Por Humberto Campodónico
El mensaje del presidente Vizcarra omitió mencionar al Gasoducto Sur Peruano (GSP), paralizado desde enero del 2017. Antes Vizcarra había dicho que se relanzaría en este II semestre. En abril, cuando Evo Morales planteó la salida del gas por Ilo, Vizcarra añadió que eso reforzaría la viabilidad del GSP.
¿Por qué ahora el silencio? ¿Por qué no se dice que uno de los socios del consorcio GSP ya inició un proceso en el CIADI del Banco Mundial (Caso ARB/18/26, 24/07/18)? ¿Qué va a pasar con la energía barata para el sur: gas domiciliario, industrias, GNV? ¿Y la diversificación productiva con la industria petroquímica? ¿Quiénes ganan con la muerte anunciada del GSP?
Vamos por partes. Ante la caducidad de la concesión en enero del 2017 –porque el consorcio GSP (Odebrecht, Enagas y GyM) no pudo financiar el proyecto–, todos los bienes debían pasar al Estado para su tasación y las reformulaciones necesarias para una nueva licitación.
Pero el gobierno ha decidido no negociar con el consorcio. Los motivos exactos no se conocen, pero la prensa informa que, como no hubo cierre financiero, el gobierno dice que el contrato no se materializó y no hay nada que resarcirle al consorcio. O sea: hay interpretaciones discrepantes de las cláusulas 6 y 20 del contrato. Se estima que las inversiones del GSP ascendieron a US$ 1,500 millones.
Por eso Enagas ha ido al CIADI. Lo mismo habría hecho Odebrecht Latinvest en Luxemburgo. Los arbitrajes durarían entre dos y cuatro años, periodo durante el cual, dicen, “nada se puede hacer con el GSP”.
Ese secretismo debe terminar. Hay otro tema clave donde no hay claridad: ¿es que el gobierno afirma que hubo corrupción en el GSP? Si lo piensa, debe decirlo. Hasta donde se conoce, Odebrecht no incluye al GSP en los proyectos con coima. Y no sabemos los resultados de las investigaciones del Ministerio Público. Sí sabemos que hay una campaña mediática fuerte para enterrar al GSP.
Dicho esto, el gobierno podría “encapsular” los diferendos contractuales y que prosigan las investigaciones de corrupción para determinar si hubo o no coima en el GSP, sancionando con todo el peso de la ley a quienes resultaren responsables. Al mismo tiempo, se elaboran las bases de una nueva licitación. Eso se decía hasta hace poco. Pero ya no se dice nada.
El mensaje menciona la masificación del gas en 7 regiones de la sierra centro sur. Pero en realidad que se trata de un pequeño proyecto –que tiene más de 10 años de lanzado– para llevar gas domiciliario y GNV. La oferta no superaría los 10 a 15 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), cantidad ínfima comparada con los 650 mmpcd que consume Lima. O, peor aún, con los 620 mmpcd de Peru LNG, que Shell exporta.
Usar la palabra “masificación” es un engaño. Se trata de iniciativas dispersas, y pequeñas, hechas por Proinversión. Igual sucede con la “masificación” de 7 ciudades del norte (Quavii, de la colombiana Promigas) y cuatro del sur (Gas Natural Fenosa de España), que se alimentan de un “caño” en Pampa Melchorita de solo 20 mmpcd.
No criticamos a las empresas –que acuden a las licitaciones de Proinversión– sino a que no existe un Plan de Masificación, como en Argentina, Bolivia y Colombia, parte de una política de Estado, dentro de un Plan Energético de Mediano Plazo, acompañada por el sector privado. En Colombia, las redes nacionales de transporte fueron construidas por Ecopetrol (algunas se privatizaron más adelante), mientras que la distribución de gas tuvo participación privada desde el inicio.
La factura a pagar por combustible caro en el consumo domiciliario es enorme. La excepción es Lima, que, sin embargo, en %, tiene menor cantidad de domicilios atendidos que La Paz, El Alto y Cochabamba (comenzaron después que nosotros). Si se suman las industrias, servicios, autos y ómnibus, la pérdida es mayor.
Y aumentan con la exportación a México del Lote 56 a precio vil durante años, lo que continúa. Por aún: el gas del Lote 58, de la estatal china CNPC, que debía alimentar el GSP, está siendo negociado con Pluspetrol para salir, ¿por dónde?, por la costa limeña, agravando el centralismo en la oferta eléctrica. Pero, sobre todo, minando las posibilidades de los pueblos del Sur. Los que están contentos son los generadores hídricos y de gas natural porque las plantas de Mollendo e Ilo (de 500 MW cada una) quemarán diésel caro (no les llegará el gas) lo que subirá las tarifas eléctricas.
Si el gobierno no cambia este orden de cosas –la “encapsulación” se puede hacer– su crédito político disminuirá en enormes cuotas mensuales porque las reformas políticas y la lucha contra la corrupción tiene que estar acompañada de la soberanía sobre el destino de nuestros recursos naturales, en beneficio de la ciudadanía. Ni más ni menos.
