El gobierno revirtió El Coirón I y II porque no se puede explotar debido a que el 65% es parte de La Payunia. Además, multó a YPF.
El gobierno puso fin a un negocio petrolero y les sacó a YPF y a las empresas Ketsal-Kilwer (de Vila-Manzano) un área que se le había adjudicado en 2008.
Por medio del Boletín Oficial, la administración del gobernador Cornejo oficializó la reversión del El Coirón I y II, en Malargüe, debido "a que no tenían antecedentes de actividad ni inversiones y se da por extinguido el permiso de exploración". Un punto que llama la atención en este panorama es que esta medida se toma sin ninguna sanción contra las empresas, informó Los Andes.
Según explicó Santiago Fernández, director de Petróleo de la Provincia, YPF devolvió a la Provincia 4 áreas, Coirón I y II y Pampa del Sebo, y las dos que fueron revertidas a fines del año pasado, que se trata de las áreas San Rafael y Ñacuñán.
En el caso de las dos primeras, y según está redactado, queda extinguido el permiso de exploración y también queda de manifiesto que, a pesar de estar casi 10 años sin realizar las inversiones comprometidas, la Provincia no les cobrará ningún tipo de sanción.
En este punto, Fernández aclaró: “Luego de la concesión dada en 2008 la Provincia tomó algunas medidas ambientales en el área de La Payunia y amplió la reserva natural lo que imposibilitó a la empresa explorar y realizar las inversiones comprometidas a la actividad extractiva. Por eso, la decisión administrativa es aceptar la reversión sin el cobro de penalidad. Algo similar sucede en Pampa, que es una zona vitivinícola con restricciones”.
En las áreas San Rafael y Ñacuñan (Santa Rosa) el Gobierno sí consideró que hay incumplimiento de inversión que superó los 7 millones de dólares. Por ello es que el ejecutivo decidió sancionar a YPF, “ya que la empresa no tenía perspectivas buenas de exploración pero ahí sí se puede explotar”.
La multa, según contó el director de Petróleo, asciende a los 200 millones de pesos. “Este monto aún está pendiente de pago y se irá actualizando con tasas que estipula el contrato. La fecha no tiene vencimiento, por eso es que se va actualizando”, aclaró el funcionario.
Coirón I y II fueron dadas a concesión en 2008 por el Gobierno de Celso Jaque a las empresas de Vila-Manzano Ketsal-Kilwer. Sin embargo, al no poder invertir en la actividad, buscaron un socio que explotara esa zona y ellos obtener una renta.
En este marco es que le fue vendiendo el 70% a YPF para que ésta hiciera el trabajo, 10% a Energía Mendocina y el resto se lo dejaron los empresarios.
YPF no pudo concretar la exploración luego de que extendieran el Área Natural Protegida La Payunia, que hoy alcanza al 65,7% de la superficie del yacimiento, la cual se superpondría con parte de la superficie del permiso de exploración en análisis.
La petrolera manifestó que no pudo explotar el área por este motivo ya que constituye un hecho imprevisto y sobreviniente de fuerza mayor que si bien no afecta el 100% del área, afecta un porcentaje mayoritario.
Se trata de una deuda que la empresa YPF mantenía con el Estado en concepto de regalías hidrocarburíferas de 2005, 2006, 2007 y mayo de 2008.
Mediante un convenio de pago y desistimiento de arbitraje, YPF desembolsó $ 4,3 millones, que dan por terminado un conflicto de vieja data en el que intervinieron la Facultad de Ingeniería en Petróleo, Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno, quienes avalaron un informe técnico realizado por la Dirección General de Regalías de la Provincia que da cuenta de diferencias interpretativas en la fórmula aplicada para calcular el pago de los derechos.
En 2016 se inició el proceso arbitral, pero éste no llegó a una conclusión debido a que las partes alcanzaron una solución de común acuerdo.
De este modo el porcentaje de participación en el referido permiso de exploración quedó conformado por Ketsal SA 10%; Kilwer SA 10%, YPF SA 70% y Energía Mendocina SA 10%.
FP/JC