El Instituto Estadounidense para el Acero, que aglutina a firmas consumidoras de la materia prima, aduce que la facultad para imponer aranceles de seguridad nacional vulnera la separación de poderes de Estados Unidos.

El Instituto Estadounidense para el Acero interpuso una demanda en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos alegando la inconstitucionalidad del establecimiento de aranceles a las importaciones de acero por parte del presidente Donald Trump.

“(La medida) constituye una delegación indebida de autoridad legislativa al presidente, en violación del Artículo I, sección 1 de la Constitución y la doctrina de la separación de poderes y el sistema de controles y equilibrios que protege la Constitución” argumentó.

Según el recurso legal interpuesto, el presidente está autorizado por la concesión abierta de poderes en la sección 232 para hacer lo que hizo respecto de las tarifas del acero: leer la sección 232 como le plazca, elegir entre las alternativas presentadas, sin límites basados en la evidencia presentada y sin necesidad de explicar sus decisiones cambiantes o defenderlas en un tribunal de justicia, detalló El Economista. 

“La legislación presidencial de ese tipo simplemente no está prevista en la Constitución de los Estados Unidos y su sistema de separación de poderes y controles creados, y en consecuencia, el artículo 232 es inconstitucional por esa razón también” añade.

Estados Unidos anunció el 8 de marzo que fijaría aranceles globales de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, argumentando preocupaciones de seguridad nacional, y otorgó a 34 países exenciones, las cuales mantuvo a cambio de límites a través de cupos para los casos de Brasil, Argentina, Corea del Sur y Australia, mientras las extendió sólo hasta el 1 de junio para México, Canadá y las 28 naciones de la Unión Europea. Inicialmente, estas tarifas entraron en vigor el 23 de marzo.

La sección 232 ordena al presidente que presente al Congreso una declaración escrita de “las razones por las cuales el presidente ha decidido tomar medidas” dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se realizan tales determinaciones.

Si bien la ley permite que el Congreso apruebe una resolución conjunta de desaprobación de acciones que adopta el presidente, esta disposición se limita a casos en que el Presidente ajuste “importaciones de petróleo o productos derivados del petróleo” y, por lo tanto, no se aplica a las investigaciones de acero y aluminio.

El Congreso podría, sin embargo, aprobar otra legislación. De acuerdo con el marco legal estadounidense, el Congreso está autorizado para recaudar ingresos a través de aranceles para regular el comercio internacional y tiene la autoridad para hacer todas las leyes que sean necesarias y adecuadas para llevar a cabo estos poderes.

En el contexto de las nuevas tarifas sobre acero y el aluminio, el Congreso estadounidense podría aprobar una legislación que imponga un remedio comercial diferente, y también podría enmendar o derogar la sección 232. Algunos esfuerzos legislativos están en marcha, pero cualquier acción de ese tipo en la parte del Congreso estaría sujeta al veto del presidente.

Los miembros de AIIS, que incluyen a los demandantes Sim-Tex y Orban, tienen varias conexiones comerciales con los productos de acero importados que están sujetos al aumento de tarifas de 25% impugnado en el recurso de inconstitucionalidad.

Esos miembros incluyen compañías que usan acero importado en la fabricación de sus propios productos, comerciantes, importadores, exportadores, autoridades portuarias y sindicatos, entre otros, todos los cuales han sido y seguirán siendo afectados por el aumento de 25% en los aranceles sobre los productos de acero importados.

Los miembros de AIIS manejan, importan, envían, transportan o almacenan 80% de todos los productos básicos de acero importados en Estados Unidos.

FP/JC