con la firma asiática con un 54% de la participación, Electroingeniería con el 36% y el 10% restante a cargo de Hidrocuyo. Sin embargo, en nuestro país la construcción de la obra la lideraba la firma que presidía Gerardo Ferreyra.

Este miércoles se conoció que dicho rol fue cedido a Gezhouba y guarda relación con el pedido del Gobierno. Consultados por Clarín, desde Electroingeniería señalaron que aún continúan siendo parte de la UTE que construye el complejo hidroeléctrico y señalaron: "Debido a la necesidad de contar con financiamiento inmediato para la aceleración de las actividades de construcción, que se dificulta por la crisis económica y financiera del país, se ha acordado que sea China Gezhouba Group quien lidere las actividades de construcción civil en respaldo a la obtención de crédito externo".

Las obras continúan sin interrupción "con trabajo diurno y nocturno con 1200 trabajadores en los sitios de obra", indicaron. La UTE sigue conformada por China Gezhouba Group Company- Electroingenieria S.A. e Hidrocuyo S.A, pero el gigante asiático cobra cada vez más protagonismo, algo buscado por el ministerio de Energía.

Tras la decisión de los chinos, la firma argentina es la primera compañía sospechada de corrupción que pierde protagonismo en un contrato con el Estado, que garantiza la continuidad de la obra ya que su financiamiento llega a través de Gezhouba.

Ferreyra fue indagado pero rechazó las acusaciones, bajo la premisa de que no tiene de qué arrepentirse. Sin embargo, uno de sus directivos, Jorge Neyra, declaró lo opuesto, y fue aceptado como imputado colaborador al admitir que la empresa realizó pagos de “fondos ilegales” al gobierno kirchnerista.

“Yo debo admitir que he estado con el señor Baratta en relación a los hechos de este expediente unas tres o cuatro veces, no más, y siempre a instancia y conocimiento del ingeniero Ferreyra. Gerardo Ferreyra me avisaba a mí que pasarían a buscar una carpeta con dinero y el horario en el que lo harían, y así yo asistía al lugar que me indicaba", confesó Neyra ante el fiscal Carlos Stornelli en una indagatoria que no fue muy extensa pero que le alcanzó para obtener su libertad.