EDDY LAVANDAIO*

Es una breve historia. Primero nos enteramos que el área responsable de la política minera nacional había sido trasladada al Ministerio de la Producción. En los chismes de internet algunos pesimistas mal pensados dijeron en ese momento que la movida indicaba que la minería era colocada en ese ministerio para que esté a la cola de las prioridades del Gobierno Nacional. Pero como los mineros son genéticamente optimistas no les hicieron caso.

Después se anunció la designación de la nueva Secretaria de Minería,  Ing. Carolina Sánchez. Esa vez los mal pensados se refirieron a su experiencia profesional y salieron a establecer una supuesta coincidencia ideológica entre la nueva funcionaria y la ex Secretaria Romina Picolotti. -Bueno, son suposiciones subjetivas que no podemos tener en cuenta por ahora-, dijeron los mineros optimistas.

Para ilustrar sobre la profesionalidad de la nueva funcionaria una revista especializada publicó su curriculum. Para sorpresa de muchos ni siquiera la palabra minería figura en esos antecedentes. De nuevo, los mal pensados creyeron ver alguna intencionalidad detrás de esa tan visible ignorancia. Sin embargo, empresarios y gremialistas expresaron públicamente su confianza en que la nueva gestión fuera positiva para el sector.

El pasado 12 de agosto el diario El Tribuno de Salta publicó un reportaje a la Ing. Carolina Sánchez. Ante una pregunta relacionada con los glaciares dijo ..."La minería debe desarrollarse en el marco de las leyes vigentes, en este momento rige la ley de glaciares y no hay otra manera de hacerlo que bajo estas leyes".

Si la periodista le preguntó sobre ese tema específico es porque los cuestionamientos son de público conocimiento a través de innumerables notas publicadas desde el 2010 hasta el presente en las que se explicaron detalladamente los defectos de la Ley de Glaciares Nº 26.639 y la forma en que se deberían solucionar.

La respuesta de la funcionaria puede interpretarse de dos maneras. La primera es que la Secretaria está alineada con los intereses de las organizaciones ecologistas que impulsaron esa ley destinada a impedir el desarrollo minero nacional, y la segunda es que ignora todos los cuestionamientos que se han publicado en los medios desde el mismo momento de su promulgación. En el primer caso sería muy lamentable, y en el segundo también.

Una de esas dos interpretaciones parece confirmarse en un reportaje publicado por el Diario de Cuyo el 25 de agosto. Al ser consultada sobre la ley de glaciares dijo que no le corresponde ""tomar posiciones sobre la legislación vigente", sino que ""corresponde asegurar el cumplimiento de la misma". y agregó ""Si hay que revisar la legislación, para garantizar reglas claras y mejores definiciones para el logro de su propósito, todos, como ciudadanos a través de nuestros representantes, podemos elevar propuestas".

En definitiva, hay una ley que prohibe la actividad minera en extensas partes de nuestras montañas, con una prohibición que no tiene un límite definido y por ello pone en serio riesgo a las posibles inversiones, pero la responsable de la política minera nacional y de la promoción de inversiones en el sector dice públicamente que no le corresponde tomar posiciones sobre esa legislación.  

Además, fue terminante al decir que los ciudadanos somos los encargados de elevar propuestas al Congreso Nacional. Es como si nos tratara de desubicados a los que sabemos que entre las misiones y funciones de la Secretaria de Minería está la de ocuparse de procurar una solución cuando un problema en las reglas de juego afecta al sector.

Este tipo de respuestas y definiciones por parte de la funcionaria nos inducen a hacernos una pregunta. ¿No será que los mal pensados tienen razón?

*Geólogo. Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas