Enagás inició un arbitraje contra el Estado peruano por US$511 millones. El proceso duraría cinco años, asegura un especialista. El Estado trabaja en un nuevo proyecto para llevar gas al sur.
Enagás informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que inició un arbitraje contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para recuperar los US$511 millones que invirtió en el gasoducto sur peruano (GSP).
Enagás aseguró que el monto involucrado en la demanda solo incluye la inversión en el megaproyecto, y no otros aspectos como intereses o lucro cesante.
“El transcurso de los seis meses de trato directo, previos al arbitraje, sin que haya sido posible llegar a un arreglo amistoso sobre la controversia existente ha motivado la decisión de [Enagás] de iniciar el arbitraje internacional”, precisó la empresa en un comunicado. Asimismo, proyectó que la inversión realizada en el GSP se recuperaría en un plazo estimado de tres años.
En el mismo documento, la compañía dijo que tiene confianza en alcanzar un acuerdo que ponga término al procedimiento arbitral y, por ello, afirmó que se pone a disposición del Estado peruano para alcanzar un arreglo amistoso.
El proyecto GSP, en el que la firma española tenía como socios a Odebrecht y Graña y Montero, culminó en enero del año pasado por no contar con la financiación necesaria para terminar la obra, según los plazos estipulados en el contrato original.
Tras el anuncio, el diario El Comercio se comunicó con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem). Representantes de ambas entidades indicaron que no brindarían declaraciones por el momento.
Un proceso arbitral internacional como el mencionado tiene una duración aproximada de cinco años, indicó Huáscar Ezcurra, socio de Bullard, Falla, Ezcurra +.
El siguiente paso del proceso sería elegir a los tres árbitros, explicó Christian Chávez, socio de Baxel Consultores. Uno es designado por la empresa, otro por el Estado Peruano, y entre ambos, se elige al presidente del tribunal. De no haber acuerdo, el Ciadi se encargará de este último nombramiento.
Por lo general son los abogados que manejaron la etapa del trato directo los que se encargan de la defensa del Estado ante el Ciadi, dijon Ezcurra,
“Se trata, quizá, de uno de los montos negociados más grandes. En mi experiencia, he visto [procesos que comprometen] entre US$60 y US$80 millones” agregó Chávez. Ezcurra coincidió en que, se trata de un monto significativo.
En junio, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó que a finales del 2018 el Ejecutivo tendrá lista una nueva hoja de ruta para el desarrollo del gasoducto. El referido documento determinará si el gasoducto mantiene el diseño y trazo actual, o si lo modificará de forma significativa para hacerlo técnica y económicamente más viable.
Para lograr este objetivo, Pro Inversión ha contratado a la consultora Mott MacDonald, que trabaja en base al nuevo proyecto del Minem: el Sistema Integrado de Transporte de Gas del Perú.
“En julio próximo nos reuniremos con la consultora que elabora el nuevo plan para ver qué adelanto nos puede dar” comentó Ísmodes durante su presentación en el foro Perú Energía 2018.
Aseguró que la propuesta integral comprenderá la nueva inversión estimada, además de las rutas del ducto, y adelantó que la consultora evalúa otro trazo para el ducto y la inclusión de gasoductos virtuales (transporte del gas en camiones).
Este proceso es el segundo arbitraje internacional contra el Estado peruano este año. El primer pedido lo realizó Andino Investment Holding como parte de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, debido a la resolución del contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco, que ganó en el 2014 pero fue resuelto en julio del 2017.
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