Iguacel planteó a gasíferas que será imposible trasladar la devaluación a tarifas. Buscan que la solución surja de renegociación entre productoras y distribuidoras.

Con la meta de ajuste fiscal en mente, principalmente en lo que concierne al recorte en los subsidios energéticos, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, recibió a su par de Energía, Javier Iguacel, en la primera reunión de coordinación que mantuvieron. Se comenzó a trabajar en temas de tarifas y combustibles, aunque aún no hay definiciones, dijeron desde Hacienda al término del encuentro y también que "prima el criterio fiscal" sobre si puede darse la posibilidad de una suba más lenta o gradualismo en las actualizaciones tarifarias.

De acuerdo con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año se deben disminuir los subsidios en un monto equivalente a un 0,3% del PBI. Si bien mes tras mes venían con recortes en las variaciones interanuales las erogaciones en subsidios, la suba del dólar de mayo se tradujo en la primera alza dentro del rubro: creció 21% frente a mayo de 2017y, se estima que volverá a impactar en los números fiscales de junio.

Desde el Gobierno evalúan subas más lentas en las tarifas, no queda en claro quién se haría cargo del impacto monetario. De acuerdo con fuentes citadas por El Cronista, en los primeros encuentros con directivos de las empresas de gas, Iguacel les planteó que será imposible trasladar la devaluación a las tarifas y abogó por encontrar una salida que implique mayor gradualismo.

"Existe la idea de estudiar un equilibrio y darle continuidad a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) pero sin desatender a la gente" explicó un funcionario con conocimiento del contenido de esos encuentros.

El Gobierno alentará que la solución pase por una renegociación de los contratos privados entre las productoras y distribuidoras, sin que implique una intervención estatal. Los acuerdos entre las empresas se firmaron en 2017 con la proyección de un dólar para esta etapa del año de en torno a los $ 20,55, en línea con el Presupuesto que marcaba un tipo de cambio promedio en $ 19,30. Por la devaluación que se inició a fines de abril las distribuidoras empezaron a acumular deudas con las productoras, dada la imposibilidad de cubrir sus costos con un nuevo aumento de tarifas. Ahora se apunta a una indexación a partir de octubre, para que no vuelva a suceder lo mismo en adelante.

Los problemas en la cadena empezaron antes de recambio en Energia. La llegada de Iguacel es un mensaje del Gobierno a las empresas de cambios en el sendero tarifario, según la lectura que hicieron los privados. "Nos dijo que nos quiere conocer y tiene en claro cómo está el escenario" explicaron desde una de las gasíferas.

El próximo ajuste en las tarifas de gas según lo trazado por Aranguren es en octubre, en base a los costos mayoristas (precio del gas) y la actualización del Valor Agregado de la Distribución (VAD), que trasladará la inflación mayorista semestral registrada por el Indec. El Estado ya no destina más subsidios en ese segmento de la cadena, pero expresó que autorizar un incremento en la factura final mayor al 30% es inviable.

JC

Apenas asumido, el ministro de Energía, Javier Iguacel, recibió a distribuidoras y transportistas de gas. Fue una reunión formal de presentación, pero sirvió para que el nuevo funcionario trasmitiera hacia afuera que no va a haber aumentos inmediatos de tarifas. La señal procuró incluso ir un poco más allá como para mostrar que la cartera energética será más flexible que bajo la conducción de Juan José Aranguren a la hora de definir las próximas subas.

En realidad, ya está pautado que recién en octubre se incrementarán de nuevo las tarifas de gas, pero hubo pedidos de las distribuidoras al Enargas para una revisión inmediata porque los costos se incrementaron más de un 20%, como consecuencia del impacto de la devaluación sobre el precio del gas en boca de pozo.

Esas presentaciones buscaron ir sentando precedente para cuando vuelvan a revisarse los cuadros tarifarios. Por el momento, las petroleras facturan el gas en pesos con el valor actual del dólar, pero las distribuidoras lo pagan a un tipo de cambio de $20,65, tal como definió el ente regulador al establecer las tarifas vigentes desde abril último, señaló Ámbito. 

Sólo por la diferencia de cambio, el precio del gas en boca de pozo debería tener un aumento del 40%. Si además en octubre se insiste con pasar a un nuevo escalón en dólares para el producto, el alza para esa parte de la factura llegaría al 70%. Y todavía habría que sumarle el ajuste sobre los márgenes de transportistas y distribuidoras que se calcula según el índice de precios mayoristas del semestre marzo-agosto.

Pero Iguacel no habló de esto con las empresas. Ambas partes saben que primero habrá que ver cómo reacciona el público frente a las facturas de invierno, y todos siguen atentamente la evolución de la temperatura porque el año pasado el clima fue muy benigno y el consumo disminuyó, pero ahora hay datos distintos, lo que llevaría el aumento de bolsillo a más del 100% con relación a la temporada anterior.

Esto significa que antes de octubre, el ministro todavía puede verse obligado a ampliar el exiguo beneficio que habilitó su antecesor y que consiste en permitir pagar en cuotas el 25% de la factura bimestral con un interés del 1,5% mensual.

Pero sobre el aumento de octubre que se empezará a pagar en diciembre no hay nada resuelto todavía. El ministro y el Gobierno esperan que para entonces lo peor ya haya pasado, en cuanto a inflación y caída de la actividad, pero es muy pronto para que hagan definiciones.

Lo que parece improbable es que el Gobierno desista del proyecto de dolarizar los precios del gas, la energía eléctrica y los combustibles. Esto no fue nunca idea exclusiva de Aranguren y forma parte de las ideas económicas de la administración de Macri. Tal vez, si la situación general no mejora, lo que se resigne sean los próximos aumentos en dólares que el exministro había planeado con una tablita de ascensos semestrales para el gas en boca de pozo hasta octubre de 2019, y hasta 2021 en la Patagonia y otras zonas muy frías del país. Y hasta el año próximo en el caso de la generación eléctrica porque ésta en más del 60% utiliza gas.

En cuanto a la diferencia acumulada entre mayo y setiembre por la devaluación, las opciones son dos: se la traslada a la demanda con los cuadros tarifarios de octubre, o se renegocia con las distribuidoras la llamada revisión tarifaria integral que aseguró tarifas para el quinquenio 2017-2021 a cambio de un plan de obras.

Una tercera posibilidad es la combinación de las otras dos: parte se traslada a la demanda y parte queda a cargo de transportistas y distribuidoras. En este sentido, un vocero empresario pronosticó que será el Enargas el que decida cuánto se destina a obras y cuánto a pagar el gas a las petroleras. Esto es así porque también es improbable que el Gobierno modifique los contratos firmados hace menos de dos años al resolverse la revisión integral para transportistas y distribuidoras de gas y electricidad. Expresado de otra forma, no todos harán el mismo esfuerzo: las petroleras tienen asegurado un precio estímulo de u$s7,5 para el gas no convencional como el de Vaca Muerta, cuando los residenciales pagan hoy en promedio u$s4,68. Si se retrasa la actualización en dólares para el gas de los yacimientos maduros, podría desalentarse la extracción en esos pozos, aunque la ganancia obtenida en los no convencionales debería compensar a las petroleras. Por su parte, las distribuidoras y transportistas ralentizarán las obras planeadas, mientras el público, tanto los residenciales como el sector industrial y comercial, tendrá nuevos aumentos aunque estos terminen siendo menos drásticos que los proyectados antes de la crisis cambiaria.

FP