El sector hidrocarburos vuelve a ponerse en alerta. Cuando apenas ha transcurrido un mes de la derogación de los decretos supremos de los contratos ‘offshore’ de Tullow, las empresas tornan a expresar su consternación, esta vez, por una norma que consideran mucho más peligrosa aún para la inversión.
Se trata del D.S. 004-2018 del Ministerio del Ambiente (Minam), que otorga a los gobiernos regionales la responsabilidad absoluta de elaborar y aprobar los planes maestros de las áreas de conservación regional (ACR).
“Si después del Caso Tullow las grandes petroleras decidieran no venir al Perú, con esto se pararán las inversiones”, dijo Marco Vásquez, gerente de Operaciones de Repsol Perú, en el foro Perú Energía 2018, hace un par de semanas, detalló El Comercio.
¿Por qué es esto tan grave para las empresas petroleras?
Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), el D.S. 004-2018 genera “una grave afectación” a todos los lotes de exploración y explotación petrolera que colindan o se interponen a Áreas de Conservación Regional (ACR).
Dos motivos; En primer lugar, porque elimina la opinión vinculante del Sernanp en la elaboración de los planes maestros de las ACR, que son los documentos que determinan la inclusión o exclusión de actividades económicas en dichas áreas.
Para la SPH eso significa otorgar un “arma” a los gobiernos regionales opuestos a los proyectos extractivos, por cuanto estos podrían usar dicha prerrogativa para implementar zonificaciones opuestas a la inversión privada.
Y un segundo motivo es que la norma elimina el consentimiento escrito del titular del derecho preexistente, en los casos en los que un gobierno regional decida implementar zonificaciones excluyentes de la inversión.
“Antes de la emisión de este decreto supremo se requería el consentimiento expreso de los propietarios de los predios privados. Ahora se ha eliminado ese requisito, con lo que se desprotege los derechos adquiridos previamente”,anota Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) considera que las manifestaciones de las empresas mineroenergéticas son excesivas porque su representada –autora del decreto– no ha cambiado la ley.
“Solo estamos fortaleciendo a los gobiernos regionales para que lideren la función que siempre han tenido [de elaborar los planes maestros de las ACR] sin la supervisión del Sernanp. Las empresas petroleras se adelantan al considerar que se hará mal uso de esta prerrogativa”, aclara.
Agrega que el D.S. 004-2018 no amenaza los derechos preexistentes de las empresas extractivas porque una norma de menor jerarquía como esta no puede derogar las leyes que protegen los derechos de propiedad.
“Si un gobierno regional hace mal uso de la norma, el propietario privado tiene todo el derecho de cuestionar dicha decisión por la vía administrativa o judicial, como lo hace todo ciudadano de a pie”, señala Gamboa.
De la Flor anota, sin embargo, que todo esto podría desembocar en contenciosos judiciales y en arbitrajes entre el Estado Peruano y las empresas extractivas, lo cual podría evitarse.
FP/JC
