Cuauhtémoc Cárdenas *
Revertir la reforma energética representará abrir la posibilidad de recuperar la plena independencia y el cabal ejercicio de la soberanía nacional
He declarado que el próximo 1º de julio mi voto será a favor del candidato a Presidente de la República que manifieste que buscará revertir las reformas de los artículos 27, 25 y 28 constitucionales en materia de energía, aprobadas en diciembre del 2013.
No se trata de una ocurrencia, ni de eludir pronunciarme públicamente, de manera anticipada, por un candidato presidencial de los que participan en la contienda electoral en curso.
Revertir esas reformas constitucionales representará —confío en que más temprano que tarde— abrir la posibilidad de recuperar la plena independencia y el cabal ejercicio de la soberanía nacional para sumarlas a los principios rectores de nuestra Carta Constitucional y, consecuentemente, del orden jurídico vigente. Significará volver a un proyecto de desarrollo autónomo; un modelo construido con el espíritu de las luchas históricas por la igualdad y las libertades, del respeto y la equidad en las relaciones internacionales; del respeto, la exigibilidad ante el Estado y la expansión de los derechos de la gente; conducido por la voluntad democrática de los mexicanos.
Con esas reformas, el Estado mexicano recuperará sus facultades para que el petróleo y el servicio público de electricidad vuelvan a incluirse dentro de los sectores estratégicos de la economía, gestionados en exclusiva por el Estado, de acuerdo al interés general.
Políticamente, en primer lugar, porque representará la voluntad de recuperar un proyecto de desarrollo independiente, centrado en elevar los niveles de vida de la población en su conjunto, aprovechando para ellos los recursos humanos, naturales, estructuras productivas y de servicios, condiciones geográficas, relaciones y oportunidades internacionales con esa finalidad primordial. Representará, asimismo, desenvolverse de acuerdo a un proyecto construido en función de nuestros valores e identidades nacionales y regionales, de nuestras aspiraciones e idiosincrasia. Será la práctica de una política internacional que busque la equidad y la colaboración fraterna. No sería más, un modelo impuesto desde fuera, por intereses ajenos, de dependencia económica y política y de exclusión social, como el que ha regido en el país en nuestros tiempos de neoliberalismo, de 1982 a la fecha.
La reversión de esas reformas constitucionales representará también, que existe voluntad de efectivamente conducir y regular la economía. No como la crítica conservadora pretendiera señalar, para que el Estado se adueñe y haga todo, sino para que el Estado tome efectivamente la iniciativa de impulsar un proyecto de crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo, enmarcado en una planeación democrática, igualmente de largo plazo; de disminución drástica de la desigualdad social y de oportunidades de mejoramiento iguales para todos; de regular los diferentes factores para dar equidad a la competencia comercial y económica en general; de eliminación de las asimetrías regionales.
Se debe pensar, de nuevo, en una economía mixta, con participaciones privadas, sociales, públicas y mixtas, que debieran principalmente orientarse, independientemente de las decisiones privadas que no debieran tener otra limitación que la ley, a acciones afirmativas planteadas por el Estado para superar carencias sociales y rezagos regionales y sectoriales.
La educación, la educación superior en particular, la investigación científica y el desarrollo tecnológico jugarán un papel fundamental en una nueva economía.
La industria petrolera jugó un papel fundamental en el crecimiento económico y en la industrialización de México desde 1938, año en que expropiaron los bienes de las compañías petroleras a favor de la Nación, hasta 1982, cuando los gobiernos inician el desmantelamiento propositivo y consciente de la industria petrolera estatal, así como su entrega a intereses privados, principalmente extranjeros, que continúan hasta la fecha. Hoy ningún sector puede considerarse conductor del crecimiento de la economía y menos de la elevación de los niveles de vida, y lo que se ha estado viviendo es la entrega a productores del exterior de los mercados mexicanos.
Ahora bien, en un país productor de petróleo como México, no puede negarse la importancia de la industria petrolera en el desenvolvimiento de su economía; ni desconocerse que según se oriente el desarrollo de esta industria, se condiciona el de la economía en su conjunto.
El cambio, con una nueva base constitucional, deberá comenzar al poner en marcha una política petrolera y energética en el sentido más amplio, distinta a las del largo periodo de neoliberalismo.
Los criterios para el manejo de las reservas deben ser los de prolongar su vida el mayor tiempo posible, garantizando al mismo tiempo las demandas del consumo nacional, reduciendo gradualmente la exportación de crudo y transformando industrialmente la materia prima en refinados y petroquímicos dentro del país. Por otro lado, mediante el incremento de la inversión en exploración, debe garantizarse, en función de los volúmenes de extracción, una vida de las reservas probadas de por lo menos 25 años; hoy la reserva no dará para más de 6 años si no se aumenta con una fuerte inversión en exploración, tanto para la recuperación de campos maduros, como para cuantificar con certeza los volúmenes aprovechables en depósitos por explotarse. En materia de producción, la meta debe ser asegurar el abasto de la demanda nacional con materia prima propia, según los requerimientos vayan incrementándose con el transcurso del tiempo y se eleven los consumos nacionales, sin recurrir a importaciones, al tiempo que se impulsa el desarrollo y la utilización de energías no convencionales.
Decisión importante en una renovada política petrolera, debe ser la prohibición de la fractura hidráulica —el fracking— como procedimiento de explotación, por la contaminación que causa en mantos acuíferos y en suelos, además de los altos consumos de agua que demanda, en muchos casos en zonas de agua escasa, que después de pasar por el fracking contamina y no puede tener otros usos.
Otro tema prioritario es el estímulo a la extracción de gas natural. El país no puede seguir aumentando su dependencia externa de este insumo, en particular de los Estados Unidos. México tiene recursos y Pemex debe orientar mayores esfuerzos en este campo. Es un error, en este momento, continuar concentrando la generación de electricidad en un combustible escaso, como el gas natural.
Pemex debe recuperar su condición de organismo público descentralizado. Es necesario revisar su estructura de dirección y operativa, así como garantizar un régimen fiscal que permita la mayor expansión nacional e internacional del organismo, que recupere su condición de impulsor principal del crecimiento económico y la industrialización. Garantizarse, asimismo, transparencia en todas sus actividades y erradicar todo viso de corrupción en su gestión.
Un modelo de desarrollo autónomo, del que forme parte fundamental una distribución equitativa del ingreso y la elevación substancial de los niveles de vida, en el caso de México, debe sustentarse en el aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales, entre los que destacan los hidrocarburos. Hoy estos se manejan en función de intereses muy distantes de estos objetivos y así lo permite la ley, después de las reformas neoliberales. Resulta entonces indispensable, como se ha señalado, que el Estado mexicano recupere facultades constitucionales para conducir el crecimiento de la economía de acuerdo a un interés general.
Estas son mis razones para llamar a un compromiso público a quienes contienden en el proceso electoral en curso, de buscar revertir las reformas de diciembre de 2013 a los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución.
* Fundador del Partido de la Revolución Democrática
