Se presentó en Comodoro Py y fue en la fiscalía de Stornelli donde firmó el acuerdo para declarar. Era un hombre del círculo más íntimo de Néstor Kirchner y de Julio de Vido.
Claudio Uberti, un hombre de estrecha confianza del ex presidente Néstor Kirchner y de su ministro más poderoso, Julio De Vido, decidió este lunes declarar como arrepentido en la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción". La decisión la tomó en las últimas horas y se cristalizó con la firma de un acuerdo ante el fiscal Carlos Stornelli.
Desde el viernes era buscado y estaba en condición de prófugo, tras ser salpicado por el relato de otro "imputado colaborador": el empresario Carlos Wagner, articulador del esquema de corrupción en la obra pública durante los años del kirchnerismo.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que Después de más de tres horas de declaración indagatoria en la fiscalía de Stornelli Uberti logró acordar convertirse en el próximo arrepentido en esta causa que lo tiene, en principio, como partícipe necesario de la asociación ilícita que habría movido, al menos, unos 200 millones de dólares en coimas.
La decisión de declarar contra sus ex jefes ocurrió antes de presentarse en la tarde del lunes en los tribunales de Comodoro Py. El viernes habían emitido una orden de detención luego de ser mencionado como uno de los integrantes clave de todo el circuito de coimas y distribución de dinero negro desde las empresas a la política durante el gobierno de Néstor y, también, de Cristina Kirchner.
Uberti se convertirá -tras la firma y la homologación por parte del juez que instruye la causa, Claudio Bonadio- en el primer funcionario en pasar a la categoría de "imputado colaborador". Más allá de eso, en el corto plazo, el ex funcionario iba a ser trasladado a la delegación de la calle Cavia de la Policía Federal, el barrio porteño de Palermo.
El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) del kirchnerismo no registraba salidas del país y por eso no se había ordenado su captura internacional.
Esta causa ya cuenta con 8 imputados colaboradores la mayoría de ellos empresarios de la construcción y del sector energético que admitieron haber realizado pagos ilegales al gobierno kirchnerista. Además de Uberti, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, reconoció que recibió dinero no declarado de empresarios para la campaña electoral.
Uberti integraba un pelotón de nuevos implicados en el caso de corrupción más explosivo de la historia argentina. Ese grupo lo integraban además José María Olasagasti -ex secretario privado de Julio De Vido-, el ex titular de la UIA, Carlos Lascurain, y el empresario Raúl Vertúa. Todos quedaron comprometidos después de la declaración indagatoria del ex presidente de la cámara de la construcción, Carlos Wagner, quien reveló un "sistema" de cartelización de la obra pública y pago de "retornos, coimas", donde mencionó a todas estas personas.
En esta causa conocida como los "cuadernos de la corrupción" se investiga un circuito de sobornos que podría ascender a 200 millones de dólares, Uberti y los demás están acusados de ser partícipe necesario de la asociación ilícita en la que hay más de 38 personas imputadas.
Todos integrarían un "sistema creado" por el ex ministro para la cartelización de la obra pública, que implicaba que las empresas decidían de antemano qué firma ganaba cada licitación de una obra pública, se acordaba el pago del 10 al 20% del monto de obra en concepto de sobornos. Entonces, entre los que oficiaban de intermediarios para el cobro y distribución del dinero estaba, entre otros, Uberti.
La expresidenta Cristina de Kirchner pidió la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por presuntas coimas en obras públicas, negó los cargos en su contra y hasta reclamó que sea citado como testigo el primer mandatario, Mauricio Macri.
Lo hizo a través de tres escritos que presentó en la audiencia en la que fue convocada para prestar declaración indagatoria, y en la que no estuvo presente el juez Bonadio.
En uno de los escritos, la exmandataria cuestionó que Bonadio -a quien calificó de "juez enemigo"- y el fiscal federal Carlos Stornelli estén al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julián Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.
En la causa Los Sauces Cristina Kirchner está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia, y en esa investigación también se sospecha de irregularidades con la obra pública, precisó Ámbito.
En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: "A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional".
Además, Cristina pidió la declaración como testigos de Macri,el chofer Oscar Centeno y quien fuera su abogado al momento de la detención, entre otros.
En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornellli: fueron "elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas".
"En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta", evaluó.
Tras denunciar "graves arbitrariedades" por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.
"En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida", señaló.
La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra "cinco procesamientos" y subrayó: "increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015".
Subrayó también: "pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa".
"Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio", añadió.
Para Cristina Kirchner, "estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI".
"A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política", señaló.
Cristina dejó esta mañana su domicilio a las 9:25 y 10 minutos después arribó a los tribunales federales de Retiro.
Poco menos de una hora y 40 minutos después, la exjefa de Estado salió del edificio de tribunales y tras saludar a algunos de sus seguidores se retiró en el mismo automóvil que la había trasladado desde su domicilio.
Hasta los tribunales también habían llegado los dirigentes peronistas Juan Grabois y Eduardo Valdés, ambos ligados al Papa Francisco.
Efectivos de la Policía Federal allanaron dos departamentos del edificio de la calle Juncal al 1300, esquina Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, habitual residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero no ingresaron a su departamento porque está protegido por sus fueros de senadora.
El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa conocida como "los cuadernos de las coimas". Fuentes judiciales aseguraron a Clarín que el objetivo de la búsqueda se centró en los departamentos del 1° y 4 ° piso, se sospechaba que podía haber dinero en efectivo, precisó Clarín.
Ambos inmuebles están a nombre de Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y preso en el penal de Marcos Paz.
La abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, explicó que en el 2014 De Sousa vendió los departamentos al titular del grupo Indalo.
El departamento del quinto piso, donde hoy vive Cristina, hasta fines del 2015 estuvo alquilado por Cristóbal López, quien a su vez se lo subalquilaba al abogado de Indalo Petróleo, Mauro Ismael Sánchez y su esposa Natalia Inés Lima, tal como reveló Clarín en el 2016 en exclusiva.
El juez ya dictó una orden de allanamiento para el departamento de Juncal y Uruguay y otros dos inmuebles de Cristina, pero no se concretaron debido a que cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.
En el departamento de Recoleta, según los cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, se entregaban bolsos con miles de dólares. Allí, de acuerdo con la reconstrucción que surgen de los cuadernos, el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido el equipaje cargado de dinero negro.
Ante la imposibilidad de ingresar al departamento de Fernández de Kirchner, el miércoles el Senado podría autorizarlos, en una sesión que se observa con especial atención la actuación del peronismo.
Se barajan dos posibilidades. Una sería la aprobación del permiso en el recinto de la Cámara alta. A su vez, no se descarta que la autorización surja de un acuerdo entre los bloques políticos, que delegarían en la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti, la respuesta al juez.
