Nuevo plan del proyecto estaría listo a fin de año. El Ministerio de Energía y Minas evalúa un nuevo trazo para el ducto y la inclusión de gasoductos virtuales.
La construcción del gasoducto sur peruano (GSP) volvió a la agenda del gobierno. El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes afirmó que a fin de año el Ejecutivo tendrá lista una nueva hoja de ruta para el desarrollo de este megaproyecto, que fue paralizado por no contar con la financiación necesaria para terminar la obra.
Ísmodes adelantó que la referida hoja de ruta determinará si el GSP mantiene el diseño y trazo actual, o si la modificará de forma significativa para hacerla técnica y económicamente más viable.
El plan original contempla una inversión de US$7.329 millones para la construcción de una tubería de 1.000 km que permitiría el transporte del gas natural del yacimiento de Camisea (Cusco) hacia la costa sur del país.
“En julio próximo nos reuniremos con la consultora que elabora el nuevo plan, para ver qué adelanto nos puede dar”, comentó Ísmodes durante su presentación en el foro Perú Energía 2018.
El ministro indicó que la nueva propuesta integral del GSP incluirá la nueva inversión estimada, además de las rutas del ducto. Ísmodes adelantó que la consultora baraja todas las posibles opciones para el megaproyecto, incluyendo un nuevo trazo para el ducto y la inclusión de gasoductos virtuales (transporte del gas en camiones).
Pro Inversión ha contratado a la consultora Mott MacDonald para identificar cuál es la mejor opción para llevar el gas al sur. Como se recuerda, entre los principales cuestionamientos al proyecto estaban su costo, rentabilidad y la poca certeza sobre la oferta y demanda del gas para abastecerlo.
A su turno, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, aseguró que el objetivo del estudio es analizar todas las alternativas posibles para determinar “si se realiza el mismo proyecto o, de otra forma, lo que implicaría mantener el trazo del ducto o acortarlo, y complementarlo con un gasoducto virtual [transporte del gas en camiones] o hacer un mix de ambos”.
El proyecto se encuentra judicializado por cerca de US$2.000 millones, que es la inversión que el consorcio del gasoducto sur peruano –conformado por Enagás, Odebrecht y Graña y Montero– afirma haber gastado en su avance del proyecto.
El año pasado, documentos de la contraloría obtenidos por “Perú 21” dieron cuenta de que la reserva de gas natural para el GSP eran de solo dos TCF (trillones de pies cúbicos), insuficientes para hacer viable esta megaobra.
De acuerdo con la contraloría, la consultora Wood Mackenzie estimó para Pro Inversión que el costo del GSP sobre los valores proyectados de demanda y de reservas de gas natural y de líquidos de gas natural en el modelo económico financiero que sustentaba la sostenibilidad de la obra por 30 años era de US$3.800 millones. El proyecto finalmente fue licitado por U$7.329 millones.
Además, la contraloría detectó en el informe presentado por Wood Mackenzie que solo se cita información de las reservas probadas de gas natural por 13,9 TCF en el yacimiento Camisea, correspondientes a los lotes 56 y 88.
Sin embargo, el gas que sería destinado para ser transportado por el GSP no provendría principalmente de estos lotes, sino de los campos 57 y 58 –entonces a cargo de Petrobras– que consignaba como reservas “probables” (con un grado considerablemente menor de certeza) de solo 2,3 TCF.
En el 2013, Petrobras vendió estos lotes a la petrolera estatal china CNPC, la cual anunció en noviembre del 2016 la existencia de 3,9 TCF de reservas comerciales, estimadas a través de exploración sísmica. A partir de febrero del año pasado, la empresa inició la fase de desarrollo y perforación de pozos exploratorios.
El presidente de Perú-Petro, Seferino Yesquen, afirmó a El Comercio que en la actualidad, las reservas probadas de gas en el país son de casi 16 TCF, lo que consideró suficiente para el gasoducto.
No obstante, subrayó que hay que pensar en cómo reponerlas porque los últimos cuatro pozos perforados en los lotes 57, 76 y 88 fueron secos.
“Eso no significa que ya no hay gas, sino que los factores de éxito comienzan a decrecer. Por tanto, hay que redoblar la exploración”, concluyó Yesquén.
Por César Gutierrez Peña
Al término del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) el 23.01.2017 por no haberse concretado el cierre financiero, el gobierno de PPK tendría que haber tenido clara la decisión que se tomaría respecto a los bienes registrados a nombre del concesionario. Debería haber definido si debía reconocer los activos referidos.
A tan solo ocho días del término del contrato, se emitió el Decreto de Urgencia (DU) 001-2017 el cual se refiere a una próxima transferencia al sector privado y ordena a Osinergmin contratar un administrador de los mismos.
La decisión tomada, reforzaba el “hecho de importancia” enviado por Graña y Montero SAA a la Supervisora del Mercado de Valores (SMV) el 24.01.2017, donde afirmaba que con la recaudación mínima de la venta de bienes cubriría el 95% de lo invertido en el GSP. Esta comunicación paralizó la caída de la cotización de su acción que el día de la terminación del contrato había descendido 36 % respecto al máximo valor registrado el 02.01.2017. No solo eso, originó que la cotización se recuperase en un 18 % respecto al día anterior.
Durante la gestión de Cayetana Aljovín en el Ministerio de Energía y Minas, los diarios dieron cuenta de que el Estado desconocería el valor de los activos por haber sido adquiridos antes del cierre financiero. Esto motivó que uno de los socios del concesionario, la española Enagás, haya iniciado un proceso contra el Estado, en la Dirección General de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, con miras a ir a un arbitraje en el Ciadi, al que debería ser elevado en este mes.
Las cosas se complican más aún, el contrato de la empresa administradora Estudios Técnicos SAS, que le ha significado al Estado un costo de 46.9 millones de dólares (MMUS$), finalizó el 10 de los corrientes. Corresponderá al gobierno decidir por la renovación del mismo. De hacerlo, se reforzará la posición del concesionario, pues sería la confirmación de que el Estado reconoce que tiene a su cargo los bienes de la concesión, lo que significaría que el laudo del Ciadi tenga grandes probabilidades de salir en desmedro nuestro con una cuantía del orden de 2,700 MMUS$. La dupla Villanueva-Vizcarra tiene la decisión.
FP
