Tras un megaoperativo ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, se ordenaron más de 15 detenciones entre los que se encontraba Roberto Baratta, ex número dos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. También contra empresarios, como el caso de Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de la firma IECSA, de la fos Macri, socia estratégica de Odebrecht en Argentina.
Mientras dirigentes que adhieren a la ex presidenta Cristina Kirchner y quienes adhieren a Mauricio Macri se pelean de manera infantil en Twitter, blindados en las redes sociales con sus trolls, para ver quién es más corrupto y cuál nombre se destaca más en un título o en otro, ambos bandos vuelven a quedar marcados a través de empresarios claves en la prometedora patria contratista.
Está todo anotado. Nombres, montos, domicilios, la Quinta de Olivos y el departamento de los Kirchner en el exclusivo barrio porteño de Recoleta. Desde Néstor Kirchner, pasando por quien era su mano derecha Julio De Vido, hasta Javier Sánchez Caballero, de la firma IECSA, que era de los Macri pero que ni bien estalló el escándalo de su socia estratégica en Argentina, Odebrecht, fue vendida a otro socio estratégico, pero de la familia presidencial, Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, compañía que está adquiriendo jugosos contratos por energías renovables y casi se queda con Petrobras Argentina, entre otros, informó Urgente 24.
IECSA fue allanada en 2017 por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga el soterramiento del tren Sarmiento, una obra cuyo presupuesto fue ampliado en 45 mil millones de pesos por el gobierno de Cambiemos ni bien asumió, pero su contrato refleja las serias irregularidades durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando se generó.
Para el fiscal federal Franco Picardi no quedan dudas: se pagaron sobornos por el contrato del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y por eso pidió embargar por $ 300 millones a ex funcionarios y empresarios que participaron de las obras. Entre ellas, Iecsa, que era de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, a quien el fiscal pidió embargar por $ 54 millones. Además, el fiscal solicitó que las obras no se detengan, pero pidió colocar un veedor judicial que asegure que los fondos se apliquen a terminar los trabajos. Entre los ex funcionarios implicados est án Ricardo Jaime y José López, ambos presos, y el intermediario Jorge "Corcho" Rodríguez.
El eje de la causa es un cuaderno Gloria en el que aparecen anotaciones del chofer de Baratta, a quien se lo mandaba a hacer recorridos oscuros con bolsos para cobrar y pagar coimas, según informó La Nación.
La expresidenta Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria para el 13 de agosto junto con otros exfuncionarios como José María Olasagasti (secretario privado de De Vido), Oscar Parrilli y Juan Manuel Abal Medina, además de empresarios, como Rudy Ulloa Igor y Juan Lascurain.
JULIO VILLALONGA*
La oleada de allanamientos y detenciones en el marco de una causa por coimas en la obra pública que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio resume en sí misma las claves de ese negocio. La demorada marcha de la investigación contrasta con la desarrollada en Brasil, el llamado Lava Jato, que se cargó a buena parte de las clases política y empresaria del poderoso socio del Mercosur y hasta mantiene preso al más popular de los presidentes de la era moderna, Luiz Inácio Lula da Silva.
La justicia federal argentina lleva más de un lustro atrasada y aún continúa la discusión entre cancillerías y fiscales para determinar si pueden usarse los testimonios acumulados en los juzgados brasileños de media docena de arrepentidos, varios de los cuales dan indicios sobre la ruta del dinero K.
El "club de la obra pública", como en Brasil, cambió de nombres pero habrá que ver si también de mañas. Como en muchos casos semejantes (hasta en la transparente Dinamarca), el "sistema" es casi imposible de desmontar.
La parte estatal de la trama de negocios espurios es bastante conocida, solo resta saber cuán alto llega. Si se queda en Julio De Vido o alcanza a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Pero dos datos revelan el revés de esa trama y la "horizontalidad" de los posibles alcances de una investigación en serio: en la lista provisional de detenidos figura Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, que en el primer año de su gestión se desprendió de la empresa. Aquella conducción de IECSA ya está siendo investigada en Argentina por el caso Odebrecht.
El otro dato: otro apresado por orden de Bonadio es Armando Losón, presidente de Albanesi, que construyó una decena de centrales térmicas, la última de las cuales, en Timbués, Santa Fe, fue inaugurada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en marzo pasado. Comenzaron a construirse en la "década ganada" y siguen licitándose y construyéndose otras con el mejor equipo de los últimos 50 años.
En el fangoso terreno de la obra pública, el Gobierno no siempre puede elegir a sus interlocutores. El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, cayó detenido hoy en estado shock. Apenas asumió Macri, su desgastada imagen después de doce años de kirchnerismo obligó a su reemplazo por Gustavo Weiss. Cambio de caras.
La comparación del principio con Brasil ayuda a ganar perspectiva. Muchos se preguntaban en los últimos tiempos si era posible replicar la extensión y profundidad de la investigación del juez federal de Curitiba, Sergio Moro, en Argentina. Claramente no, respondemos. Pero la ralentizada actividad de Bonadio es un comienzo.
El juez Bonadio ordena la detención de cinco ex funcionarios K y empresarios
La obra pública sigue, como corresponde. ¿Habrá que esperar otro lustro para determinar la transparencia o no de las licitaciones? ¿Seguirá sin haber controles "on time"?
Y una última pregunta con autorespuesta: ¿Es posible evitar la corrupción en las contrataciones?
Bien. Gracias.
* Director de Gaceta Mercantil