PABLO DE LA FLOR*

El Perú cuenta con una cartera de 49 proyectos mineros cuya puesta en marcha tiene el potencial de apuntalar el desarrollo del país, impulsando nuestro crecimiento y generando mayor bienestar, sobre todo en las regiones más apartadas y pobres, allí donde la industria despliega sus actividades.

 El reciente anuncio sobre la construcción de Quellaveco, con más de US$5 mil millones en compromisos, marca el arranque de una nueva ola de inversiones que este año incluye el inicio de trabajos en Mina Justa y la ampliación de Toromocho.

Solo estos tres primeros proyectos generarán más de 13.000 plazas de trabajo durante la etapa de construcción y otros 6.000 puestos en la fase de producción, todos ellos en el sector formal de la economía. A estos impactos positivos habría que agregar el mayor pago de impuestos y el incremento de las transferencias a los gobiernos regionales y locales vía canon y regalías una vez que inicien operaciones.

La inversión minera crecerá 19% este año y otro 23% en el 2019, el ritmo más alto desde el 2011, según estimaciones del MEF. Entre el 2020 y el 2022, su crecimiento anual llegaría a 11% en promedio, gracias a que continuará la construcción de grandes proyectos y comenzará la de otros de mediana envergadura. Como consecuencia de estas iniciativas, se espera un incremento anual de 3,5% en el PBI minero en el período 2019-2022.

Este panorama auspicioso podría serlo aún más si logramos superar los obstáculos que actualmente inhiben la implementación de una serie de iniciativas de envergadura hoy paralizadas. Para entender la magnitud de la oportunidad que tenemos frente a nosotros, basta considerar que si fuéramos a ejecutar los 26 proyectos cupríferos en cartera, duplicaríamos nuestra producción, generando además US$2.900 millones en impuestos adicionales cada año. Este incremento en la recaudación alcanzaría para construir 7.300 km de nuevas carreteras, elevar en 32% el presupuesto educativo, duplicar las inversiones en saneamiento o aumentar los gastos en salud casi 50%.

Para hacer realidad estas potencialidades, hace falta avanzar en dos frentes. En primer término, resulta perentorio desmontar la pesada carga tramitocrática que en la actualidad obstaculiza y ralentiza la inversión. Se requiere eliminar procedimientos y autorizaciones innecesarias, que lejos de agregar valor lo sustraen. No se trata de relajar estándares socioambientales, sino de incorporar una cuota de racionalidad administrativa y lógica en los procesos y requerimientos. La SNMPE ha desarrollado una agenda simplificadora que apunta a resolver los principales cuellos de botella que las empresas enfrentan. Buena parte de esas medidas podrían ser priorizadas en la mesa ejecutiva minera que en breve convocará el MEF.

En segundo término, resulta fundamental paliar la conflictividad social que viene afectando con especial virulencia al sector. Gran parte del problema guarda relación con la frustración generada por la ausencia del Estado y la persistencia de importantes brechas en materia de acceso a servicios y bienes públicos básicos en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Para revertir esa situación, necesitamos afianzar el canon y asegurar que los recursos transferidos (casi S/40 mil millones en la última década) lleguen a las comunidades y se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población. Las empresas, por su parte, vienen adoptando una nueva forma de comunicación y relacionamiento con su entorno, enfoque recogido en la campaña Minería de Todos, recientemente lanzada por el gremio (www.mineriadetodos.com.pe).

Tenemos ante nosotros la gran oportunidad de transformar la rica y diversa dotación de recursos de nuestro subsuelo en desarrollo sostenible y bienestar para todos los peruanos, asegurando el respeto a los más altos estándares de desempeño socioambientales. Ello será posible en la medida en que Estado, empresas y comunidades sumemos esfuerzos y trabajemos de manera coordinada.

* Gerente General de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)