Para que se paguen valores de mercado y se destinen menos subsidios, se analiza terminar con el sendero gradual e ir a situación de mercado. Pagarían menos a las petroleras.

Entre las alternativas que analiza el gobierno para achicar el déficit fiscal y cumplir con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las ideas que se estudia en los ministerios de Energía y de Hacienda es liberar el mercado de gas de manera progresiva, sin que se llegue a los u$s 6,80 por millón de BTU (luego recortados a u$s 6,38) que estaba previsto abonar en octubre de 2019, como fin del "sendero gradual" de aumentos.

En las últimas horas, el gobierno dejó trascender que analiza recortar transferencias a las petroleras por el gas que producen para generar electricidad. 

En un comienzo de gestión del ministro de Energía, Javier Iguacel, marcado por idas y vueltas sobre cómo serán sus primeros meses al frente de la cartera y cómo desarmará o reorganizará la herencia de su antecesor, Juan José Aranguren, ahora el Gobierno dijo que estudia bajar de u$s 5,20 por millón de BTU a u$s 4,20 el precio que reciben desde 2016 las petroleras por el gas que se utiliza en la generación termoeléctrica. Ese valor se fija discrecionalmente y podría modificarse a partir de septiembre, pero, de avanzar con esta idea, obligará a negociar con las empresas otro tipo de concesiones. Otra salida, de acuerdo al artículo, es pedirle a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que licite la compra de gas para el verano.

Las generadoras de electricidad consumen entre el 60% y el 70% del gas en el verano, y el proyecto que se estudia es reducir su peso en los subsidios. Por caso, las transferencias del Tesoro para la electricidad en este año están en torno a los $ 65.000 millones en el Presupuesto, pero se incrementarán al menos un 50% más por la decisión de no trasladar el mayor precio de producir electricidad a los usuarios.

Según comentaron fuentes del sector consultadas por el diario El Cronista, una de las iniciativas en análisis es publicar una serie de resoluciones a partir de septiembre para liberar el mercado de gas e intentar volver a la situación previa a la crisis de 2001, cuando el estallido social y la posterior y abrupta devaluación provocó la ruptura de los contratos. No será de un momento para el otro, sino un camino que se extendería al menos por seis meses. Por supuesto, el rumor ya generó inquietud en las empresas. Una fuente, en off the record, explicó: "En verano, el gas puede sobrar, con lo cual es lógico que baje el precio; pero el gas va a seguir faltando. Lo más prudente es que el Estado impulse los contratos privados anuales para acordar precios".

En una aparición televisiva  Aranguren esbozó que no quería renunciar y que, en adelante, en el área energética se tomarán decisiones que tienen que ver más con "la política" (mirando a la campaña electoral) que a las señales que requieren los inversores. Ante los problemas que generó la reciente devaluación del peso, el gobierno entró en un brete. Con contratos dolarizados, el Presidente y sus ministros tienen que decidir si trasladar el costo del ajuste a los consumidores (implicaría subir las tarifas de luz y gas en más de un 50% durante el segundo semestre); si subsidiar más (y agrandar el déficit; ya tomó ese camino con la electricidad); o si renegociar con las empresas a cambio de concesiones que todavía están por verse.

jc

En el gobierno apuestan a que YPF marque la pauta de aumentos. En la industria lo rechazan.

Tras el anuncio del ministro de Energía, Javier Iguacel, de que liberará el precio del petróleo, las empresas del sector le piden un sendero concreto de precios de los combustibles hasta que se complete ese proceso.

Iguacel determinó días atrás poner fin al acuerdo que Juan José Aranguren había cerrado con el sector para ponerle un techo al precio del barril de petróleo (66 dólares en junio, 67 en julio y 68 en agosto) y establecer un esquema de suba de las naftas de 3% por mes hasta diciembre. El fin de semana, las empresas subieron entre un 5% y un 8% los combustibles, por encima de lo acordado, según LPO.

Después de la firma del acuerdo de Aranguren con las petroleras la devaluación se profundizó y el sector, que tiene los precios atados al dólar, sufrió pérdidas bastante mayores a las esperadas. En el mercado creen que el piso mínimo de corrección que necesitan es de un 30 por ciento, aunque entienden que no podrán trasladar todo el costo a los surtidores.

En la industria recibieron positivamente la decisión de Iguacel aunque pretenden que el gobierno imponga un sendero de precios con entrada y salida, es decir con porcentajes de aumentos acordados hasta una fecha concreta para corregir el efecto de la devaluación y luego sí la liberación del mercado.

Por ahora, el gobierno no está respondiendo concretamente al pedido de las petroleras y todavía no define una línea clara para que acomoden los precios. La idea parece ser que YPF -que controla el 55% del mercado- marque la pauta de los aumentos, sabiendo que el resto de las petroleras se suele mover al ritmo de la estatal. Eso fue lo que sucedió este fin de semana.

Se trata de una suerte de intervención oficial encubierta, lo que algunos definen como un sistema de libertad vigilada del mercado de combustibles. Por el acuerdo con el FMI y la urgente necesidad de generar confianza a los inversores extranjeros, el Gobierno no quiere aparecer interviniendo directamente, por eso apuesta a esta estrategia.

En las petroleras privadas dicen que entienden este esquema pero no les sirve y tampoco es sostenible en el tiempo, porque en cualquier momento alguna puede decidir un aumento fuerte, muy por encima de los últimos porcentajes, y el mercado se desmadra.

Más que nada lo que dicen en las petroleras es que necesitan tener certidumbre sobre los precios, aunque eso implique que el precio del barril sea controlado. Porque lo que necesitan es tener un número concreto, algo que hoy no se sabe, para poder decidir sus inversiones. No es menor para el Gobierno que el sector energético es el único que ha aportado inversiones grandes.

Las negociaciones siguen en curso y en el mercado imaginan que podría haber alguna concesión para las empresas para que los aumentos no se disparen. Un tema importante para el sector es que el Gobierno tiene frenadas las exportaciones de crudo, con lo que podrían eludir los precios más bajos del mercado local.

FP/jc