Burford Capital recordó hoy, tras el sonado fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que ha vendido parte de los derechos del Grupo Petersen contra Argentina e YPF, por lo que ahora sólo posee 71.25% de su derecho total original, al tiempo que creció en la posesión de derechos de Eton Park, otro ex accionista de YPF, en un juicio valuado en por lo menos US$ 500 millones que se sustancia en New York.
Burford recordó que históricamente ha proporcionado ‘’financiación de litigios con relación a reclamaciones similares presentadas por Eton Park, el tercer mayor accionista de YPF, que en ese momento tenía aproximadamente el 3% del capital de la petrolera argentina’’.
“La inversión de Burford, en el caso de Eton Park, no ha sido históricamente sujeto de la atención de los inversores. Sin embargo, Eton Park está en proceso de disolución, y por lo tanto Burford acordó en junio de 2018 asumir un papel más amplio en su caso, comparable a su papel en el reclamo de Petersen’’, señaló Burford en un comunicado al que accedió EnerNews.
‘’Hicimos un pago anticipado de US$ 21 millones a Eton Park a cambio del derecho a recibir un 70% de los ingresos de Eton Park del litigio de YPF, menos honorarios y gastos’’, añadió.
Eton Park, con un 5% es hoy uno de los socios de Pampa Energía, el holding de mayor crecimiento del sector energético de la Argentina en la última década.
“Con el fin de mantener la exposición en efectivo de Burford a las reclamaciones de YPF relativamente constante, decidimos financiar nuestro pago a Eton Park mediante la venta de algunos intereses adicionales en nuestro derecho de Petersen. Contemporáneamente con el cierre de la transacción de Eton Park, vendimos 3.75% de nuestro derecho a un precio efectivo en efectivo de US$ 30 millones, lo que implica una valuación de US$ 800 millones para nuestro derecho original de Petersen, aunque llevamos nuestra inversión de Petersen a un valor inferior en libros’’, destacó Burford.
‘’Al considerar también las ventas previas en el mercado secundario, Burford ahora posee 71.25% de su derecho total original’’.
En junio de 2017, Burford Capital ya había anunciado la venta de un tramo de su participación en la demanda del Grupo Peterson, que tuvo una participación del 25% en YPF, en el litigio multimillonario contra Argentina tras la nacionalización de YPF en 2012.
En aquel momento Burford Capital dijo estar financiando el reclamo de Peterson contra Argentina, y reconoció una venta del 15% de sus derechos de pago por US$ 66.000.000, lo que tenía un potencial de cobro en el juicio por $ 440M.
Burford había vendido previamente el 10% de sus derechos por US$ 40 millones y afirmaba que a pesar de su "entusiasmo por los reclamos de Petersen", las ventas son "riesgos prudentes y transacciones de gestión de balance".
El tribunal estadounidense confirmó ayer la decisión del tribunal de primera instancia de encontrar las reclamaciones de Petersen contra Argentina e YPF como justiciable en los tribunales federales de los Estados Unidos. ‘’Como resultado, el caso ahora regresará al tribunal de primera instancia para un procedimiento sustantivo, aunque existe la posibilidad de que los demandados soliciten permiso para una nueva revisión por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, algo que rara vez se concede’’, dijo Burford.
“Si bien estamos complacidos, es importante enfatizar que esta decisión se relaciona únicamente con una cuestión jurisdiccional preliminar y no presagia ningún resultado particular en el litigio subyacente’’, dijo Burford.
‘’Burford no ha tenido en cuenta el impacto de la decisión del tribunal en su proceso de valoración de la inversión para el período que finalizó el 30 de junio de 2018, y considerará su impacto, en su caso, en el proceso de valoración de la inversión para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2018’’.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF debe seguir curso en ese país y de esta manera no será trasladada a Buenos Aires, tal como pretendía el Gobierno. Se trata de una demanda por unos u$s 3.000 millones de dólares por Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Burford Capital fue fundado por su actual CEO, Christopher Bogart, ex VP de Asuntos Legales de Timer Warner. No se trata propiamente de un fondo "buitre", sino que invierte en asuntos legales. Con oficinas en Nueva York, Londres -bolsa en la que cotiza-, Singapur y Chicago, su capitalización supera los u$s 4.000 millones, destacó La Nación.
Su estrategia, como lo hace en el caso por la estatización de YPF, es "comprar" juicios. Financia los litigios y luego se queda con parte de las ganancias
Hace menos de un mes el diario Ámbito Financiero anticipó que Burford vendió 15% del juicio con YPF por unos u$s 66 millones. Lo cierto es que esta venta dio una pista sobre la valuación que tiene el caso para el fondo, unos u$s 400 millones en lugar de los u$s 3.000 millones que se reclaman en los tribunales de Estados Unidos.
De acuerdo a los analistas del mercado, Burford lleva adelante el juicio a nombre de un porcentaje general que no superaría el 35%. Por lo tanto, el porcentaje restante de la demanda es propiedad de un tercero, quien podría recibir nada menos que unos u$s 2.250 millones si gana la demanda.
Vale recordar que el fondo Burford le compró el juicio a la Justicia de España, que tenía la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país para comprar acciones de la petrolera en 2008.
La intención del Gobierno argentino era que el litigio fuera trasladado a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para la Argentina. A partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos con resultado impredecible en el mismo tribunal que supo ocupar el ya fallecido Thomas Griesa.
LA COMENTADA NOTICIA
La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de la Argentina y resolvió que la demanda por 3000 millones de dólares por la expropiación de YPF presentada por un fondo buitre deberá seguir adelante en Estados Unidos, y no trasladarse a Buenos Aires como había reclamado el gobierno argentino.
Al gobierno le queda una instancia de apelación ante la Corte de los Estados Unidos, en la que evalúan presentarse, según fuentes oficiales.
La resolución es una mala noticia para la Argentina, que aspiraba a trasladar la controversia a los tribunales locales y alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para tener el poder de litigar, señaló La Nación.
Ahora el juicio seguirá adelante, con oscuras perspectivas para la Argentina, en el tribunal que ocupó Thomas Griesa.
El gobierno argentino prepara la estrategia de defensa y están bajo análisis medidas drásticas. Por ejemplo, la decisión de la Procuración del Tesoro podría requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York.
El juicio tiene una réplica doméstica. Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, pidieron al juez Ariel Lijo investigar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. En su presentación, las legisladoras advirtieron que se trató "de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".
El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior" señaló a través de un comunicado cuando se conoció el inicio del juicio. Y alega que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañías residuales.
La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
La Argentina sostiene que fue una decisión soberana y, por lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado.
A fines de 2007, Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen, adquirió el 14,9% del capital accionario de YPF por 2235 millones de dólares, con opción a ampliar su participación. La red financiera incluyó una red de diferentes bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio después la propia YPF.
Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con 5000 millones de dólares, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ser vendidas por la imposibilidad de cubrir las deudas, entre otras, la contraída con la propia Repsol.
El proceso de quiebra fue el preámbulo de la llegada de Burford al juzgado del inmemorial juez Thomas Griesa, quien murió en 2017 a los 87 años. Su lugar lo ocupó la jueza Loretta Preska quien ya había fallado en contra de la Argentina.
Ahora tres magistrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dieron la razón a Budford en contra de las esperanzas argentinas.
JC/PA
