Entre quienes acceden a este plan, dirigido a actuales y ex rol B, supervisores y ejecutivos, figuran el propio CEO de la minera, Nelson Pizarro, Juan Villarzú y la ex VP de Finanzas, Isabel Marshall. Trabajadores de Chuqui quieren igual trato, en el marco de la transformación de la mina a subterránea.
Planes de salud pagados de por vida es lo que 8.710 personas, ex y actuales ejecutivos, supervisores y rol B, reciben por parte de Codelco Chile. Y entre sus beneficiarios destacan el propio CEO de la corporación, Nelson Pizarro, uno de sus antecesores, Juan Villarzú, y la ex vicepresidenta de Finanzas, Promoción y Sustentabilidad de la estatal, Isabel Marsahall.
Así lo reconoció la propia empresa ante la consulta de PULSO, tras acceder a una información en el que se indicaba que en la división Chuquicamata de la corporación, hoy en proceso de transformación a minería subterránea, existían 1.409 personas que tienen este beneficio con carácter de vitalicio, informó La Tercera.
El tema es una de los puntos de discordia en el proceso de diálogo entre la administración y los trabajadores, pues este proceso de transformación implicará la salida de 1.700 trabajadores de la corporación, aunque unos 1.500 lo harán por causas “naturales”, como jubilación, término de contratos y otros.
Los trabajadores no están contentos con los planes de egreso ofrecidos por la estatal, que en algunos casos consideran indemnizaciones, adicionales a la legal, de hasta $ 53 millones, además de beneficios de salud no prorrogables, por cinco años, a través de la Isapre Chuquicamata. Así, los dirigentes cuestionan por qué mientras la división mantiene a ex y actuales trabajadores con planes de salud de por vida, no está dispuesta a extender este beneficio a quienes que saldrán en esta transformación.
“Este es un tema de salud. No tiene que ver con plata”, explicaba hace unas semanas un dirigente sindical de Chuquicamata, que describía las diferencias que han enfrentado con la administración de cara a la transformación a subterránea.
El plan de salud se denomina plan especial ex supervisores (PES)- del que, según Codelco, se benefician 1.409 personas solo en Chuquicamata, 714 ejecutivos y ex ejecutivos y otros 695 que son cargas legales.
Los beneficiarios. Entre las personas que cuentan con los planes de por vida están no solo el actual presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro -quien lo obtuvo cuando fue gerente general de la división Chuquicamata entre marzo de 1994 y noviembre de 1997- sino también el ex gerente de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de esa división, Alejandro Salinero; y el actual consejero jurídico del distrito norte, que ocupó el mismo puesto en esa época, Nemesio Orellana. Todos ellos, tras su paso de esa época por Chuquicamata, se fueron a Caserones, manteniendo el mencionado plan hasta hoy.
“El (Pizarro) tiene, al igual que sus cercanos, un plan de salud a través de la Isapre Chuquicamata. El mismo que le niega a los trabajadores y ese es el gran punto de desencuentro”, comentó un trabajador. “Nuestra lucha es por la salud, por los años que contemplaba el plan anterior y porque, con posterioridad a ello, la gente se pueda quedar en la Isapre de Chuqui con un plan de mercado”, añadió otra fuente sindical.
EL DÉFICIT. De acuerdo con información proporcionada por Codelco, el plan de salud data de 1995 y su objetivo fue “ofrecer a los supervisores de la división Chuquicamata una alternativa distinta a Fonasa al momento del retiro, con la condición del pago de una cuota de incorporación”.
Sin embargo, con el paso de los años el plan empezó a generar déficit, siendo 2012 el año en el que las pérdidas generadas llegaron a su máximo, con $558 millones. No obstante, fuentes señalaron que el déficit sumaría unos $2.500 millones desde la creación del plan a la fecha.
“Luego de eso (2012), la isapre intentó establecer una cláusula de subsistencia acorde lo permitía la legislación de salud de modo de terminar con el plan si la siniestralidad superaba un determinado nivel. No obstante, un total de 441 titulares interpusieron recursos de protección”, comentó la estatal.
En ese sentido, precisó que el proceso judicial culminó en 2013 con un acuerdo que implicó ajustes al plan, el cierre para nuevos afiliados, lo que logró la contención de la escalada de pérdidas, “las que han disminuido progresivamente hasta ahora y se proyecta llegarán a $108 millones en 2019”.
Asimismo, indicó que el plan se revisará anualmente y se reajustarán las tarifas acorde a la siniestralidad. “Con esto, progresivamente seguirán disminuyendo los déficits de este plan”, se aseveró.
También confidenció que la empresa tiene obligaciones que emanan de los compromisos contractuales suscritos a lo largo de su historia, respondiendo con beneficios de salud a 8.710 personas. Con todo, se indicó que en los últimos años se ha realizado esfuerzos por optimizar los mecanismos, de modo que sean sostenibles y no afecten el negocio en el largo plazo. Entre ellos, el diseño de beneficios de salud con lógica de mercado para las nuevas contrataciones, el ajuste a la cobertura de salud en los planes de egreso, la optimización del modelo de seguros complementarios de salud y el rediseño del modelo de negocio de las clínicas y hospitales de propiedad de la corporación, entre otras.
“No obstante los esfuerzos (…) llevar a estándares de mercado los beneficios de salud que entrega, el proceso no depende exclusivamente de la voluntad de la administración. Basta considerar los recursos de protección de 2012 ya mencionados, a los que se suma recientemente un fallo de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección de un grupo de ex supervisores y exejecutivos, reconociendo su derecho a mantener el seguro complementario de salud una vez egresados de Codelco. La Corte estimó como arbitraria e injustificada la decisión de la Corporación de terminar en diciembre pasado con el seguro para aquellos trabajadores que salieron de la empresa”, comentó la minera, añadiendo que “continuará avanzando en su afán de normalizar y compatibilizar los beneficios que entrega con la realidad del negocio”.
Todavía lejos están las posiciones en Escondida, minera que vive una negociación colectiva actualmente en etapa de buenos oficios, aunque la mediación solo estará vigente hasta hoy. En caso que ambas partes quieran seguir conversando, esta instancia podrá durar cinco días más.
Fuentes cercanas a la negociación comentaron que las partes están conversando arduamente, pero que en algunos temas clave se está lejos de un acuerdo.
GD
