El juez Ercolini cerró la investigación por el mega fraude al Estado con la petrolera Oil, por $ 8000 millones. Ahora la AFIP reclama 20.000 millones.

El juez Julián Ercolini dio por cerrada la instrucción y elevó a juicio oral y público la causa contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el delito de defraudación agravada a través de su petrolera Oil Combustibles. Es el primer expediente en el que el empresario vinculado a Cristina Kirchner es enviado a juicio junto a su socio.

Los dueños del Grupo Indalo están presos por esta causa, por la que deberán enfrentar junto a Echegaray la próxima instancia en la justicia.​ Cristóbal López está acusado de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, informó Clarín. 

Hace poco más de un mes, el fiscal Gerardo Pollicita pidió la elevación de la causa, remarcando que no es ajena a la investigación por una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, ni del expediente que sigue el direccionamiento de la obra pública a empresarios como Lázaro Báez. Pollicita cree que hay una “matriz de corrupción” que dio “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente" a los Kirchner. Entre ellos, está López.

La Justicia sostiene que los empresarios kirchneristas se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Ricardo Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa.

Según la resolución del juez Ercolini, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

Para el fiscal como para el Magistrado, hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda" del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma "indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

La maniobra contó con la intervención de Echegaray como cabeza de la AFIP, acusado de ser autor de la defraudación. Según el fiscal, Echegaray diseñó y puso en marcha un circuito por el cual desde el ente recaudador, “deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto”. Esto generó que se acumule una deuda millonaria con el Estado con facilidades de pago que fueron calificados de “ilegales”.

La petrolera contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero por el contrario López y De Sousa “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco" y las entregaban en "concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”. Al pedir la elevación a juicio que consideró Ercolini, la fiscalía analizó cada uno de los planes de facilidades de pago que fueron adjudicados al empresario "de manera ilegal e irregular".

FP/JC