Los trabajadores dicen que perderían los derechos y garantías laborales que han conseguido a través de negociaciones. Pedirán reunirse con el presidente electo, Iván Duque, para discutir el asunto.
Luego de que esta semana se conociera la propuesta de Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) para que el Estado salga de la participación que tiene en Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO) manifestó su rechazo y su intención de irse a huelga en caso de que la idea avance.
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda - y del Consejo Gremial Nacional - planteó la recomendación para el gobierno entrante como alternativa para garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, con el fin de que no dependan de la renta petrolera, además de que la venta generaría ingresos para la Nación, precisó El Espectador.
Sin embargo, para César Loza, de la USO, la propuesta es “indignante”. Añadió que la estatal petrolera “es el activo más valioso que tiene la Nación y, como USO, no vamos a aceptar ese tipo de determinación”.
Afirmó que la venta afectaría directamente a los trabajadores, pues ve inminente que ésta dejaría sin validez los derechos y garantías laborales que han conseguido a través de negociaciones.
Señaló que para agosto tenían ya estimada una nueva discusión con Ecopetrol entorno a un nuevo pliego de peticiones. “La defensa de Ecopetrol” según Loza, ahora tendrá más fuerza en esas conversaciones.
Loza también dijo las afectaciones que, en su concepto, la venta tendría sobre la ciudadanía, quienes tendrían que pagar más impuestos para “para compensar lo que produce la empresa”.
Agregó que la respuesta del sindicato es la reacción a la "estratgia mediática" de poner el tema en la opinión pública. "Si el país no dice nada, sabemos que van a proceder a vender Ecopetrol".
El presidente de Fasecolda propone salir del más del 88% de las acciones para "financiar la construcción de infraestructura física de carácter estratégico para el país. En el fondo se trata de una recomposición del activo público, desde una actividad industrial y comercial en el sector de hidrocarburos, que no es de carácter estratégico ni consulta las necesidades de largo plazo de la nación, hacia otra actividad que supone la ampliación de la capacidad productiva del país, en aras de potenciar el desarrollo y el crecimiento económico futuro".
Las opiniones en contra no se han hecho esperar, y no sólo por parte de los trabajadores. Bruce Mac Master, presidente de la Andi (gremio que pertenece al Consejo Gremial Nacional), expresó en su cuenta de Twitter que no está de acuerdo con la idea.
La USO afirma que por ahora no hay fecha definida para una huelga, sino que el mensaje para los trabajadores es estar preparados en caso de que avance la posible venta, que, reconoce Loza, no sucedería “de la noche a la mañana”.
Durante esta semana semana presentarán una solicitud para reunirse con el presidente electo, Iván Duque, para conocer su posición sobre la propuesta de Fasecolda y manifestar el rechazo del sindicato.
La Red de Justicia Tributaria dijo que la propuesta de Fasecolda implicará seguir cediendo la soberanía energética de Colombia "que hará a la economía más dependiente de empresas extranjeras y de los precios internacionales”.
La propuesta de privatizar a Ecopetrol, hecha por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), sigue despertando reacciones en contra. A la negativa que despertó la idea entre la USO (el principal sindicato de la petrolera estatal) se suma ahora la de la Red de Justicia Tributaria que, a través de una carta, criticó duramente la propuesta del gremio de las aseguradoras.
“Esta propuesta es absurda e irresponsable, porque implicará seguir cediendo la soberanía energética del país, que hará a la economía más dependiente de empresas extranjeras y de los precios internacionales” se lee en el documento publicado por la Red.
La semana pasada, Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, planteó la recomendación de la venta de Ecopetrol para el gobierno entrante como una alternativa para garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, con el fin de que no dependan de la renta petrolera, además de que la venta generaría ingresos para la Nación.
Según Fasecolda, la salida de la participación estatal en la empresa podría generar importantes dividendos que bien podrían “financiar la construcción de infraestructura física de carácter estratégico para el país. En el fondo se trata de una recomposición del activo público, desde una actividad industrial y comercial en el sector de hidrocarburos, que no es de carácter estratégico ni consulta las necesidades de largo plazo de la nación, hacia otra actividad que supone la ampliación de la capacidad productiva del país, en aras de potenciar el desarrollo y el crecimiento económico futuro".
La Red de Justicia Tributaria tiene una opinión muy diferente de esta idea y asegura que “Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, era miembro de la junta directiva de Isagén cuando defendió su privatización, argumentando que la rentabilidad sería mayor en infraestructura que en energía. Hoy propone exactamente lo mismo, agregando que la mejor forma de eliminar la dependencia fiscal con relación al petróleo, es eliminando la principal fuente de ingresos del Estado. Un argumento realmente ridículo, que no ataca el problema, por el contrario, profundiza la crisis fiscal del país”.
La Red añade que “la diversificación productiva que necesita Colombia se logrará fortaleciendo a Ecopetrol, invirtiendo sus ganancias en actividades del sector que tienen mucho mayor valor agregado, como la refinación, para lo cual se necesita la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Asimismo, fortaleciendo la petroquímica, defendiendo el negocio del transporte de hidrocarburos y promoviendo la producción de energías limpias, todas estas actividades amenazadas por propuestas como las del privatizador Botero”.
El documento de la Red de Justicia Tributaria está firmado por Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo; José Roberto Acosta, profesor del Cesa y columnista de este diario y Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, entre otros.
FP/jc