Eso implicaría que el Congreso de la República incumpla con el mandato constitucional de cautelar la protección del derecho a vivir en un ambiente sano de todos los peruanos y peruanas.

La Defensoría del Pueblo emitió hoy un pronunciamiento en el que advierte que el recientemente aprobado dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que propone la modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221) representaría un serio riesgo al rol rector del Ministerio de Ambiente (Minam).

Según un informe de la Defensoría, el planteamiento para que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emita opinión previa vinculante respecto a las normas de otros sectores en materia de hidrocarburos podría implicar que se veten las normas que el Minam elabore para su aplicación a todos los sectores, por ejemplo, en materia de evaluación del impacto ambiental.

Cabe recordar que el Minam es el ente rector en materia ambiental en el Perú.

La Defensoría señala que dicha situación, sin duda, afectaría significativamente a la institucionalidad ambiental del país, debilitaría el rol rector del Minam e implicaría que el Congreso de la República incumpla con el mandato constitucional de cautelar la protección del derecho a vivir en un ambiente sano de todos los peruanos y peruanas.

Por otro lado, expresó su preocupación de que la propuesta busque crear una excepción para el sector hidrocarburos del cumplimiento de las normas para una adecuada evaluación del impacto ambiental aplicable a todo proyecto de inversión.

Así, por ejemplo, se plantea la previsión por ley de la clasificación anticipada de los proyectos de inversión, sin considerar los criterios de protección ambiental previstos en las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y los criterios normados por el Minam.

“Dicha medida desnaturalizaría el carácter técnico de dicha evaluación, con lo cual no se garantizaría la adecuada identificación, prevención, supervisión, control y prevención anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de los proyectos de inversión”, señala el documento.

Se advierte, además, que facultar al contratista al libre ingreso y salida del área del contrato, sin respetar los derechos de propiedad de terceros, implicaría una vulneración del derecho de propiedad previsto por la Constitución y legislación nacional, detallò Gestión. 

Sin embargo, la Defensoría respaldó que se proponga la incorporación, como un supuesto de terminación del contrato el incumplimiento por parte del contratista, de la normativa aplicable en materia ambiental.

Aunque observó que para ello no debería exigirse que la infracción cometida genere un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas, debido a la alta complejidad de la carga probatoria en esta materia, lo cual generaría que dicha causal sea inaplicable.

“Se ha solicitado además que la información sobre incumplimientos a las normas ambientales sea considerada en el proceso de convocatoria y/o negociación de los contratos y como causal de pérdida de la calificación de una empresa de hidrocarburos”, precisó.

Por ello, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Congreso de la República considerar los argumentos expuestos en el referido informe para que sean tomados en cuenta durante la evaluación del dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas.

Esto con la finalidad de que la propuesta normativa cumpla con lo previsto en la Constitución y las leyes, y respete los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas, especialmente de los grupos más vulnerables.