Argentina tenía planificado eliminarlos en 2019. Sin embargo, por una suba del dólar mayor a la esperada, las compañías del sector creen que Macri se propondría alcanzar esa meta en 2021.
Durante su gestión como ministro, Juan José Aranguren defendió el "sendero tarifario" a capa y espada. El ex funcionario impulsó aumentos en las facturas de luz y gas con el objetivo de disminuir subsidios. Su meta era eliminar por completo las subvenciones estatales hacia diciembre de 2019. Sin embargo, en las empresas energéticas creen que el gobierno se encamina hacia una desviación del mojón que pretendió plantar desde febrero de 2016, cuando comenzaron los incrementos.
La nueva hoja de ruta que manejan varias compañías del sector -muy golpeadas en las recientes caídas bursátiles- es que los subsidios no solo no terminarán en 2019, sino que se extenderán hasta 2021, precisó Clarín.
El titular de Energía, Javier Iguacel, solo tuvo un encuentro protocolar con firmas energéticas. De allí fue a una reunión con su par estadounidense, Rick Perry, en los Estados Unidos. El funcionario aún no realizó declaraciones públicas, salvo el día que asumió. Allí reafirmó que seguirán los incrementos.
Se avecinan las revisiones semestrales en las tarifas de luz y gas y el escenario es diferente al pensado por el Poder Ejecutivo cuando comenzó a construir el "sendero". El peso perdió más de un 60% de valor desde la última corrección de los servicios, anunciada en noviembre y ejecutada desde diciembre. Si el Poder Ejecutivo quiere bajar las subvenciones y reflejar la devaluación, la suba debería estar en torno al 80%.
El sector no está en llamas, pero se resintió la cadena de pagos: las distribuidoras no pueden abonar sus costos con un dólar a $ 28, ya que su previsión de ingresos era con una divisa en torno a los $ 22, recién para octubre. Las petroleras, que son las mayores productoras de gas, ya conversaron sobre el tema con la Casa Rosada.
Aranguren había batallado -con la anuencia del presidente Mauricio Macri- por devolverles marcos regulatorios a luz y gas, a la vez que señaló un camino de remuneraciones a los productores (en especial de gas, que se importa en el invierno) que sean atractivas para generar inversión. Esos precios "mayoristas" parecen estar destinados a ser modificados, según comentan varios ejecutivos del sector.
El precio de producir gas conforma un 40% de las facturas. Un 32% es por los márgenes de distribución de las empresas que lo llevan a hogares. El resto es impuestos.
Desde abril de 2018, las facturas de los usuarios reflejan un precio promedio ponderado de US$ 4,68 por millón de BTU (la unidad de medida del sector). Ese monto aún es insuficiente para cubrir los US$ 6,80 que el ministerio de Energía estableció como precio de referencia para el final del mandato de Macri. Ese valor comenzó a ser cuestionado por técnicos del radicalismo, poco tiempo después que el Poder Ejecutivo pusiera a la venta su parte en Transener, operación resistida por el socio de PRO en Cambiemos.
El Estado argentino todavía subsidia un 31% del costo del gas. El próximo mojón -o el anunciado por Aranguren a fines de 2017- era la reducción del subsidio estatal a un 23% del costo del gas. Eso suponía un incremento, porque la demanda tenía que desembolsar lo que dejaría de pagar el Estado.
La devaluación alteró todos los planes. Ni en la más pesimista de las proyecciones de las distribuidoras de gas estaba a un dólar por arriba de los $ 28. Allí, el calculo era que tendrían que pagar $ 22 hacia octubre, cuando terminan de abonar lo que requieran en invierno. El desfasaje generó que las distribuidoras tengan inconvenientes para pagar sus propias facturas.
La próxima recomposición prevista para las distribuidoras debía reflejar la inflación de 6 meses (abril-septiembre). El último aumento -entre diciembre y abril- superó el 70%.
Para seguir con el esquema presentado por el gobierno a fines de 2017, los hogares tenían que pagar alrededor de US$ 5,26 (casi $ 150) desde octubre por el precio del gas en si mismo. En cumplimiento de ese cronograma, se llegaría a un subsidio estatal anual de US$ 2.000 millones en servicios (en 2015 era de US$ 8.000 millones).
Cuando las cotizaciones de las empresas argentinas en Wall Street recibieron la recomendación de ser consideradas "emergentes" allí estaba explícito que MSCI podía revisar su posición si las autoridades argentinas introdujeran cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado, como el control de capitales o de divisas"
El nuevo Ministro de Energía se refirió a los incrementos en el valor de los servicios públicos. "Si no se hubieran dado las correcciones tarifarias hoy tendríamos un déficit fiscal que era imposible de manejar", planteó
El flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, señaló que el Gobierno volverá a actualizar el valor de las boletas de luz y del gas: "Debemos seguir con una corrección", planteó a Infobae.
Luego explicó que "la luz y el gas tienen tres componentes en la factura. Uno que es la energía en si misma, producir, el otro es el transporte y el otro la distribución. Del transporte y la distribución, las tarifas ya están corregidas. Ya no hay más aumento salvo la corrección por inflación. Que es la mitad de la boleta".
En la misma línea, aseguró que la otra mitad de la boleta está compuesta "por el costo de generación" y advirtió que en ese sentido "todavía tenemos un costo muy grande porque seguimos importando".
"La diferencia entre lo que nos cuesta y pagamos es de 2 a 1. Nos cuesta el doble de lo que estamos pagando. Ahí debemos seguir con una corrección", indicó durante una entrevista con el programa La Cornisa en América.
"El Presidente nos dijo que hay que mantener las reglas de juego y estar integrados al mundo. Generar competencia y que haya una economía sana. Pero también nos pidió que nos aseguremos que la gente y las pymes puedan afrontarlas", sostuvo el funcionario sobre la modificación de las tarifas.
Por otra parte, afirmó que "hay una oportunidad de usar la competencia y hacer una transformación más rápida para que los productores de gas compitan" y no tenga que ser "el Estado el que compra y vende". "La intención es que entre ellos compitan para bajar el precio de la energía a dos, tres o cinco años y tengamos tarifas competitivas", destacó.
Además, Iguacel informó que "hay muchas empresas distribuidoras que están dispuestas a hacer una corrección más baja que la inflación". Sin embargo, no especificó cuál será el porcentaje del aumento en las tarifas.
Por último, se refirió al aumento de las naftas y dijo que en Argentina hay "libre mercado" y en esa línea, aseguró que "hubo un intento de hacer un acuerdo" pero "fue muy difícil porque el barril de petróleo aumentó del año pasado a este y seguimos importando".
"Les dije a los señores de YPF que juzguen y pongan el precio que corresponda. Y ellos pusieron el precio de combustible teniendo en cuenta cuidar a sus clientes y seguir invirtiendo para desarrollar el enorme potencial que tenemos", señaló.
Iguacel asimismo afirmó que Argentina "tiene la nafta más barata de la región" y realizó la comparación en pesos argentinos con los países limítrofes. "En Uruguay hoy está a 45 pesos el litro, el Brasil unos 38 pesos, en Chile cuesta entre 40 y 45 pesos. En el mundo es más cara", cerró.
FP Jc
