Se trata de proyectos por US$ 5.400 millones bajo el modelo de Participación Público Privada (PPP).

Con la declaración del financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, quedaron salpicados en causas de corrupción los seis consorcios que construirán los corredores viales, con el modelo de Participación Público Privada (PPP). Esta situación impactó de lleno en los bancos internacionales, que iban a prestar el dinero para las obras y decidieron dar un paso al costado, hasta que se aclare la situación de las empresas involucradas, por una cuestión de "potencial riesgo reputacional".

Es que los seis consorcios adjudicados para realizar las obras viales, por US$ 5.400 millones, tienen entre sus integrantes a empresas que son objeto de investigación por parte del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, por la entrega de coimas en contratos de obra pública durante el kirchnerismo.

Según fuentes oficiales, hasta ahora hay uno sólo de los consorcios que no tendría problemas en arrancar el mes que viene las obras con financiamiento internacional. Es el que hará el Corredor B, que va desde Luján hasta Santa Rosa (La Pampa), integrado por la china CCA Civil Panamá y Green SA. pese a que la constructora Green figura en el listado de empresas que entregó el financista Clarens.

En esa planilla de Excel figuran 86 empresas, que recibieron obras públicas por $ 33.000 millones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que habrían pagado coimas por una cifra que los investigadores sitúan entre 660 millones y 6.600 millones de pesos. Además de Green, también figuran Helport (grupo Eurnekian), José Cartellone, Rovella Carranza, Paolini y Vial Agro, que integran los consorcios que construirán los otros cinco corredores viales.

Las empresas Cartellone y Vial Agro ya habían sido mencionadas previamente, el mes pasado, por el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como parte del "Club de la Obra Pública", que pagaban coimas por entre el 10% y el 20% del valor de cada proyecto. Además Hugo Eurnekian, directivo de la Corporación América, intentó explicar su mención en los "cuadernos de la corrupción", declarando que "aportó dinero a la campaña presidencial" kirchnerista.

Esas tres empresas también figuran en el Excel que entregó Clarens, junto a otras que recién ahora aparecen mencionadas en causas de corrupción, como Green, Paolini y Rovella Carranza.

El Gobierno creó un fideicomiso, con el que busca auxiliar a esos consorcios, para que las obras de los corredores viales no se frenen y arranquen en octubre, tal como estaba previsto. Los funcionarios aseguran que estas obras permitirían crear 23.000 puestos de trabajo, reseñó Clarín.

Pero el dinero del fideicomiso, en principio, serviría sólo para el primer año de obras, mientras que para el resto "tendrán que buscarse financiamiento de largo plazo, una vez que se despeje la situación del riesgo reputacional", dijo una fuente oficial.

De todos modos, "hoy todos los consorcios pueden participar del fideicomiso, ya que habría riesgo reputacional recién cuando haya algún procesamiento firme, una condena o un arrepentimiento de algún directivo de esas empresas", señalaron desde el Gobierno. En ese caso, aquellas empresas cuyos directivos sufran algún "evento de integridad" deberían "retirarse de los consorcios", para mantener el financiamiento internacional y el del fideicomiso estatal.

El viernes pasado hubo una reunión en Casa Rosada, con más de 100 asistentes, "la mayoría bancos y financieras interesadas en aportar dinero al fideicomiso, además de representantes de los seis consorcios", contó una fuente oficial.

Un directivo de un consorcio vial que participó de esa reunión señaló que, "si bien el Banco Nación está dispuesto a dar entre 200 y 300 millones de dólares para el fideicomiso, se necesita de otros bancos que estén dispuestos a financiar proyectos".

Esta situación podría hacer que se posterguen los plazos y no arranquen todas las obras en octubre, como estaba previsto; aunque en el Gobierno son optimistas y aseguran que van a arrancar "entre octubre y principios de noviembre, porque sino se aplican multas y penalidades, pudiendo ejecutarse en agosto del año que viene las garantías que dejaron los consorcios por 100 millones de dólares cada una".