El lunes se abrió un nuevo episodio en la inacabable historia del gasoducto sur peruano (GSP). Ese día se supo que la española Enagás –propietaria del 25% del consorcio que ganó originalmente la concesión- había decidido iniciar un arbitraje contra el Estado peruano en el Ciadi para recuperar los US$511 millones que, presumiblemente, habría invertido en la fenecida iniciativa.
La noticia pareció estallar en el peor momento para el gobierno, pues solo unos días atrás el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, había revelado los preparativos para relanzar el proyecto bajo un nuevo esquema, “más económico” que sería anunciado a fines de año.
“Se trata, básicamente del Gasoducto Sur Peruano, pero mejorado (…). El objetivo es evaluar todas las alternativas disponibles para determinar si se seguirá el mismo trazo u otro diferente” explicó Edgardo Guevara, viceministro de hidrocarburos, al diario El Comercio.
La pregunta que surge es: ¿el arbitraje interpuesto por Enagás interferirá con este relanzamiento?
Según la mayoría de expertos en energía consultados por Día1, la respuesta es afirmativa.
César Gutiérrez opina que lo mejor es que el Estado difiriera la licitación del nuevo gasoducto hasta el desenlace del arbitraje, el cual se daría entre el 2021 y el 2023, porque si adelanta el proyecto y pierde el litigio, tendría que pagar US$511 millones que posiblemente no pueda transferir al nuevo concesionario.
El panorama para el relanzamiento del gasoducto parece más incierto cuando se advierte que el de Enagás no es el único litigio interpuesto por los socios del GSP.
Luis Fernández, socio director de Gas Energy, ha contabilizado hasta seis procesos contenciosos, entre ellos una demanda interpuesta por Odebrecht en Luxemburgo, un proceso de insolvencia y quiebra interpuesto por Enagás en la CCL y un posible arbitraje de Graña y Montero.
Nada de esto amedrenta, sin embargo, a Anthony Laub, socio del estudio Laub & Quijandría. A su entender, ninguno de estos procesos tiene por qué afectar el esquema del nuevo gasoducto que diseña la consultora Mott MacDonald por encargo de Pro Inversión.
“Nada impide que el gasoducto se relicite con o sin activos. El GSP ya no existe más. Fue resuelto. El arbitraje y la nueva licitación van por cuerdas separadas, así que creo que el Estado peruano debería ganar el litigio al 2.000%”, expresa.
¿Por qué esta seguridad? El tema de fondo, relatan fuentes del sector energía que siguieron de cerca el proceso, es que el consorcio GSP arriesgó el adelanto de obras antes de obtener el cierre financiero, lo que eximiría al Estado de toda responsabilidad por estar todos ligados a un contrato BOT (Built, Operate & Transfer).
“En la modalidad BOT, si el concesionario no obtiene el financiamiento dentro del plazo exigido, el contrato se resuelve. Eso pasó con el GSP: el proyecto nunca pasó de la etapa de prefinanciamiento, por tanto, las obras que se adelantaron se hicieron a cuenta y riesgo del concesionario”, señala una fuente que no quiso ser identificada para evitar represalias de los consorciados.
¿Por qué este apresuramiento?
El consorcio habría adelantado la construcción sin esperar el cierre financiero, porque quería aprovechar el EIA del Gasoducto Sur Andino que heredó de Kuntur, es decir, del consorcio que propuso el primer trazo del gasoducto.
Dicho EIA les fue transferido por el MEM en noviembre del 2014 y les daba la posibilidad de ahorrar entre 18 y 24 meses en trámites ambientales, con la ventaja adicional de ejecutar el proyecto más rápido para cobrar más rápidamente también la tarifa por el uso del ducto.
Esta arriesgada apuesta se cayó por los suelos cuando estalló el escándalo Lava Jato a finales del 2016, pues las puertas de los bancos se cerraron para Odebrecht y sus consorciados.
En opinión de Fernández, lo indicado ahora es reformular el gasoducto, empezando por extender el ducto de Contugás, en Ica, hacia Mollendo e Ilo, para suministrar gas a las centrales del nodo.
Ello se complementaría con la conclusión del loop en el trazo construido en la selva, para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico.
Otra opción, según Laub, sería que el Gobierno tase y adquiera la infraestructura que ya desarrolló el GSP, para ofrecerla ‘empaquetada’ al ganador de la próxima licitación.
Según la consultora, dicha tasación no superaría los US$1.000 millones. Día1 se comunicó con Pro Inversión para conocer su opinión sobre estos temas, pero no obtuvo respuesta.
FP/jc
