Monitoreos realzados en el sur de la provincia argentina de Mendoza, en la zona petrolera Puesto Rojas, no presentaron evidencias de cambios físicos y químicos. Quienes se oponen a esa metodología de explotación argumentan que las muestras tienen irregularidades.
El Departamento General de Irrigación (DGI), la Subdelegación de Aguas del Río Atuel y la jefatura de zona Malargüe aseguran que no presenta evidencias de contaminación el agua subterránea del área petrolera Puesto Rojas, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad sureña. La zona es actualmente concesionada por la empresa El Trébol para la explotación de cuatro yacimientos mediante el fracking.
Las operaciones autorizadas se están realizando sin el estudio de impacto ambiental porque los yacimientos no son nuevos y se encuentran en uso, detalló Diario Uno.
Según el gobierno, este proceso de extracción se desarrolló en los años '40 y en Mendoza se aplica desde la década del '60 en formaciones convencionales. En marzo se publicó el decreto que otrogó un marco regulatorio a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales con el objetivo de dejar atrás críticas e incertidumbres.
"Desde agosto del año pasado, cuando se hicieron los cuatro primeros pozos iniciales, se fracturó hidráulicamente y se realizaron los monitoreos posteriores. Se han hecho cinco estudios en total y ninguno de ellos hasta el día de la fecha arroja indicio alguno de que haya contaminación debido al proceso. Se está haciendo un seguimiento continuo y consecutivo" indicó Mario Barbieri, subdelegado de Aguas del Atuel.
"Lo que vamos haciendo es evaluar los parámetros en la calidad del acuífero y en el agua superficial del río y algunas lagunas de la zona. Hicimos un monitoreo integral y se mantienen las características físico químicas del agua, el PH, conductividad y salinidad entre otros parámetros, muy por debajo de los límites tolerables. El 26 de junio se hizo el último monitoreo" agregó Barbieri.
El subdelegado explicó que se realizó una tarea junto con una comisión integrada por la jefa del laboratorio del DGI, la Policía del Agua de la Subdelegación del Atuel, la Policía del Agua de la jefatura del río Malargüe, integrantes y técnicos de la dirección de Protección Ambiental, la Policía del Agua de la Subdelegación del río Diamante y personal de las empresas petroleras.
"Los monitoreos que se hagan de aquí en más siempre estarán compuestos por esta comisión, para lograr una mayor confiabilidad en cuanto a la toma de las muestras. La idea es hacer un nuevo control el 17 de julio y se haría otro hacia finales de mes. Queremos hacer tres monitoreos consecutivos en el lapso de un mes. Las muestras del 26 se han mandado a analizar y todavía no tenemos resultado" finalizó.
Marcelo Romano, senador por el Partido Intransigente (PI), vecino autoconvocado desde el 2005 y abogado de Valle de Uco por la defensa del agua, dijo que las muestras no están bien hechas. "Hay un informe del Centro de Estudios Tecnológicos y Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo, del análisis de laboratorio 16.419/17, que informa que hay contaminación en profundidad. El daño en el ambiente es irreversible. Por eso nosotros nos desesperamos. Este informe es una de las pruebas que tenemos" describió.
Según el especialista en derecho del agua, "los informes de Irrigación son una falacia, están sobreactuados y armados. Si vamos a los hechos, para dar un solo ejemplo, las muestras de agua que se recolectan antes de cualquier intervención fueron tomadas cuatro meses después. Hay una irregularidad manifiesta. No sabemos cuál era la calidad del agua inicial" manifestó Romano.
"Acabo de presentar un amparo contra la resolución de Irrigación que autorizó usar agua en el emprendimiento. Además estamos preparando las denuncias penales contra los funcionarios responsables. Denunciamos que no se realizara una evaluación de impacto ambiental como exige la Ley Ambiental 5.961. Ellos hicieron un atajo legal y esto es gravísimo porque al no respetar los principios precautorios y preventivos violaron la ley" expresó el abogado.
"Los que estamos en esta posición exigimos un debate y una audiencia pública. El gobierno de Cornejo tiene el poder absoluto y una Fiscalía de Estado que es indolente, una Secretaría de Ambiente que es una agencia de la Dirección de Minería y una Dirección de Protección Ambiental manejada por alguien que sólo promociona el fracking, finalizó Romano.
FPjc
