La organización sindical habría solicitado modificar 62 puntos del actual contrato colectivo, mientras que la empresa apela a mantener los actuales beneficios. A la fecha han cerrado el 21% de los temas.
Las posiciones entre el Sindicato de Minera Escondida -el más grande de la minería privada chilena- y la empresa perteneciente a BHP, están alejadas.
Así lo evidenció una presentación con el detalle de las propuestas de la minera y los comentarios del sindicato a la cual tuvo acceso el diario PULSO, en la que se sostiene que a casi un mes de iniciado el nuevo proceso de negociación colectiva sólo se ha alcanzado acuerdo en el 21% de los temas.
“Los dirigentes sindicales no se involucran en el proceso de negociación, ya que nuevamente la está llevando el asesor (Marco López). El sindicato pretende modificar 62 puntos del actual contrato colectivo, mientras que la compañía quiere mantener el contrato actual y negociar el bono por término de negociación en función de cambios menores” dice una fuente cercana a las conversaciones, que explica que comúnmente en estos procesos lo normal es cambiar tres o cuatro puntos del contrato.
“A simple vista ya se puede apreciar que la estrategia del sindicato o del asesor en este caso, es llevar a los trabajadores a una nueva huelga” añade.
La huelga partiría en agosto y sería la segunda en menos de dos años, luego que en marzo de 2017 la operación estuviera paralizada por 43 días.
La presentación detalla 10 aspectos: la definición de trabajador; el bono por resultados excepcionales, los montos pagados por prácticas operacionales, la licitación del plan de salud a una isapre, la gestión documental, la reajustabilidad futura, la extensión de beneficios, la jornada excepcional, el plazo del contrato, y el bono por término de negociación (ver tabla). De estos, el único en que existe acuerdo es en el del plazo del contrato, situado en 36 meses.
Uno de los puntos más relevantes es el bono por término de negociación. En ese sentido, el sindicato señala que “la empresa plantea que el monto final, estará asociado al eventual acuerdo en los cambios de cinco puntos” los que son: extensión de beneficios (quiere que estos sean para todos los trabajadores, aunque no estén sindicalizados); prácticas operacionales (relacionadas a un pago de $10.582 por cada jornada diaria registrada y efectivamente trabajada, sujeto a condiciones); bono por resultados excepcionales; la renovación de jornada excepcional; y la licitación del plan de isapre.
En su petitorio, el sindicato solicitó un reajuste de 5% y un bono por término de negociación equivalente al 4% de los dividendos de 2017, es decir, unos $ 25 millones por trabajador.
“Resulta tremendamente difícil asegurar la disposición al entendimiento con una amenaza inminente de paralización”. Con esas palabras el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, respondió a los trabajadores de la división Chuquicamata, que a través de los sindicatos 1,2 y 3, anunciaron una próxima paralización en la operación ubicada en las cercanías de Calama.
Mediante una carta dirigida a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), el ejecutivo también se mostró sorprendido por la decisión, dado que el 18 de junio mantuvo una reunión con los dirigentes de dichas organizaciones sindicales, precisó Pulso.
“Considero incomprensible que en los días inmediatamente posteriores a dicha reunión, las directivas de los sindicatos 1,2 y 3 de la división hayan convocado a un paro de actividades (…) Esta actitud no colabora en nada con la construcción del diálogo (…) y entorpece seriamente la construcción de los acuerdos respecto de esa división” indicó.
En la misiva, Pizarro también se hizo cargo de una serie de consultas hechas por la FTC a través de otra carta, en la que entre otras cosas, se cuestionan las relaciones laborales y la reformulación o encarecimiento de proyectos como el de la modernización de la fundiciones para cumplir con la norma ambiental, proyecto que según el texto pasó de US$1.217 millones a US$2.140 millones de inversión.
“Las ingenierías conceptuales se concretan con una anticipación de, a lo menos, 10 años al inicio de las primeras obras en terreno, por lo que no es inusual que los proyectos deban ser reformulados en un horizonte de vida tan amplio. A lo anterior, se debe sumar el efecto generado por el súper ciclo de precios del cobre que encareció drásticamente los costos de materiales y servicios” dijo.
El conflicto en Chuquicamata se relaciona con la transformación a mina subterránea, proyecto que requiere la salida de 1.700 trabajadores.
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