GUILLERMO FERRARO*

A principios de año, el 26 de enero para ser exactos, la Dirección Nacional de Vialidad publicó el llamado a oferta pública por seis corredores viales bajo el programa de Participación Público Privada poniendo en práctica, de esta manera, la ley 27328 sancionada el año último por el Congreso Nacional.

La cotización del dólar norteamericano, en ese momento era de $19,84 por cada dólar, el riesgo país argentino 372 PB (la medida del sobrecosto financiero del endeudamiento argentino sobre el costo de la deuda en EE.UU.), y la tasa de interés de referencia del BCRA medida por la tasa de corte de las LEBAC de corto plazo era del 28%.

Con este cuadro de referencias macro económicas los principales grupos nacionales vinculados históricamente al negocio de la infraestructura vial de nuestro país, y también algunos otros cuya mirada provenía del exterior, comenzaron a analizar los abundantes y extensos documentos de la licitación (pliegos generales, particulares, proyectos técnicos, contratos de PPP, del fideicomiso de PPP, etc.) y de esa manera, iniciaron la tarea con una fuerte inversión en tiempo, en recursos humanos y económicos, en ingeniería, modelizaciones, y demás herramientas que les permitiese definir su posición final en cuanto a presentar o no una oferta, por uno o varios de los corredores viales ofrecidos en licitación.

Así se llegó al 17 de mayo del corriente año, cuando diez consorcios entre empresas nacionales y extranjeras, presentaron ofertas por los seis corredores viales, por un total aproximado de USD 8.000 millones entre obras principales y complementarias.

La apertura de esta licitación fue considerada un éxito, el acto fue liderado por el hoy Presidente del BCRA y entonces Ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el actual Ministro de Energía, Javier Iguacel, en ese momento a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

El éxito fue resaltado, no sólo por la cantidad de oferentes, sino que en ese momento las variables macroeconómicas habían evolucionado críticamente desde el llamado a licitación hasta la presentación de ofertas.

La cotización del dólar EE.UU. pasó a $24,87 (devaluación de un 25%), el riesgo país argentino subió a 452 PB (casi 100 PB más), y la tasa de interés de referencia del BCRA medida por la tasa de corte de las LEBAC de corto plazo había trepado al 38%.

Hay que remarcar que la filosofía implícita en la normativa de los PPP es trasladar el riesgo de financiamiento y de operación comercial de los proyectos al sector privado, de ahí la consiguiente incertidumbre que estas variaciones bruscas habían agregado a las ofertas económicas que se realizaron. Gran parte de la forma en que los grupos empresarios asimilaron esta incertidumbre se vio reflejada en la disparidad de los montos de inversión (y por lo tanto la demanda de pago en títulos o TPIs) explicitados en la ofertas, que llegaron a tener una disparidad entre consorcios que pujaron por un mismo corredor vial de casi cuatro veces entre la menor oferta y la más alta.

Seis meses después del llamado a licitación, el 18 de junio, fueron adjudicados los contratos de PPP por los seis corredores viales a cinco consorcios, que involucran a nueve empresas nacionales y cuatro extranjeras (de Italia, Portugal, China y Panameña-americana).

Para ese momento, las variables macroeconómicas alcanzaron un punto crítico. El dólar norteamericano cotizaba a  $28,41 (un 43% más que al momento del llamado), el riesgo país argentino alcanzó  los 566 PB (otros 100 PB más que el mes anterior), y el BCRA cotizaba la tasa de interés de referencia de las LEBAC en 47%.

Hay que evaluar estos cambios críticos de escenarios macroeconómicos a la luz de la estructura financiera de los modelos de negocios de los PPP Viales: el repago se hace con Títulos de Pago de Inversión(TPIs) en dólares EE.UU. con cuatro años de gracia y diez años más para la amortización del capital; los servicios de interés deberían estar calculados e incluidos en la oferta en función de la evaluación que cada oferente hace del mercado de títulos internacional o de cualquier otro fondeo de largo plazo para la deuda corporativa argentina, y de una necesidad de “working capital” (capital de trabajo de corto plazo) de USD 120 millones por proyecto, que necesariamente requiere la asistencia de los bancos locales que tienen acceso a las fuentes de fondeo interno.

Para sumar complejidad y dificultades a la estructuración de este tipo de proyectos de PPP, los grupos empresarios deben hacer frente a garantías que en promedio se calculan en USD 200 millones por oferta, donde se involucran los balances empresarios y las co-garantías de accionistas o socios del exterior.

Queda claro que, tanto la estimación de la tasa de interés exigida por el mercado internacional, como la tasa interna para el “working capital” se mueven al ritmo del cambio señalado de las variables macroeconómicas durante el período de evaluación del proyecto, presentación de las ofertas y adjudicación. La rentabilidad y los riesgos asumidos son altamente sensibles a estas estimaciones.

Y así llegamos a estos días donde el pasado jueves 19 de julio se firmaron los dos primeros contratos con los consorcios liderados por la firma Cartellone y Paolini-Vial Agro-INC de Italia y probablemente este jueves 26 de julio se firmen los restantes, completando la primer etapa de esta apuesta de cambio radical en la contratación de la infraestructura pública que impulsa el actual gobierno nacional.

Mientras tanto, el riesgo país ya cotiza en aproximadamente 600 PB, la cotización del dólar se ha estabilizado en $28, pero la tasa de interés interna sigue en un 46,5%, según la última licitación del BCRA de LEBACs, y en un 60% en el mercado secundario.

Si bien con la firma del contrato de PPP se otorga un plazo de 6 a 12 meses para proceder al cierre financiero del proyecto (durante el cual se deben obtener los fondos necesarios para llevarlo a cabo), las perspectivas y los antecedentes no dejan de darle un carácter desafiante y sumamente crítico para aventurar una evaluación final de esta novedosa iniciativa en nuestro país.

Por otra parte, el panorama financiero internacional no parece demasiado claro con la incipiente conflictividad que se avizora entre las dos potencias, EE.UU. y China, y el hecho de que con la despedida de Janet Yellen el 5 de febrero pasado como máxima referente de la Reserva Federal americana, la tasa de referencia en ese país haya trepado del 1,25% a la banda del 1,5%/1,75%, el 18 de marzo, para pasar luego hace pocas semanas atrás a la del 1,75%/2%, con pronósticos reservados en cuanto a futuros incrementos. Estas medidas tornan aún más caro y escaso el financiamiento para los países de economía emergente como la de la República Argentina.

Es así como este escenario presenta un gran desafío a las empresas adjudicatarias, que mes tras mes sumaron obstáculos que deberán sortear para seguir adelante. Es justamente en estos casos donde la variable del ingenio argentino podrá marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de este modelo de contratación.

* Director de Infraestructura y Gobierno de KPMG.