El 56% de la inversión extranjera directa que llegó a Ecuador desde 2010 hasta la actualidad se concentró en el sector minero. Solo en el primer trimestre de 2018, 124 millones, de los 223,6 millones que ingresaron por ese concepto, fueron para este sector de la economía.
Según René Ayala Lomas, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME), si se realizan modificaciones legales y normativas para reducir la carga fiscal y los costos operativos, la minería podría aportar más de 4.500 millones de dólares en inversión, hasta 2021. Además, traería 1.300 millones en compromisos de subasta y remate de producción.
“Las reformas, encaminadas a promover la competitividad en el sector, deberían incluir la eliminación del Impuesto a ganancias extraordinarias; estabilidad legal en entornos de altos y bajos precios, y el establecimiento de estándares de transparencia en el manejo de la industria”, dijo.
Además, con respecto a la Ley Ambiental, apuntó que se debería trabajar para facilitar el otorgamiento de permisos; adaptar el código para reflejar de mejor manera la realidad de la minería a gran escala; generar mayor eficiencia y control.
Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos no Renovables, aseguró que trabajará para actualizar el plan de desarrollo minero, que sirvió para atraer importantes inversiones hasta 2017. Sin embargo, ahora debe incluir capítulos específicos para normar las etapas de construcción y producción e incluir a los proyectos llamados de segunda generación.
“El potencial del sector es enorme. Por eso, las proyecciones hablan de que la minería pasaría del 1% al 4% del PIB en 2021. Pero para esto se debe minimizar y controlar la afectación ambiental, a través de las medidas preventivas descritas en el Plan de Manejo Ambiental”, acotó Ayala.
Para evitar problemas como los suscitados en el proyecto Río Blanco, que todavía está en litigio en las cortes de Cuenca, se debería informar a las comunidades circundantes. “Estamos trabajando bajo los mejores estándares de ciudad ambiental, pero cuando no se cumplan los requisitos no permitiremos el avance de ningún proyecto”, prometió Pérez.
Ese es, precisamente, el caso del proyecto Mirador, que tiene suspendidas sus operaciones hasta que cumpla con al menos 14 requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente. “La mejor manera de defender una minería responsable es no permitir, y prevenir, incumplimientos”, añadió Ayala.
Fruta del Norte, proyecto subterráneo de gran minería de oro, en Zamora Chinchipe, se encuentra en fase de construcción. Con una inversión de 450 millones de dólares, iniciará producción en 2019. Además, para finales de 2018 se espera la producción del proyecto Río Blanco, que se encuentra suspendido por orden judicial. Las autoridades esperan solucionar los problemas.
En fase de estudios y exploración está el proyecto Loma Larga, en Azuay, que también es de oro. También los proyectos Cascabel y Llurimagua, en Imbabura, que son de gran minería de cobre.
René Ayala Lomas, presidente de la AIME, aseguró que la correcta ejecución de todos los proyectos, además de precautelar el ambiente, representa un ahorro. “Las demoras o paralizaciones significan pérdidas mensuales al Estado de 170 millones”, concluyó.
DA
