La minería en Mendoza se ha llevado más energía en discusiones que en acción. Más trabajo para abogados, que para geólogos y especialistas ambientales, reseñó MDZ.
Esa percepción por primera vez se ve en números: a pesar de tener la cordillera de los Andes como marco, Mendoza tiene menos actividad minera que, por ejemplo, llanuras como La Pampa y Buenos Aires. Esa actividad genera poca riqueza en la provincia y para algunos sectores sigue siendo la "tierra prometida" para que haya una diversificación productiva.
Por primera vez se pone en datos cuál es el peso de la minería en la economía y el desarrollo Argentino y de ese censo, realizado por el INDEC, surgen datos curiosos. Uno de ellos es la falta de presencia de la actividad en algunas provincias cordilleranas. El otro es que en varios de los distritos que tienen minería a gran escala, como Catamarca, San Juan y Jujuy, aún no han logrado un grado de desarrollo importante en otras actividades. Es decir el "derrame" de la riqueza hacia otras actividades aún no se nota.
El panorama mendocino contrasta con el borrador de política minera que tiene el gobierno de Alfredo Cornejo guardado en el escritorio. Allí proponen que la actividad tenga un impulso importante en la próxima década y para ello proponen segmentarla y tener un plan de promoción. A nivel nacional eso se conjuga con la idea de promover la minería, incluso modificando algunas leyes como la de protección de glaciares.
En Mendoza el tema va a seguir siendo incipiente antes que real. Los antecedentes no suman, pues algunas de las experiencias de minería a gran escala terminaron mal.
En San Rafael la planta de uranio Sierra Pintada fue abandonada sin el cierre correspondiente y la contaminación quedó a cielo abierto. Y en Malargüe la empresa Vale dejó a medio camino el mega emprendimiento Potasio Río Colorado, en un proceso que tuvo idas y vueltas de todo tipo. En ese caso el destrato mutuo fue tal, que el Gobierno de Mendoza fue el último en enterarse que la empresa había decidido irse.
El censo tiene datos diversos y gran parte de la diferencia en la "riqueza" que genera la minería en zonas con llanuras frente a áreas montañosas está en realidad en el desarrollo de la industria de la construcción y lo que tracciona en minerales de segunda y tercera categoría.
En el plan de reformas que el gobernador Cornejo tiene antes de dejar el cargo, la minería parece estar en segundo plano, a pesar de que su gobierno elaboró un plan para el desarrollo de la actividad. No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con la actividad petrolera no convencional, donde por decisión política "se ejecutó" y luego se analizó. De hecho en el Ejecutivo siguen minuto a minuto lo que ocurre con la actividad, a nivel productivo y social: creen que las protestas que se generaron en contra de la fractura hidráulica han quedado con poco sustento.
El plan minero se plantea que "en el término de 10 años, la Minería aporte a la Provincia de Mendoza un nivel de actividad equivalente al del sector hidrocarburífero, con una cadena de proveedores de equipos y servicios completamente desarrollada y una cadena de industrias derivadas de la misma que agregue valor a sus productos, siendo un actor fundamental en la integración territorial de la matriz económica mendocina".
Esa propuesta parte de la base contraria: "La pérdida de oportunidades para la Provincia que podría haber recibido en los últimos 10 años inversiones directas por más de USS 5,000) millones con la creación de más de 5000 puestos de trabajo directos y por los menos 20000 indirectos de alta calidad".
Los datos del censo minero indican que Mendoza está lejos en el ranking. La provincia tiene nula participación en minería metalífera, sector donde Santa Cruz y San Juan lideran. En rocas de aplicación pelea en el fondo de una tabla liderada por Buenos Aires y La Pampa.
En el Ejecutivo toman el censo nacional para destacar un dato. Aseguran que lo poco que hay, al menos está ordenado. Casi no quedan, explican, canteras clandestinas y se ha mejorado el control. En ese sentido van a digitalizar el padrón y catastro minero.
Las tensiones que solía haber dentro de los gobiernos entre el impulso de la minería y el rechazo a esa actividad son menores que en otras épocas. Pero reconocen que tras 11 años de aplicación de la ley 7722 es difícil que haya impulso a la minería. Incluso no tanto por lo que la ley permite o prohíbe, sino por el filtro político que deben pasar los proyectos. Es decir, entienden que la necesidad de ratificación legislativa que se exige es un obstáculo para los proyectos que cumplen la ley, por la permeabilidad a las presiones que, aseguran, tiene la "Casa de las leyes".
"Más allá de la ley y la minería en sí hay que preguntarse si en este tiempo se ha mejorado el desarrollo de Mendoza o no. Si el manejo del agua es más eficiente. Si hay menos problemas ambientales o no. El panorama de análisis debe ser más amplio" analizan.
El tema ha vuelto a debate con los planes departamentales de ordenamiento territorial. Allí cada municipio prioriza las actividades según su potencial, conveniencia y sustentabilidad. Claro que puede haber choques entre vecinos, como ya hay. Malargüe, por ejemplo, va camino a tener un plan que incluya al petróleo, la minería y la energía como base de su desarrollo. Algunos departamentos vecinos tienen visiones opuestas. De la política dependerá conjugar intereses sin conflictos,
GD/jc
