El ex dueño de la firma IECSA Angelo Calcaterra y el ex CEO de la misma empresa Javier Sánchez Caballero declararon hoy como "imputados colaboradores" ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de coimas para la realización de obras públicas.
Sánchez Caballero recuperó la libertad a partir de la excarcelación que le otorgó este lunes el juez Bonadio.
En tanto, el único prófugo es Oscar Thomas, que mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir la exención de prisión.
Ubeira llegó hoy a los tribunales de Comodoro Py y presentó un pedido de exención de prisión para el único prófugo en la causa por pago de coimas en la obra pública.
Thomas fue director del Ente Binacional Yacyretá y fue uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Calcaterra se presentó esta mañana en el juzgado de Claudio Bonadio e indicó que los pagos en cuestión fueron realizados a raíz de que fue "apretado" por funcionarios del kirchnerismo para que aportara dinero para las campañas electorales 2013/2015, detalló NA.
"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio, a la par que habló de extorsión por parte de funcionarios para hacer los aportes a la campaña electoral.
En tanto, Juan Araoz de Lamadrid aseguró que su defendido Juan Carlos Goycochea ya aportó lo que puede aportar, básicamente que lo pagos correspondían a pretensiones que llegaban del ex funcionario Roberto Baratta para aportes de campaña.
"Si no correspondían a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían para las obras. Las sumas nunca superaron los 300 mil dólares", indicó.
"No hay exactitud respecto a la cantidad de pagos. El cuaderno tiene errores de días y de montos, aunque el lugar si es el que describe", agregó.
Araoz de Lamadrid explicó que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitir a la empresa la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.
"No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios", expresó.
También Goycoechea fue homologado su acuerdo como imputado colaborador y ya son tres los empresarios que gozan de esa figura, y están en libertad ya por decisión del juez.
En tanto, Centeno según informaron fuentes judiciales a NA va a volver a declarar en los próximos días para deslindar alguna duda de los investigadores, a los que ya se sumó el fiscal federal Carlos Rívolo por decisión de la Procuración General de la Nación.
Por su parentesco con el Presidente y su relación de negocios con los Kirchner, es impredecible el futuro de la causa. ¿Lo seguirán más empresarios?
Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente de la República Mauricio Macri, se presentó este lunes en Tribunales para confesar que integró el entramado de sobornos presuntamente pagados al Gobierno mientras él era accionista de la constructora IECSA.
Según fuentes del “caso de los cuadernos”, Calcaterra aseguró al fiscal del expediente, Carlos Stornelli, que brindará información real y verificable sobre la mecánica de las coimas o “aportes” por fuera del circuito legal en la que aceptaría haber participado él mismo. Pidió declarar amparado bajo la figura jurídica de “imputado colaborador”. Pasadas las 10 de la mañana, el fiscal lo aceptó y estamparon firmas. Las situaciones procesales de Roberto Baratta, de Julio De Vido y también tal vez de la propia senadora Cristina Fernández de Kirchner, imputada en el expediente como jefa de asociación ilícita, serán más complicadas a partir de esta novedad.
El “arrepentimiento” de Calcaterra imprime un giro inesperado al expediente judicial, el mundo empresario y la política argentina: sus consecuencias son imposibles de predecir, reseñó Clarìn.
¿Afectará al Presidente que uno de sus familiares más sanguíneos y directos, que manejó una de las empresas de construcción propiedad de su familia, se presente a la Justicia invocando la figura de arrepentido y admita que hizo pagos ilegales durante la era K?
Macri no es Calcaterra. Ni viceversa.
Mauricio y Angelo son primos hermanos.
Se criaron juntos.
“Ámgelo”, como lo llama a su pariente el Presidente de la República, es hijo de María Pía, hermana de Franco, y de Antonio Macri: los tíos de Mauricio. Calcaterra hizo carrera en el holding familiar. Fue directivo de la empresa “madre”de los Macri, SIDECO.
Y en 2007, Calcaterra le compró a su tío Franco varias empresas, entre ellas la constructora IECSA.
Ganó muchos millones de pesos en contratos de obra pública durante la gestión de los Kirchner, a los que ahora denunciaría. Y a la vez se autoincriminaría, por haberle pagado "aportes" al matrimonio que gobernó la Argentina desde el 2003 al 2015.
Pero IECSA también se vio beneficiada con obras posteriores, durante la administración Macri.
Entre ellas, una inyección multimillonaria en pesos para que la Constructora terminara una obra monumental, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Agotado por las presiones públicas y, sobre todo, por las denuncias judiciales que lo tenían como blanco y protagonista, en marzo de 2017 Calcaterra vendió IECSA al grupo empresario liderado por Marcelo Mindlin.
Entre las denuncias que complicaban a Calcaterra se encuentran las del caso Odebrecht, la constructora brasileña con la que se había asociado.
En el caso de los “bolsos de Baratta”, Calcaterra aparece mencionado en varios párrafos de los cuadernos del remisero Oscar Centeno como nexo con Baratta y su entorno.
Sin embargo, Calcaterra no había sido detenido, ni llamado a declaración indagatoria por el juez de la causa Claudio Bonadio. Tampoco lo había pedido el fiscal Stornelli.
Los cuadernos de las coimas: aquel listado de Julio De Vido que fue una premonición del escándalo
Quien sí está ya preso por este expediente es un ex directivo de IECSA, Javier Sánchez Caballero.
Calcaterra causó sorpresa en Tribunales al acercarse a la Fiscalía de Stornelli para negociar cuáles serían las condiciones de una declaración como “imputado colaborador”.
De este modo, el empresario se garantizaría eventuales atenuantes de importancia en el caso de una potencial condena a la cárcel por pena privativa de la libertad. Siempre y cuando se demuestre que los indicios, declaraciones o pruebas que aporte a la investigación judicial sean sólidos, rotundos, y contribuyan a imputar a autores de delitos de mayor rango que el del propio colaborador.
Si miente, o sus “aportes” a los tribunales resultan insustanciales, terminará preso cumpliendo completa su condena.
Aún se desconoce si y cómo le avisó Calcaterra a su primo, el Presidente, que confesaría como arrepentido en el caso de los sobornos K.
De cualquier manera, y por el motivo que fuere, que el primo hermano del Presidente de la República se ponga a disposición de una Fiscalía como imputado colaborador para declarar e informar sobre sobornos al Gobierno pagados con dinero ilegal de una empresa propia es un hecho único.
El fiscal Stornelli, a quien por sus funciones toca acordar los términos para los imputados que acepten declarar como “arrepentidos”, es muy veloz. Ya son varios los imputados colaboradores en este Caso de Cuadernos K. Con algunos hubo acuerdo y otros pidieron serlo. Ahora, se sumaría nada más ni nada menos que el primo del actual Presidente. Siempre que el magistrado Bonadio firme la homologación de esas declaraciones-confesiones, que ya concederán a estos imputados colaboradores ciertos beneficios procesales.
Como suele repetir en entrevistas el juez Bonadio: una causa judicial casi siempre puede compararse, por su dinámica imprevisible, a una avalancha irrefrenable.
En 2017, se reveló que la empresa era investigada por la cartelización de obras en Brasil. La causa en Italia y el rol de "Héctor".
El gigante Techint se sumó a la lista de empresas salpicadas por el escándalo de los cuadernos que revelarían una supuesta trama de coimas durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Una de las numerosas anotaciones del ahora "arrepentido" Oscar Centeno, chofer del exsecretario de Coordinación Roberto Baratta, señala que la metalúrgica habría participado del circuito de retornos.
Las anotaciones datan del 2008 y dan cuenta de los presuntos viajes que realizaron Baratta y Centeno. Esos trayectos comenzaban en la sede de la firma metalúrgica, ubicada en Della Paolera 299, en el barrio porteño de Puerto Madero, y se dirigían, en su mayoría, al departamento del matrimonio presidencial, en Uruguay 1306, en Recoleta, según consignó el sitio Infobae.
De acuerdo a los registros de Centeno, Baratta se encontraba en la sede de Techint con un hombre llamado "Héctor", quien entregaba "un bolso" o "un paquete", dependiendo la ocasión. En un comienzo, el ahora "arrepentido" no precisaba respecto del contenido de esos envíos, aunque con el correr del tiempo precisó en sus cuadernos que se trataba de "dividendos", de los "dividendos del mes", de "paquetes con dinero".
El encargado de recibir los bolsos o paquetes era el entonces secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien falleció en mayo de 2016. "Fuimos a dejar los bolsos a Uruguay 1306 a Daniel Muñoz", escribió Centeno el 29 de mayo de 2008, de acuerdo a lo publicado por el mecionado portal.
El miércoles un operativo de la Policía Federal allanó el piso 27 del edificio en el que se encuentra la sede de Techint, propiedad del magnate Paolo Rocca y el mayor productor de acero de la Argentina: la familia del empresario italoargentino posee un patrimonio de 9.700 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de la revista Forbes.
En ese allanamiento, ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, se secuestró gran cantidad de cajas con documentación, que se prevé sirva para aportar información a la causa que investiga una presunta asociación ilícita basada en el pago de coimas a funcionarios y sobreprecios en la obra pública, revelada por La Nación.
La causa que investiga el juez Claudio Bonadio se suma a otras investigaciones de PERFIL, que originaron actuaciones judiciales en Italia y Brasil, además de Argentina.
Desde 2016, la Justicia italiana investiga a Paolo Rocca y a su hermano Gian Felice Rocca (quien vive en Italia) por supuestos pagos de sobornos del grupo ítalo-argentino a funcionarios brasileños de Petrobras. Otros dos miembros de la familia están nombrados en el expediente italiano: Lodovico Andrea Palu Rocca, sobrino de Paolo y miembro de la cúpula del grupo, que además ocupó un importante cargo en la filial brasileña; y Roberto Bonatti, primo del CEO de Techint y uno de sus ejecutivos clave. Hay un quinto hombre de la compañía: Héctor Alberto Zabaleta, director de Administración de Techint en Argentina.
Otro de los argentinos involucrados es Lorenzo Fenocchietto. Lo citaron como testigo y admitió haber manejado fondos de Techint a través de su firma offshore. Fenocchietto dijo que el banco suizo BSI lo contactó para que supuestamente prestara su sociedad Isla Mayor para canalizar fondos de Techint por presunta “falta de liquidez”. Luego, fue contactado por Héctor Zabaleta, director de Administración de Techint en Argentina, y comenzó a operar para ellos. Ante la consulta de PERFIL, la empresa no hizo comentarios sobre su relación con el testigo Fenocchietto.
Las sospechas por supuestos sobornos se replican en Brasil y Argentina. Los datos revelaban supuestos pagos a un funcionario de Lula y a un ejecutivo de Petrobras. Además, puso bajo la lupa una trama de sociedades offshore que Techint utilizaría para canalizar pagos indebidos alrededor del mundo, a través de cuentas en Suiza.
Las investigaciones en Italia y Brasil se complementan, pero la pata argentina -bajo la lupa del juez Sebastián Ramos- sería fundamental. Es en Buenos Aires donde se encuentra el centro operativo del grupo Techint, donde residen sus dueños y funcionan sus oficinas centrales, con poder de decisión a nivel internacional, según fuentes de la causa.
Los fiscales en Brasil e Italia se preguntaban por qué la empresa canalizaba fondos a través de sociedades offshore y cuentas en Suiza a nombre de terceros; y por qué ocultaba supuestamente a los beneficiarios finales del dinero. Es lo que la Procelac pidió que se investigue.
En Brasil, los pagos ilegales habrían ocurrido entre 2009 y 2013, según un documento público firmado por el juez Sérgio Moro en mayo de 2016. El brasileño Joao Antonio Bernardi Filho es un empresario condenado en Brasil por haber lavado dinero de coimas que recibía el entonces director de Servicios de Petrobras, Renato de Souza Duque.
Es un arrepentido clave en el caso contra Techint. Declaró que un representante comercial de Confab, Benjamín Sodré Netto, le encargó ser el intermediario entre la empresa de Techint y el funcionario de la petrolera estatal. Agregó que a través de una cuenta en Suiza, recibía el dinero destinado a las coimas y las derivaba al funcionario. “Las coimas eran pagadas por intermedio de cuentas a nombre de diversas offshore”, dijo.
Según voceros de Techint, el ejecutivo “fue empleado de Confab en diferentes funciones hasta su retiro en 2014. Hoy tiene un contrato de prestación de servicios”. Consultados por PERFIL en aquel momento, voceros de la compañía aseguraron: “Ni Confab ni ningún funcionario de la Sociedad están imputados en Brasil ni en otro país. En paralelo. Tenaris ha iniciado una investigación interna sobre los hechos que se hicieron públicos en mayo de 2016 en Brasil. Tenaris colabora y colaborará con las autoridades competentes en todo momento. A requerimiento de las autoridades brasileñas, Nicolau Bernardo y Benjamín Sodré Netto prestaron declaración y no fueron imputados”.
Techint también apareció en la "Lista Yousseff", un documento de peso en el Lava Jato. La Lista Youssef fue encontrada por la Policía Federal de Brasil el 17 de marzo de 2014. Youssef tenía en su poder una planilla en la que se enumeraban con detalles los pagos de las principales constructoras de Brasil a otra compañía: Sanko Sider. Sanko Sider era hasta entonces una proveedora de tubos de acero para la construcción. En las planillas figuran casi todas las empresas miembros del cartel de la obra pública en Brasil: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Galvao y Techint, entre otras, realizando pagos de los más diversos: desde 7 mil reales hasta 44 millones de reales. Son supuestos pagos de las constructoras a Sanko Sider por la entrega de caños.
En abril de 2018, PERFIL publicó los documentos que tenían las autoridades italianas, que daban cuenta de los pagos. Los datos que se relatan en esta nota corresponden a documentación bancaria y de sociedades offshore y a los testimonios de arrepentidos y testigos, que permitieron a tres fiscales de Milán reconstruir un circuito a través del cual Techint habría movido millones de dólares en negro alrededor del mundo, según la investigación. Argentina no está fuera de ese circuito. Los hombres de Techint involucrados son en su mayoría argentinos y operaron desde Buenos Aires.
Los arrepentidos y testigos declararon que las órdenes procedían de Argentina, donde se encuentra el centro operativo del grupo. Uno de los colaboradores, además, contó cómo supuestamente entregaba efectivo negro en la sede de Techint en Alem 1067. La compañía negó las acusaciones e inició una investigación interna que sostiene que no cometió delitos. El avance de la causa en Argentina generó un cruce entre los fiscales locales y sus pares italianos.
En octubre de 2017, uno de los miembros del equipo de fiscales de Milán, Fabio Di Pasquale, llegó desde Milán a Buenos Aires. El 1º de noviembre, el funcionario italiano pisó los tribunales de Comodoro Py, y pidió personalmente que la Justicia argentina ordene las medidas que el Ministerio Público de Milán había solicitado vía exhorto dos meses antes: requirieron la indagatoria de Héctor Alberto Zabaleta, director de Administración de Techint y hombre de confianza de los Rocca, y que se cite a declarar como testigos, en primera instancia, a otros ejecutivos de Techint que figuran en las sociedades offshore y en la documentación suiza.
El fiscal italiano solicitó además el secuestro de correos electrónicos y registros de llamadas del empresario y los miembros de la cúpula de la compañía, investigados por el supuesto pago de sobornos a funcionarios de Brasil. También buscaba la contabilidad de las offshore, que según los empleados de Techint en Luxemburgo y la Suiza italiana era manejada desde Buenos Aires. El fiscal Eduardo Taiano recibió a su colega italiano. Taiano es el fiscal de la causa que quedó a cargo del juez Rodríguez. La reunión se tornó tensa. El fiscal Pasquale insistió en que se ejecutaran las medidas ese mismo día. Pero se fue con las manos vacías.
El rol de Zabaleta. Héctor Alberto Zabaleta es uno de los hombres de mayor confianza de los Rocca. Estuvo vinculado al Grupo Techint 48 años y figura en los directorios de al menos treinta sociedades en Argentina, casi todas vinculadas a la compañía ítalo-argentina y a sus ejecutivos, incluido Paolo Rocca. Es uno de los exdirectivos del grupo en la mira de los fiscales de Milán. Zabaleta apareció hace once años en la causa Skanska (investigada por el fiscal Carlos Stornelli), el primer caso de corrupción de la era kirchnerista. Fue en 2007, en el marco de la investigación contra la constructora sueca.
El ejecutivo de los Rocca aparece mencionado como el supuesto responsable de ejecutar el pago de coimas a funcionarios de La Pampa para garantizarle a la compañía, entonces socia de Skanska, el contrato del acueducto del Río Colorado. En un audio de 90 minutos, un auditor interno de Skanska dejó probado cómo la constructora administraba el pago de coimas en la Argentina. La conversación fue una de las pruebas que permitió al juez Sebastián Casanello procesar a fines de 2017 a Julio De Vido y a otros funcionarios públicos que habían sido salvados por otros jueces.
En la transcripción de la conversación, realizada por la policía, el ejecutivo de Skanska se refiere al director de Administración (o financiero) de Techint como “un tal Zabaleta”. Pero tras las indagatorias, para el juzgado no quedaron dudas de que se trataba del mismo hombre que investigan los italianos en Milán.
Centeno reconoció al juez Bonadio que quemó los cuadernos en la parrilla de su casa pero reconoció que las anotaciones (copias) provistas a la Justicia son suyas. Entre ellas, aparece un tal "Héctor" en las referencias que señalan a Techint. En Comodoro Py todavía no confirman si se trata de Zabaleta o un seudónimo que coincide con el nombre de pila del ejecutivo.
FP
