La Cámara de Casación penal rechazó una apelación presentada por el ex número dos de Julio De Vido, procesado por el caso de las irregularidades en YCRT.

El último día antes de la feria judicial, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Roberto Baratta, ex número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que dejó al ex funcionario más cerca de su detención por el caso de las irregularidades en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Por esa causa, De Vido está detenido luego de que la Cámara Baja le quitara sus fueros como diputado nacional. En abril pasado, la Cámara Federal había confirmado los procesamientos de De Vido y Baratta -entre otros- que había dictado el juez federal Luis Rodríguez. Fue por la defraudación al Estado en la malversación de $264 millones involucrados en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio y del proyecto Ferrocarril Bioceánico Transpatagónico Río Turbio-Puerto Natales.

La decisión fue compartida por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. "Se observa así que YCRT no funcionó como una entidad destinada a optimizar la función productiva del Yacimiento y el Complejo Ferroportuario sino que se convirtió en una fuente de financiamiento de las más variadas obras que ninguna vinculación guardaban con su objeto y algunas de las cuales ni siquiera se hallaban cercanas" señalaron los jueces que agregaron que el estado nacional "destinó millonarias sumas de dinero" que "gran parte de ellos fueron ilegítimamente absorbidos" por la Facultad Regional Río Gallegos de la UTN y por la Fundación Regional de Río Gallegos, con quienes el Ministerio de Planificación firmó convenios.

En aquella decisión, los jueces Irurzun y Leopoldo Bruglia - con disidencia del entonces camarista federal Eduardo Farah- ordenaron la detención de Baratta y la de Atanacio Pérez Osuna, Martín Goicoechea y Hugo Sánchez, otros imputados en el caso. Eso respondió a un pedido del fiscal de la causa Carlos Stornelli.

Irurzun y Bruglia habían destacado la relevancia del caso porque es un causa por corrupción en la que se investiga el desfalco de bienes del Estado. Ambos jueces habían señalado que durante la investigación costó conseguir documentación en la sede de la Facultad, varias cajas no llegaron a los tribunales y que testigos declararon haber sido víctimas de amenazas. Para los camaristas federales eso implica un riesgo para la investigación si Baratta, Goicochea, Sánchez y Pérez Osuna siguen en libertad por los cargos de importancia que ocupaban.

Cuando se produjeron los hechos investigados Baratta era el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación. Pérez Osuna fue intendente de la ciudad de Río Turbio y ocupó el cargo de interventor de YCRT. Goicochea era el decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Sánchez el presidente de la Fundación Regional de Río Gallegos.

Pero los arrestos ordenados por la Cámara Federal no se concretaron porque los camaristas señalaron que debían producirse una vez que la decisión quedara firme. Las defensas apelaron a Casación y el 13 de julio pasado, con la firma de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, los recursos fueron rechazados por inadmisibles, con lo que los imputados quedaron más cerca de la detención.

Luego de lo resuelto por Casación, el juez Rodríguez mantuvo en libertad a los imputados porque aún pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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