“Lo que vamos a buscar con los diputados es terminar de dar una solución definitiva al tema, o por lo menos tratar de buscar el mejor proyecto que podamos discutir para la provincia –dijo Cerdá-. Hoy tenemos la disyuntiva de que hay emprendimientos con categorías de mineral 1 y 3, lo que nos perjudica un poco a la hora de definir” un esquema uniforme para todas las explotaciones.
Señaló que si se considera a todas categoría 1, las arenas pasarían a regirse por leyes mineras (lo que podría incluso prohibir toda la actividad, haciendo extensiva la suspensión minera que existe en la provincia por aplicación de la ley 5001). “Buscaremos el mejor beneficio por la provincia a través del canon que podamos establecer, sin dejar de tener en cuenta que tenemos competidores como las provincias de Entre Ríos o Río Negro, o incluso arenas que empezaron a traer de afuera del país y que ya están testeando”, añadió el ministro.
El año pasado se extrajeron alrededor de 270.000 toneladas de arenas de Chubut, mientras que la proyección para este año es de 400.000 tn. El canon actual es de un 5% sobre el valor boca de mina, que está fijado en 30 pesos por tonelada.
El funcionario indicó que la competencia de Entre Ríos se ve favorecida para sus canteras, ya que la provincia no cobra canon, “aunque no sé si percibe otro beneficio impositivo”, aclaró, lo que se transforma en una ventaja que se ve reflejada en la mayor proporción de arenas de ese origen (70 pro ciento) que hoy se utilizan en Neuquén, frente a un 30 por ciento que provee Chubut.
Cerdá indicó que en la discusión también se busca tener en cuenta el movimiento económico que puede generar la actual actividad en la provincia, a partir del movimiento generado por los salarios camioneros y el circuito de servicios vinculado a la actual explotación. “Son cuestiones que también suman, como los ingresos brutos o tasas de transporte, por lo que se tiene en cuenta también en el valor generado por la arena”.
Lasr: diputadas Doufur y Papaini impulsan por su parte sendos proyectos de ley, para declarar de utilidad pública la extracción de arenas y apuntan a elevar al canon a un 10% sobre el valor de venta del mineral, tal como informó esta agencia, apuntando además a una serie de conceptos para reparación de rutas e infraestructura para la región en la que se extrae el mineral.