El número se ampliaría tras la declaración que hizo el viernes Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción. Hay ocho empresarios arrepentidos.
Perdieron su perfil bajo. Los grandes empresarios de la obra pública, quedaron expuestos. Sus fotos saliendo esposados de sus grandes propiedades, entregándose ante la Justicia, o bajo el resguardo de un operativo del Servicio Penitenciario Federal, les quitó el anonimato. Muchos quedaron detenidos, otros se convirtieron en “arrepentidos” y esto hizo que sus nombres resuenen aún más. Las compañías que conducen no niegan el impacto y la Justicia avanza sobre una veintena de firmas. El número se ampliará tras la declaración del viernes que hizo Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción.
La lista de compañías es amplio: entre las más reconocidas se encuentran Grupo Eling SA, Electroingeniería, Albanesi SA, Iecsa SA, Isolux Corsán, Esuco SA, BTU SA, el Entidad Binacional Yaciretá, Techint SA, Supercemento SA, UCSA, Grupo Roggio SA, Helport SA, Hidrovía SA, IATE SA, ODES SA, Pescarmona, entre otras que se consignan en diversos oficios judiciales. El número se incrementará. Wagner incluyó en su indagatorias otras firmas, que derivarán en nuevas medidas de prueba, ampliando la nómina de empresarios involucrados.
De todas estas compañías, la Justicia secuestró en los respectivos allanamientos agendas, celulares, PC, registros de ingresos. Todo se sumó a las referencias que Oscar Centeno realizó sobre muchos de ellos en los cuadernos que dieron origen a esta causa.
El “Club de la obra pública” es investigado por haber pagado sobornos por unos 200 millones de dólares, según la fiscalía. Por primera vez, sus principales exponentes desfilaron en por los n. Están acusados de ser una pieza fundamental en el entramado que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas. “Sin alguien que pague, no habría que recaude”, indicó una fuente judicial a Clarín.
Los empresarios están acusados de haber realizado un “sin número de entrega de fondos ilegales” que en principio, superan los 35 millones de dólares. A estas alturas de la investigación judicial, la discusión no se concentra en la cifra, “sino en que todos ellos reconocieron ser parte de una maniobra que prevaleció en el tiempo”, expresó una alta fuente judicial.
Así, en la Justicia se corren del planteo de los "aportes de campaña", "hubo pagos en años pares que nada tenían que ver con las elecciones" y ahora estos pagos se cruzarán con la adjudicación de licitaciones a cada empresa, para establecer alguna posible relación.
Una pieza fundamenta la aportó Wagner, quien explicó el “sistema” que instauró Julio De Vido en la cámara de la construcción principalmente, para obras de ingeniería civil. Dijo que todo funcionaba sin dificultad y nombró otras firmas que eran partícipes de un mecanismo que, no sólo elegía previamente cómo se distribuían las licitaciones, sino que pagaban "retornos al Estado del 10 al 20% según contrato”.
Con el fin de morigerar la pena que podría recaer sobre ellos, como partícipes de una asociación ilícita, ocho empresarios se convirtieron en "arrepentidos" en la causa. "Esto no los exime de responsabilidad", aseguraron en Tribunales a Clarín y las repercusiones de verlos esposados y detenidos, comienzan a sentirse al interior de cada compañía.
Todos los empresarios que declararon, admitieron que realizaron pagos al Gobierno anterior. Sólo Wagner habló de "coimas". Hubo desembolsos millonarios para la Justicia y esto derivó en una investigación por presunta evasión fiscal y lavado de dinero que se encomendó a la AFIP. Se quiere determinar “el origen de los fondos que eran entregados” y "cómo se volcaba en la contabilidad de cada compañía".
El Estado también investiga a las empresas. La Oficina Anticorrupción requirió a Nación Fideicomiso SA, a los ministerios de Energía, del Interior y de Transporte que informen el detalle de cuántos contratos recibieron, qué fideicomisos se constituyeron, y de cuánto dinero recibió cada firma.
Son Vial Agro y José Cartellone, que fueron adjudicatarias de corredores viales. En el Gobierno dicen que si cumplen con las obras contratadas, no serán apartadas.
El ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, nombró entre muchas empresas de ese sector involucradas en el reparto de obra pública durante los gobiernos K (y la correspondiente coima a los funcionarios del área), a las constructoras José Cartellone y Vial Agro.
Importa la mención de estas dos firmas porque fueron adjudicatarias, días atrás, de la construcción de autopistas y rutas seguras bajo la modalidad Participación Pública Privada (PPP).
Desde el estallido del escándalo, en el Gobierno habían asegurado que no tenían conocimiento de que algún adjudicatario PPP estuviera envuelto en el escándalo. Enterados de que las firmas aparecen en la confesión de Wagner (según publica el diario La Nación), funcionarios del Gobierno involucrados en el sistema PPP le aseguraron a Clarín que "por ahora no hay motivos legales para retirarles las adjudicaciones".
Explicaron que, más allá de que esperarán y respetarán, desde ya, los pasos procesales y lo que determine la Justicia, lo que mirarán en el área PPP es que se vayan cumpliendo en tiempo y forma la ejecución de las obras adjudicadas.
"El contrato PPP no permite que hechos judiciales por sentencias posteriores a las adjudicaciones alteren el resultado de la licitación" explicó el funcionario. Aseguró que, en cierta forma, esa cláusula les da más seguridad a las empresas contratadas.
De todas maneras, las empresas adjudicatarias involucradas en la denuncia de Wagner podrían enfrentar un escenario adverso. Más allá de lo judicial, las constructoras tienen que asegurarse, en un plazo no mayor de un año, el financiamiento total de las obras que se comprometieron a realizar. En el mundo financiero no se descarta que si las empresas se complican en lo judicial tal vez sufran por conseguir esos fondos, ante los reparos que podrían plantear los bancos con los que negocian los fondos.
"Si una empresa no logra cerrar el financiamiento se le ejecutan las garantías que tenemos en nuestro poder, equivalentes al 10% del monto de la obra, y eventualmente tendremos que re licitar la obra en cuestión", aceptan en el Gobierno.
En una reunión que el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el secretario del área PPP, José Luis Morea convocaron la semana pasada, aseguraron a un grupo de bancos que los pagos comprometidos no se van a interrumpir por ningún motivo.
Vial Agro tiene partida de nacimiento en la ciudad de Tres Arroyos y participa de un consorcio que se adjudicó el llamado Corredor A, junto a las firmas Paolini Hnos y la empresa italiana INC SpA. Presentaron una oferta de 1.002 millones de dólares y se encargarán de las obras de la ruta nacional 3, en el tramo Las Flores-Azul-Tres Arroyos-Coronel Dorrego (407,18 kilómetros) y la ruta nacional 226 en el tramo Olavarría – Azul – Tandil – Balcarce y Mar del Plata (300 kilómetros).
En su web oficial se puede leer el código de ética donde se advierte que "se prohíbe el soborno en todas sus formas, como así cualquier comportamiento que pueda causar o aparentar causar influencias inapropiadas". También asegura que "la empresa no admitirá en sus operaciones la existencia de circuitos de pagos informales o que presente irregularidades en materia fiscal, cambiaria y en general, que resulten apartados de leyes y códigos de fondo vigentes. Los integrantes de Vial Agro S.A. permanecerán alerta frente a aquellos casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad de las personas o entidades con las que la Empresa mantiene relaciones".
José Cartellone Construcciones Civiles, presentó una oferta de 801 millones de dólares y se quedó con el llamado Corredor C. Este corredor de tres segmentos por un total de 778,39 kilómetros, va desde el empalme de la ruta nacional 7 con el Acceso Oeste en Luján, hasta el límite entre las provincias de Córdoba y Mendoza (590,74 kilómetros). Se saltea la provincia de San Luis y retoma la concesión en el límite entre San Luis y Mendoza hasta la ciudad de Palmira (146,82 kilómetros) y desde Luján de Cuyo (empalme ruta nacional 40) hasta la localidad de Potrerillos, empalme ruta provincial 89 (40,83 kilómetros.
La empresa fue fundada en Mendoza y cumple 100 años en 2018 y en su web tiene un apartado donde describe los valores que rigen su actividad:
"Desde siempre, la compañía ha acuñado valores presentes en cada uno de los actos de quienes la integran.Estos valores están inspirados en los principios éticos, el tesón y la capacidad de lucha propios de la cultura de la empresa desde sus etapas fundacionales, que hoy se complementan con un estilo de gestión profesional. Ética Honestidad Austeridad Seriedad Integridad Cumplimiento de los compromisos Identificación con la tarea y con la empresa Compromiso con la generación de resultados Profesionalismo Calidad en la gestión
Por el solo hecho de haber sido mencionadas por Wagner en su confesión ante la Justicia, Vial Agro y Cartellone seguramente serán citados para dar su versión de los hechos en esta mega investigación, que recién empieza y por ahora es incierto saber hasta dónde puede llegar.
