Los enormes yacimientos uraníferos en la Meseta Central de Chubut, catalogados por los empresarios mineros argentinos como “la Vaca Muerta del uranio” constituyen una de las vetas que se propone poner en explotación la gestión nacional que encabeza Macri
Destrabar el rechazo de los grupos antimineros y conseguir la licencia social del conjunto de la población es una de las tareas más complejas que debe resolver la dupla de funcionarios nacionales que impulsa la minería en Chubut, precisó el portal Chilila On Line.
Para ello han conseguido el apoyo de sectores políticos provinciales e impulsan un fuerte campaña mediática de acompañamiento que se encarga de enarbolar las supuestas bondades que posibilitaría la explotación minera del uranio y la plata de la Meseta Central.
La visita del ex ministro Aranguren a Chubut a fines de febrero fue una clara muestra de la apetencias gubernamentales para avanzar con la minería en el territorio provincial, tanto con la explotación de uranio como de plata, política que se complementa con el intento de avance de la instalación de una central nuclear en la Patagonia; que ahora tiene una nueva avanzada encabezada con el proyecto de zonificación minera que se presentó en la Legislatura chubutense.
La obtención de la licencia social es una de las trabas para sortear que tiene por delante la gestión de Macri y su ministro Aranguren, tanto por el No a la Mina en Chubut como por las trágicas experiencias nucleares que dejaron los desastres de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011.
El movimiento antiminero tiene mucha fortaleza en la cordillera chubutense y ha conseguido influir en el conjunto de la provincia y la región de la Patagonia Central, es por eso que hasta la construcción de la nueva central nuclear fue rechazada en varias provincias y ciudades patagónicas.
Para el gobierno nacional y las compañías mineras, poner en marcha la explotación minera en Chubut es una prioridad, y en ese contexto la extracción del uranio es uno de los epicentros productivos que se busca instalar para luego complementarlo con las centrales nucleares y la exportación del mineral que facilita la generación energética.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzó la producción de uranio en Argentina a escala piloto en 1952 y pasó a la fase industrial entre los años 1964 y 1997, produciéndolo esencialmente en el yacimiento mendocino de Sierra Pintada y alcanzando las 2.513 toneladas en ocho complejos mineros, entre ellos los chubutenses. En 1997 - bajo el gobierno del peronista Carlos Menem - la CNEA suspendió la extracción de uranio y el mineral fue reemplazado por importaciones que ahora pretenden ser suplantadas por la extracción en Chubut.
La CNEA había construpido en 1976 –según reveló Infoleaks – una planta de tratamiento del mineral y producción de concentrado de uranio en el yacimiento chubutense Los Adobes, a 40 kilómetros de Paso de Indios.
Desde agosto de 1977 - bajo el gobierno militar - se desarrolló la explotación Los Adobe y luego el Cerro Cóndor, alcanzando una producción entre ambos de 145.000 toneladas hasta abril de 1981, utilizándose el proceso de lixiviación de mineral en pilas.
"El hecho de que el costo de la materia prima en el costo total de generación sea poco importante (entre 5 y 7%), es un dato a tener en cuenta en el estímulo a la producción nacional de uranio. Un eventual sobrecosto de compra de uranio nacional tendría un impacto mínimo en el costo de generación nucleoeléctrica, y traería aparejados una serie de beneficios importantes, entre otros, sustitución de importaciones y seguridad energética para el país” dijo un informe del gobierno argentino.
Allí radica la aceleración de la impronta minera uranífera del gobierno argentino para poner en marcha los proyectos de explotación del mineral y las centrales nucleares que se sumarán a las existentes para generar energía nucleoeléctrica y aumentar su rol en la matriz energética nacional.
El plan uranífero del de la administración Macri tendría dos vertientes esenciales para explotar el mineral ubicado en los yacimientos de la Meseta Central chubutense: por un lado avanzar en la extracción de mineral junto a Rusia y por el otro concretar la construcción de por lo menos tres nuevas centrales nucleares, dos en acuerdo con China y una más posiblemente con la Federación Rusa.
Macri firmó memorándums de entendimiento vinculados al uranio con Rusia y con China. En la próxima cumbre del G20 a realizarse en Buenos Aires a fines de noviembre se terminarían de confirmar los acuerdos rubricados con el mandatario ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping.
A fin de año se concretarían los anuncios relacionados con la explotación del uranio y las centrales nucleares, para iniciar en 2019 dos proyectos complementarios que involucran directamente a los recursos naturales de Chubut.
La orientación del plan nuclear apuntaría a extraer el uranio con la Federación Rusa a través de su compañía de mayoría accionaria estatal; mientras que a China le correspondería la construcción de dos nuevas centrales nucleares y una tercera quedaría en manos de inversiones rusas.
China es el país con más centrales nucleares del mundo, contando con 20 nuevos reactores que entraron en funcionamiento entre los años 2002/2014 y posee 30 en construcción; en tanto que Rusia es el tercero a escala mundial con 9 plantas nucleares en construcción y otros 22 planificados para concluir en los próximos años.
Con una inversión que rondaría los 5.800 millones de dólares, Argentina firmó en marzo un acuerdo con el gobierno chino para construir Atucha III en la localidad bonaerense de Lima, en el complejo donde se ubican las dos centrales existentes, Macri la reconfirmó en abril por menores costos e involucraría una inversión China por 2.200 millones de dólares, 790 millones aportaría Canadá y los 2.810 restantes los pondría el Estado argentino.
El acuerdo iba a contemplar la construcción de la quinta central nuclear que debía localizarse en la provincia de Río Negro; pero el rechazo social y las trabas legales –la Legislatura rionegrina prohibió el año pasado la instalación con la Ley 5.227- impidieron que se incorporara la nueva central que se pensó edificar con China en la zona de Sierra Grande.
La quinta planta quedó transitoriamente sin localización pero desde el gobierno esperan que prospere la presentación judicial del intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, para que se declare inconstitucional la norma que prohíbe la construcción en la provincia de Río Negro.
Argentina tiene en funcionamiento las centrales nucleares de Atucha I y II y la cordobesa de Embalse, que consumen 224 toneladas anuales de uranio importado desde Canadá, que en 2015 tuvo un costo de 62 millones de dólares y de casi 14 millones en 2016, para generar cerca del 5% de la matriz energética nacional.
En enero pasado el presidente Macri viajó a Rusia y allí rubricó, junto al canciller argentino Jorge Faurie, con el gobierno de Vladimir Putin el “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”. Del acuerdo formaron parte por el sector empresarial los representantes de las compañías UrAmerica, Omar Adra, y el presidente de la empresa rusa Uranium One Group, Vasily Konstantinov.
UrAmerica es una compañía liderada por la argentina Adra, registrada en Londres y Buenos Aires, y tiene desde 2011 una alianza estratégica con la canadiense Cameco Global South América Inc. -que hasta hace unos años manejaba el 16% de la producción mundial de uranio en Canadá y Estados Unidos- controlando 61 cateos en acuerdos de Joint Venture, cubriendo unas 255.000 hectáreas, a lo largo de la Meseta Central de Chubut.
Uranium One Group, división internacional minera de la Corporación Estatal de Energía Nuclear Rosatom, opera en varios yacimientos de Kazajstán (principal productor mundial de uranio), Estados Unidos y Tanzania en Africa; pero se destaca por haber desarrollado la tecnología más eficiente para la producción de uranio in situ (ISR).
Por este acuerdo con Rusia, del que no fueron partícipes las autoridades provinciales, a principios de febrero el senador nacional por Chubut Mario Pais le solicitó a la Cancillería que difunda los alcances del memorándum que involucraría a los yacimientos de uranio chubutenses.
“Resulta imperante y necesario conocer de manera expresa y literal los términos que podrían comprometer recursos naturales de dominio provincial”, señaló el legislador chubutense pero como respuesta solamente recibió que el pedido de información fue remitido al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que también rubricó el acuerdo.
El propio Omar Adra señaló, en declaciones a Ambito : “Creemos tener una cuenca similar a la Kazajstán, por lo que podríamos autoabastecer, a costos bajos y con mayor seguridad, las plantas nucleares en funcionamiento y las próximas por construir”. Y adelantó que la Corporación Estatal de Energía Nuclear Rosatom propuso la construcción de una nueva central de energía nuclear en Argentina.
“Podemos llegar a ser un proveedor de uranio mundial, pero especialmente para la región. Nuestro socio ya provee a Brasil, por lo que hacerlo desde nuestro país sería ideal” reveló Adra.
Por detrás de esta avanzada encabezada por la Federación Rusa, se posiciona la Cámara Argentina de Uranio, conformada por las compañías Blue Sky Uranium Corp., Cauldron Minerals Ltd., U308 Corp., Calypso, Sophia Energy; todas con cateos en su poder y reanimadas por las políticas macristas en materia minera y uranífera.
Sophia Energy es controlada por Alto Americas que lidera el geólogo Guillermo Re Khül y controla dos concesiones para la explotación de uranio en los yacimientos Sierra de Pichiñan en Chubut y Laguna Sirven en Santa Cruz; aunque también posee acciones minoritarias en UrAmerica.
Re Khül se ha destacado por organizar las presentaciones argentinas en la Feria Mundial de Minería realizadas en Canadá, inclusive en la última edición del PDAC 2018 donde se ofertó el yacimiento chubutense del proyecto Suyai en Esquel.
Vasily Konstantinov, titular de la empresa rusa Uranium One Group, sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio y así lo entiende el actual gobierno que encabeza Macri, por eso se comprende su aceleración en la avanzada minera que abarca la extracción del mineral en Chubut".
Un informe especial del Ministerio de Energía y Minería de la Nación analiza las posibilidades de explotación en seis yacimientos argentinos, cuatro de ellos en Chubut, uno en Mendoza y otro en Salta. Estos yacimientos uraníferos concentran 31.675 toneladas de mineral, de los cuales 10.980 toneladas son recursos razonablemente asegurados y 20.705 toneladas de recursos inferidos; todo calculado a un precio menor o igual a los 130 dólares por kilo.
“Desde el punto de vista geológico, estos recursos se encuentran en depósitos de tipo arenisca, volcánico y superficial. En lo que hace a recursos no descubiertos, de acuerdo con el actual conocimiento geológico y metalogénico de las principales unidades de investigación de favorabilidad uranífera del territorio nacional, están evaluados en 80.000 tU” reveló el mencionado informe. Las proyecciones están basadas en el análisis elaborado por ingeniero Luis López y denominado “Situación actual y perspectiva de los recursos minerales para combustible nuclear – CNEA”.
Los cuatro yacimientos chubutenses son el de Cerro Solo bajo control de la CNEA, alojados en areniscas y con 4.420 toneladas de recursos asegurados y 4.810 inferidos; el de Laguna Salada en dominio de la minera canadiense U308 Corporation, distribuido en superficie y con 2.430 toneladas aseguradas y 1.640 inferidas; el de Laguna Colorada administrado por la CNEA, relacionado a ambientes volcánicos y con 100 toneladas aseguradas y otras 60 inferidas; y el de la Meseta Central que se encuentra bajo dominio de la compañía UrAmerica SA., alojado en areniscas que llegarían a los 7.965 toneladas.
El informe del MINEM sostuvo: “Si fuera factible el proyecto Laguna Salada, se podría abastecer la demanda de los 3 reactores argentinos por 13 años y en caso de incorporarse un cuarto reactor, dicho abastecimiento sería de 9,6 años. No obstante esta especulación, debería realizarse un estudio más detallado destinado a acotar racionalmente costos operativos, costos por transporte interno, infraestructura, impacto y gestión social y medio ambiental que mejore el balance de ventajas y desventajas derivadas del hipotético aprovechamiento de este potencial recurso”.
El yacimiento Cerro Solo podría aportar 200 toneladas de uranio anuales y se le sumarían otras 289 provenientes del yacimiento Laguna Salada.
Los recursos uraníferos chubutenses podrían abastecer durante 32 años las tres centrales nucleares existentes y si se sumaran otras dos más el abastecimiento alcanzaría para 12 años; pero si se sumaran los recursos inferidos los plazos se extenderían a 94 o 36 años respectivamente.
La exploración por uranio desarrollada tanto por el Estado (CNEA) como por las empresas privadas, en el período 1991 a 2011 estuvo condicionada debido a la promulgación de leyes restrictivas en diferentes Estados provinciales, llegando hasta el impedimento total en algunas de ellas.
Santa Cruz: Ley N° 2249 (junio de 1991): Prohíbe la instalación de centrales nucleares y actividades afines, inclusive la circulación o transporte por cualquier medio, de residuos radioactivos.
Chubut: La Constitución de Chubut en su Artículo 103: Todos los recursos naturales radioactivos cuya extracción, utilización o transporte, pueden alterar el medio ambiente, deben ser objeto de tratamiento específico. Por otra parte, la Ley N° 5001 (hoy Ley XVII-Nº 68): Prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera al 8 de mayo de 2003.
Tucumán: Ley N° 7879 (abril de 2007): Prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera.
Mendoza: Ley N° 7722 (junio de 2007): Prohíbe la explotación minera con Cianuro, Mercurio, Ácido Sulfúrico y otras sustancias tóxicas. También, cada etapa debe ser aprobada por el poder legislativo.
La Pampa: Ley N° 2349 (septiembre de 2007): Prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro en cualquier etapa minera.
San Luis: Ley N° 634 (octubre de 2008): Prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procesos mineros metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
Córdoba: Ley N° 9526 (octubre de 2008): Prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas como así también la actividad minera de minerales nucleares tales como el uranio y el torio.
Tierra del Fuego: Ley N° 853 (agosto de 2011): Prohíbe la utilización de una serie de sustancias tóxicas en los procesos mineros cualquiera sea el método extractivo utilizado.
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