El TOF 3 abrió los plazos para que las partes ofrezcan pruebas, en el marco de la causa en la que se investiga un millonario fraude contra la AFIP. Es la etapa previa a fijar fecha del juicio.

El Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, citó formalmente a juicio en la causa en la que Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray están acusados de un fraude millonario contra la AFIP. Mediante una breve resolución, el tribunal le dio intervención a las partes para que ofrezcan pruebas. Es una etapa previa a fijara la fecha del juicio oral.

"Habiéndose dado cumplimiento con la verificación de las formalidades de la instrucción –art.354 ab initio, ley 23984 y mods.- y que se cuenta con la solicitud de la defensa de los acusados detenidos Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa por ir a debate, según constancia de fs. 5574/79, cítese a juicio atodas las partes", dice la resolución del TOF 3 publicada en el CIJ.

Hace apenas dos semanas, el juez Julián Ercolini había clausurado la instrucción en la causa en la que dos empresarios y el ex titular del organismo recaudador enfrentan cargos por defraudación contra la administración pública debido a la evasión de más de $8.000 millones en impuesto a los combustibles líquidos.

La operatoria consistía en no exigirle a la empresa Oil Combustibles el pago del ICL (que la petrolera cobraba a los consumidores cada vez que cargaban combustible), permitiendo que se acumulara una deuda millonaria, luego le concedía facilidades de pago tanto generales como particulares, lo que generó una deuda de 8.926 millones de pesos.

Con esas sumas, los empresarios financiaban las otras sociedades comerciales que integran el grupo Indalo.

La sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó la recusación que, patrocinados por el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, habían planteado los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabían de Sousa para intentar apartar al juez Javier Cosentino de la quiebra de la petrolera Oil Combustibles y de todos sus expedientes conexos.

De esta manera, el ex funcionario kirchnerista ganó un par de semanas en su estrategia de atrasar la causa, según interpretaron las fuentes judiciales consultadas por Clarín. Si bien ahora podrá presentar un recurso extraordinario para intentar que la Corte Suprema revise su planteo, lo que eventualmente le daría un mes más para demorar el caso, el juez ya recibió el expediente de manos de su colega Marta Cirulli y volvió activarlo.

Las fuentes recordaron que la Corte no interviene en este tipo de situaciones y que sólo lo hace ante "sentencias definitivas o equiparables a tales". Aún así, pese a perder en el planteo, con contundentes argumentos por parte de la Cámara, López, De Sousa y Fernández, tienen diez días para presentar el recurso extraordinario y, una vez interpuesto, lograrán un nuevo freno de alrededor de un mes en la tramitación del expediente.

Como seguramente, la Cámara le denegará el recurso extraordinario, Fernández podrá presentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal, pero en ese caso no se suspendería la sustanciación de la quiebra, según explicaron las fuentes consultadas por Clarín.

En coincidencia con el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, los miembros de la sala D de ese tribunal, Gerardo Vassallo, Juan Garibotto y Pablo Heredia, opinaron que no hay razón para dudar de la imparcialidad de Cosentino y prácticamente demolieron los argumentos del ex jefe de Gabinete en nombre de López y De Sousa.

Los detenidos empresarios alegaron que no confiaban en el juez porque él está ternado para ascender a camarista y depende de la firma del presidente Mauricio Macri para que su pliego sea elevado al Senado, siendo que el Gobierno participa en el expediente a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Oil Combustibles le debe más de 16 mil millones de pesos al Fisco.

"De admitirse tal causal recusatoria se habilitaría a que todo juez que interviene en una causa de trascendencia pública o mediática en la que el Estado sea parte o tenga algún tipo de interés deba apartarse de ella por el solo hecho de haberse inscripto o estar participando de un concurso judicial cuya surte dependa, en mayor o menor medida, de la actividad del Poder Ejecutivo Nacional", dijeron los camaristas en una resolución a la que Clarín tuvo acceso.

Además, la Cámara de Apelaciones recordó que Cosentino se había presentado al concurso ante el Consejo de la Magistratura un año antes de que se le asignara intervenir en el entonces concurso de acreedores de Oil Combustibles. Cosentino es el juez que decretó la quiebra de la firma luego de fracasar el salvataje de la misma para mantenerla en concurso de acreedores. Actualmente es administrada por la petrolera estatal YPF, en alianza con la empresa Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA).

Pero también los camaristas rechazaron el argumento de que Cosentino hubiera tomado sus decisiones en el expediente para quedar bien con el Gobierno y ser ascendido a camarista al recordar que ellos mismos ratificaron todas ellas.

Una de las principales preocupaciones y objeciones de López y De Sousa, con la asistencia legal de Fernández, eran y son las empresas de medios de comunicación adquiridas con los fondos que retuvo al Fisco, según denunció la AFIP y se determinó provisoriamente en la causa penal por las que están presos. Es que Cosentino anexó a la quiebra de Oil los 27 concursos de otras empresas del Grupo Indalo, 14 de ellas de medios de comunicación, incluido el canal de noticias por cable C5N.

"Los quieren mantener para sostener el discurso del kirchnerismo en la próxima campaña electoral", evaluó una fuente con acceso a la causa en referencia a la elección presidencial del año que viene y la supuesta afinidad de C5N y los otros medios con el discurso político opositor al actual gobierno de Mauricio Macri.

FP