El fondo de inversión, que cotiza en la Bolsa de Londres, interviene en un reclamo abierto contra la petrolera y el Estado argentino en la justicia de Nueva York.
Traje gris. Camisa blanca. Corbata de algún color sobrio. Pelo corto, de jopo prolijo. Anteojos de marco metálico rectangular, fino. Christopher Bogart es abogado. Viste como abogado. Luce como abogado. Habla como abogado.
“Un juicio” dice “no está afectado por los vaivenes económicos o la volatilidad de los mercados. Se presiona un botón y, por momentos, más rápido, por momentos, más lento; en tramos, con alguna sinuosidad; en otros, en forma más lineal, el proceso, siempre, se mueve hacia adelante. Y llega a un final”, define, según El Cronista.
Pero, desde hace una década, este canadiense que cumplirá 53 años en noviembre, recibido con medalla de oro y honores de la Escuela de Leyes de la Universidad de Western Ontario, ya no ejerce el Derecho.
Al menos, no de la forma convencional. Ex VP de Asuntos Legales de Timer Warner –donde lideró a un equipo de 350 espadas jurídicas-, en 2009, fundó Burford Capital, fondo de inversión del que es CEO. La firma cuya sombra, hoy, se proyecta sobre la República Argentina, a raíz del reclamo abierto contra YPF y el Estado Nacional en la Justicia de Nueva York por la expropiación de la empresa.
Un "fondo buitre" con plumas de cuervo El nuevo “fondo buitre”, como se lo menciona en los medios argentinos. Aunque, en su caso, consiste en uno con plumaje de cuervo: está fundado por abogados e invierte, exclusivamente, en asuntos legales.
Burford cotiza en la Bolsa de Londres. Su capitalización de mercado actual supera los u$s 4000 millones. Tiene oficinas en Nueva York, Londres, Chicago y Singapur, y emplea a 90 personas en forma directa. En 2017, facturó u$s 341 millones, un crecimiento de 109% contra 2016, y su ganancia antes de impuestos se disparó 130%, a u$s 265 millones.
Dos palabras explican buena parte de esa performance: Petersen y Teinver. YPF: take-over, estatización y juicio El primero, es el juicio que las dos sociedades españolas con las que la familia Eskenazi habían canalizado su take-oversobre YPF –Petersen Entities y Petersen Energía Inversora– inició contra la petrolera por su estatización.
Sin el activo con el que habían adquirido su participación en la petrolera fueron cedidas a los bancos, paso previo al proceso judicial por insolvencia abierto en la justicia española. La quiebra de ambas alega que, al ser cotizante en la Bolsa de Nueva York, la petrolera argentina debió haber ofertado a los demás accionistas lo mismo que se acordó con Repsol.
¿Cuál es el interés de Burford? Un juicio, siempre, es costoso, tanto en tiempos como recursos. En consecuencia, el negocio de este fondo es aportar dinero para llevar adelante el proceso, a cambio de alguna parte del reclamo.
Burford, explican fuentes del fondo, elige sus inversiones bajo la misma base: provee el capital necesario para reclamos que tengan, a su entender, argumentos sólidos y un monto demandado económicamente atractivo. “Salvo por nuestra especialización en asuntos legales, no somos muy distintos a otras entidades financieras”, puntualizan.
La firma, aclaran, no pasa a ser dueña de las empresas. “Simplemente, provee el financiamiento para que procedan. Sin ese capital, tal vez, los demandantes no tendrían otra forma de iniciarlos”, subrayan.
Generalmente, agregan, sólo interviene a por pedido de la reclamante y con aprobación judicial. Asegura, luego, tener una actitud absolutamente pasiva en el pleito, sin participación alguna en la estrategia.
Con los líderes del ranking Burford trabajó con el 88% de los estudios jurídicos que conforman el ranking AmLaw 100, la centena de firmas legales más grandes de los Estados Unidos. De ellas, 70 se acercaron al fondo de Bogart, recién, en 2017.
Durante el año pasado, Burford tuvo 1561 casos bajo análisis, 493 se convirtieron en asuntos potenciales y de las cuales 451 pasaron a ser inversiones potenciales. Terminó el año con 59 desembolsos cerrados. “Somos proveedores de capital para el sector legal”, definió Bogart, en un reciente seminario de inversiones en Londres. Explicó que su modelo, a las empresas, les cierra porque, además del financiamiento que aporta, les limpia de sus balances los costos y las contingencias legales.
“Cuando perdemos un caso, perdemos todo el dinero que invertimos en él”, agregó Bogart, en su charla con financistas. Por supuesto, ese riesgo que absorbe Burford es la contracara de retornos altos. Entre fines de 2016 y el primer semestre de 2017, el fondo le vendió, a un comprador no identificado, el 25% de su interés en el juicio de Petersen. Cobró u$s 106 millones. Al 31 de diciembre último, declaró haber invertido un total de u$s 17 millones en el reclamo, iniciado en 2015 y del que, todavía, conserva 75%.
En su último balance anual, informó a sus accionistas que ese activo siguió transándose en un mercado secundario, a un precio promedio que valuó a su inversión original en u$s 660 millones, u$s 220 millones más de lo que lo había cotizado su equipo comercial.
Hoja de ruta similar a la que trazó su antecedente con Aerolíneas Argentina. En julio pasado, Teinver –la sociedad de Marsans a la que el Gobierno le expropió la empresa– tuvo fallo a favor del Ciadi, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial. Burford declaró haber invertido u$s 13 millones en ese reclamo. El laudo condenó a la Argentina a pagar u$s 325 millones.
En marzo último, Burford anunció la venta –también, en el mercado secundario; otra vez, a un comprador no identificado– de ese reclamo, en u$s 107 millones. Es decir, obtuvo una ganancia de u$s 94,2 millones, ó 736% de retorno sobre el capital invertido.
“Es claro que ambos reclamos tuvieron un valor potencial significativo. Fueron la expropiación total de activos valiosos, por los cuales no se pagó compensación”, refieren, desde Londres, acerca de ambos asuntos. Citan el monto en el que el Ciadi determinó el laudo por Aerolíneas para calcular su valor.
“Por YPF, la Argentina acordó con Repsol una indemnización de u$s 5000 millones por una participación accionaria cercana a la mitad del interés que Petersen tenía en la misma compañía”, sugieren, acerca de a cuánto podría ascender la indemnización por la petrolera. En abril de 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner le expropió a Repsol el 51% de las acciones de YPF.
Al momento del acuerdo, a inicios de 2014, la española conservaba el 12%. Antes y entonces, las quebradas sociedades ibéricas de Petersen -de las que los Eskenazi aclaran estar desvinculados-tenían el 25%. Este juicio ingresó en fases decisivas durante estos días.
“Somos proveedores de capital. Tomamos una actitud pasiva en un litigio. No participamos de él”, insistió Bogart en su disertación con financistas. De los u$s 2400 millones que acumula su fondo para inversiones, recaudó u$s 1300 millones el año pasado. Recientemente, juntó otros u$s 500 millones para un nuevo fondo.
Su inversión promedio por asunto asciende a u$s 24 millones. Aunque no divulga sus casos públicamente, trascendió en los medios que financia demandas contra Volkswagen por el Dieselgate. “Muchos acuerdos de litigios judiciales producen buenos retornos. Pero los mejores vienen de los casos que van a corte y ganamos”, aseveró Bogart. “Casos que producen grandes retornos para nosotros en el tribunal pueden, fácilmente, ser acordados y generar sólo ganancias moderadas”, admite.
En un juicio, explica, hay sólo tres posibilidades: ganar, perder o acordar. “No importa cuán fundamentado esté, cuán seguro uno esté de ganar, el riesgo entre ganar y perder un caso es 50-50”, afirmó. Sin embargo, el todo o nada no termina siendo el desenlace habitual. “El acuerdo es lo más común. Lo vemos todo el tiempo: más del 90% de los litigios termina acordándose”, reconoció.
En tal sentido, sus apuestas contra la Argentina no estuvieron alejadas de esto. A principios de año, hubo contactos intensos para llegar a un settlement por Aerolíneas. Se llegó, incluso, a sondear abogados locales que pudieran negociar en su nombre. Pero la negociación se enfrió después de que Burford vendiera sus derechos sobre el reclamo de Teinver.
En estos días, el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, viajó a Nueva York para afinar los detalles de la contraofensiva argentina en el caso Petersen. Se informó que el Gobierno tendrá una respuesta dura.
A través de un proceso conocido como “discovery”, apunta a develar quiénes están, realmente, detrás del reclamo. Pero, también, es cierto que el salteño, ex director de Legales del Bank of America en el país, fue uno de los protagonistas de ese efímero amor de verano que hubo por Aerolíneas. Y se sabe: donde hubo amor, cenizas quedan.
FP/Jc
