La próxima semana, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia analizará el acuerdo. La autoridad tendrá como plazo máximo el 4 de octubre para aprobar o rechazar las medidas.

Un mes de negociación tuvo la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con la compañía de recursos naturales china Tianqi para elaborar el acuerdo extrajudicial sobre la compra por US$ 4.100 millones del 24% de la propiedad de la minera no metálica SQM, ligada a Julio Ponce Lerou.

Es que luego de que el organismo concluyera que “la adquisición de acciones en SQM por parte de Tianqi podía generar efectos anticompetitivos”, determinó una serie de medidas para resguardar la competencia, tras una operación donde Tianqi -sumando los títulos de la serie B- terminaría con el 25,86% de la propiedad, quedando con tres de los ocho directores de la firma, informó Pulso.

Y el trabajo fue extenso: involucró a un total de siete funcionarios por parte de la FNE de las divisiones de Antimonopolios y Fusiones, materializando un acuerdo inédito en el país que será sometido al escrutinio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) el próximo 13 de septiembre, y tendrá hasta el 4 de octubre para aceptarlo o rechazarlo. “(Este acuerdo) marca un hito, porque por primera vez se establecen medidas en relación con la adquisición de participaciones minoritarias por parte de una empresa respecto de un competidor”, señaló el fiscal nacional económico (S), Mario Ybar.

La conclusión más relevante apuntó a que Tianqi no elegirá a directores, ejecutivos ni empleados de su empresa para integrar el directorio de SQM. De hecho, fue justamente ahí donde se centró gran parte de las medidas.

En la última entrevista que dio el gerente general de SQM a Pulso Domingo, Patricio de Solminihac, ya había expresado su preocupación por la llegada de sus competidores chinos a la propiedad y el directorio de la minera chilena, y dijo que “no me gustaría tener que compartir mi estrategia relacionada con el litio con un competidor”.

Y fue justamente a nivel de directorio donde se plantearon varias medidas, llegando incluso a establecer instrumentos novedosos, como un contrato adicional para los miembros de la mesa. Se trata de un Directorship Agreement que deberán firmar todos los futuros directores externos de SQM con Tianqi, tiene siete páginas y los obliga a reportar anualmente a la FNE que están cumpliendo con sus obligaciones del acuerdo.

De hecho, los miembros designados tendrán 15 días para entregar estos contratos a la autoridad antimonopolio, y en ellos quedará plasmado su compromiso para, entre otras cosas, abstenerse de votar en las reuniones de directorio de SQM y no proponerse para integrar comités, entre otros aspectos. Asimismo, deberán suscribir declaraciones juradas anualmente, reconociendo que no son directores, ejecutivos relevantes o empleados de Tianqi, que no han compartido con la compañía china información comercialmente sensible del negocio del litio de SQM, etc. A contar del año 2020, de hecho, Tianqi remitirá a la FNE los originales de dichas declaraciones dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año.

Conocedores del proceso explican que esto va en línea con contratos que se hacen en otras jurisdicciones de países más avanzados, como Estados Unidos, que son más estrictas respecto de las participaciones en directorios en común de empresas competidoras.

En esa línea, el hecho de que Tianqi no pueda nombrar a ninguno de sus empleados en el directorio de SQM, lo que va más allá de la ley que establece el interlocking (vínculo entre empresas competidoras en los directorios), es visto por cercanos de la firma china como “lo más doloroso” y añaden que “es duro para una empresa que hace una inversión de esta magnitud”. Eso no quita que sí puedan nominar a abogados externos (Carey) o asesores financieros (BofA Merrill Lynch) que hayan asesorado a la firma en la operación. “Eso es perfectamente admitido, ya que no son empleados de Tianqi, no dependen de él. Tienen que ser personas de confianza, sería absurdo que se nombre a personas desconocidas”, reconoce un cercano.

De todas formas, se prevé que en la audiencia del 13 de septiembre ante el TDLC algún competidor o parte interesada, como Corfo, Albemarle o la propia SQM, traten de influir para que el tribunal rechace las medidas, dado que un asesor de confianza de Tianqi no daría garantías y no sería completamente independiente.

Entre la espada y la pared

Para Tianqi lograr este acuerdo, pese a las duras medidas que tendrán que cumplir, era lo más pragmático. La otra opción era litigar con la FNE y los plazos que la apremian no dan para eso. El vendedor de las acciones, la canadiense Potash Corp. (PCS), no puede esperar un juicio. Con un deadline claro, Tianqi tiene que cerrar su compra antes de mayo de 2019, fecha máxima que tiene Agrium para cerrar su fusión con PCS.

Fuentes conocedoras del caso estiman que la FNE y Tianqi estarían confiados en que el TDLC aceptará las condiciones pactadas. Distintos altos funcionarios de SQM también coinciden con que las medidas son satisfactorias, por lo que son pocos los que avizoran un escenario adverso. En ese sentido, no habría un plan B estructurado. Así, una vez aprobado, el acuerdo se revisará en cuatro años y se renovará automáticamente cada dos, salvo que existan cambios muy significativos al mercado que urjan que Tianqi pida su revisión.