Julio Ponce no solo retorna como asesor de la compañía. Tras los últimos movimientos de Kowa y el acuerdo bilateral entre Corfo y Grupo Pampa, este último puede recuperar el voto dirimente. Así, Ponce vuelve en gloria y majestad, con una mayor injerencia en las decisiones del directorio.

Solo el guionista de “La Casa de Papel” podría haber escrito una saga tan bien estructurada como la de SQM. Todo calza perfecto, no hay ni una pieza que se salga de su lugar. Y cuando se cree que todo está resuelto, hay un cabo suelto (en que una de las partes no reparó) que abre otra dimensión y cambia la historia.

A la luz de lo que ha acontecido en los últimos días, se puede decir que todo se hizo “fríamente calculado” para que Julio Ponce volviera a SQM sin esperar los 12 años impuestos en el acuerdo con Corfo. Para ello no solo fue clave el contrato con Corfo de diciembre de 2017, que permitió a los hermanos Ponce acceder a la figura de asesor estratégico. También lo fue un “viejo amigo de Ponce”: Kowa.

Los japoneses, que hasta abril de 2017 tenían un acuerdo de actuación conjunta con el grupo Pampa, dejarán a Ponce conseguir otra cosa que le estaba vedada, recuperar el voto dirimente del presidente de la firma, informó Pulso. 

El punto de partida

La historia se inició en abril de 2017, cuando los accionistas de las Cascadas, PCS (hoy Nutrien) y Kowa, firmaron convenio de gobiernos corporativos que acodaba que tanto las sociedades controladas por Julio Ponce (Cascadas o Grupo Pampa) como los canadienses y los japoneses de Kowa voten en conjunto, eliminando la figura del voto dirimente del presidente del directorio de SQM, que era lo que permitía a Julio Ponce tener el control de SQM, sin mediar una mayor participación en la propiedad. En el convenio, las partes se comprometían a realizar todos los actos a su alcance para asegurar que ninguna materia sea aprobada por el directorio de SQM a menos que sea positivamente aprobada por al menos cinco de sus miembros; y a que el presidente del directorio de SQM no ejerza un voto dirimente. En ese momento el presidente de la compañía era Eugenio Ponce, lo que hacía que Julio tener a un hombre de extrema confianza en el lugar más estratégico.

Este acuerdo de abril 2017 es clave para lo que vino después, porque fue con este documento que Patricio Contesse Fica (director de SQM y en ese momento principal ejecutivo de las sociedades cascadas) y José María Eyzaguirre (representante de PCS), fueron a tocar la puerta de Eduardo Bitran. Fue el paso decisivo para sentarse con Corfo a negociar la paz.

El acuerdo de diciembre

Vinieron meses de negociaciones intensas. Llegó el 16 de octubre de 2017 con un acuerdo listo, Corfo conseguía un contrato favorable en términos técnicos y operativos del Salar de Atacama, sin embargo, la imposibilidad de la administración de SQM de garantizar que Ponce dejara el control hizo caer todo. A mediados de noviembre, Bitran con la cuenta regresiva, dado que quedaban pocos meses de gobierno, llamó a Eyzaguirre para ver la posibilidad de avanzar en el acuerdo. Ese mes fue clave para la trama: organismos antimonopolios de China e India aprobaron la fusión de Agrium y PCS, que dio origen a Nutrien, pero obligaron a PCS a vender su participación en SQM en 18 meses.

PCS tenía que vender y obtener el mejor precio posible, y eso pasaba por conseguir un acuerdo con Corfo. Eso generó, incluso, que el presidente de PCS, Jochen Tilk, viniera a Chile a reunirse con Bitran. La reunión se realizó el 7 de diciembre, momento en que el presidente de Potash le reforzó directamente la idea de que si no cedía, los accionistas de SQM, en especial PCS, tomarían medidas y que se vería en la necesidad de explorar otra alternativa, la legal. Con peligro de demanda de por medio, las conversaciones se retomaron y el 18 de diciembre se firmó el acuerdo entre Corfo y SQM que permitieron a la compañía seguir explotando litio en el Salar de Atacama hasta 2030 y poner fin a los arbitrajes con el Estado.

Para llegar al acuerdo, establecieron las bases de cómo debía operar el gobierno corporativo de SQM, poniéndose como cláusula que ni Julio Ponce ni sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad podían ocupar cargos en el directorio de SQM ni ejecutivos, eso sí se permitió la figura de asesorías. Además, se retomaron los puntos del acuerdo de abril de 2017, en que se transcribe gran parte del contenido del contrato de gobiernos corporativos, pero con algunas excepciones que hoy, tras lo ocurrido el 4 de junio con Kowa, son claves.

Una vuelta de 360 grados

En el contrato de diciembre, el grupo Pampa se obliga a no ejercer su voto dirimente en tres donaciones políticas, en la suscripción de contratos entre SQM o SQM Salar con Pampa y en demandas al Estado de Chile, salvo que sean demandas convencionales. Todo el resto de las materias, bajo este contrato de diciembre, sí pueden ser adoptadas libremente con la mayoría mínima y voto dirimente.

El acuerdo de abril era mucho más contundente que el acuerdo bilateral de diciembre, porque en este último el voto dirimente de Julio Ponce quedó suscrito solo a los tres puntos antes mencionados. Y aquí un tema clave: en ese acuerdo el Grupo Pampa se obligó a no ponerle término al acuerdo de abril de 2017, salvo que PCS vendiera, lo cual a esas alturas del partido se sabía que ocurriría.

Otro punto que tampoco se consideró en diciembre de 2017 fue el factor Kowa. La firma japonesa, que ha actuado en forma coordinada en las votaciones de directorio con el Grupo Pampa, no fue parte del contrato bilateral de diciembre, ante lo cual solo le quedaba cumplir el de abril de 2017, contrato que entre sus puntos contemplaba la salida de él en un plazo pactado. Ese punto toma relevancia ahora, porque el 4 de junio Kowa envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero informando que “considerando que los accionistas de Kowa no han sido consultados ni informados (aparte de la información pública presentada ante la SEC de EE.UU.) respecto de que Tianqi o sus subsidiarias se conviertan en parte de dicho acuerdo (el de abril de 2017), y de conformidad con la sección 8 del acuerdo de carta, los accionistas de Kowa dan aviso formal de terminación del acuerdo de carta”.

Al poner Kowa término al acuerdo de abril, este desaparece para todos. Con ello, la única restricción para que Ponce no ejerza el voto dirimente son las tres materias que se sellaron en el acuerdo de diciembre entre Pampa y Corfo. Así quedó en evidencia una nueva falencia del acuerdo de diciembre.

Cercanos a los protagonistas de esta saga reconocen que Julio Ponce -a través de su representante en la mesa- recupera el voto dirimente en todas las materias, salvo las tres excepciones que impone el pacto de diciembre de 2017. Pero aclaran que no elige al presidente, que seguirá siendo independiente y que, además, ya no tiene el acuerdo con Kowa para elegir a cuatro directores de Serie A, que fue lo que se negoció con Corfo. Eso sí, el nombre de Alberto Salas para la presidencia de SQM fue propuesto por el Grupo Pampa y consensuado con Corfo.

Otro detalle. La actuación de Kowa al poner término al acuerdo de abril de 2017 implicaría que Tianqi, cuando ingrese a la propiedad de SQM, no herede los privilegios de Nutrien.

Aún existen algunas dudas. Una de ellas es si Julio Ponce, en su calidad de asesor estratégico, podrá, por ejemplo, ir a reuniones de directorio y plantear puntos de vista. Si es así, sería una vuelta de 360 grados.

JC

La jefa del área jurídica de Corfo recalca que el vicepresidente del organismo tiene “apoyo directo” del Presidente Piñera.

Intensos han sido los últimos días para María Elina Cruz. La abogada que hace unos días estaba en el estudio Baraona Fischer Spiess a cargo de los temas de libre competencia y del derecho del consumidor, entre otros, llegó a Corfo el lunes 28 de mayo para liderar la oficina fiscal del organismo estatal. Todo un hito para la también economista con un PhD de la Universidad de Bristol, Inglaterra, ya que es la primera mujer en tener esa responsabilidad en los 79 años de vida de la Corfo.

Pero también es todo un desafío en el ámbito personal, porque desde que llegó a las oficinas ubicadas en calle Agustinas, no ha salido de ellas antes de las 11 de la noche. Horario que, incluso, se intensificó la semana pasada, luego de conocerse el arribo de Julio y Eugenio Ponce como asesores estratégicos a SQM y los mails que revelaron que Eduardo Bitran visó que los hermanos Ponce Lerou pudieran cumplir ese rol al interior de la minera no metálica.

“Seremos un perro fiscalizador y fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar”, adelanta respecto del cumplimiento del contrato suscrito el 17 de enero pasado entre la minera y Corfo. Agrega que “tengo orden presidencial” para realizar esa labor.

“La prioridad número uno es fiscalizar el contrato con SQM para que no se incumpla ni una coma”, recalca la abogada de la estatal en diálogo con Pulso. 

¿SQM incumplió el contrato que cerró con la Corfo al permitir el arribo, nuevamente, de Julio Ponce a la compañía como asesor?

-Obviamente que no me gusta que Julio Ponce sea asesor de SQM. Su nombramiento es una falta de prudencia. Sin embargo, fue la intención y el espíritu del contrato dejar eso así y esto en el siguiente contexto: la cláusula que se logró cerrar en el acuerdo es muy rara, porque es muy difícil sacar a un dueño de una empresa de cualquier atribución que este quiera ejercer. Es una cláusula excepcional que está muy bien hecha. Pero el contrato lo que dice es -y así está establecido por la autoridad anterior- que Ponce Lerou no puede actuar como director ni ejecutivo de SQM y SQM Salar. Solo a eso se limita el contrato. Esa es la responsabilidad que se tomó contractualmente y cualquier otra cosa queda fuera de la órbita de mi quehacer.

La Corfo está solicitando los contratos y actas donde se aprobó la llegada de los hermanos Ponce a SQM. ¿Qué acciones podrían tomar?

-La legalidad dice que ellos no pueden ser directores ni ejecutivos, por lo tanto, su asesoría de facto tampoco puede significar eso. Nosotros vamos a fiscalizar muy detalladamente el contrato. Seremos un perro fiscalizador y fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar. En esta función de fiscalizador, el vicepresidente (Sebastián Sichel) tiene apoyo directo del Presidente de la República, Sebastián Piñera. La prioridad número uno es fiscalizar el contrato con SQM para que no se incumpla ni una coma.

José Ramón Valente dijo que acá hay una violación del espíritu del acuerdo, y el propio Eduardo Bitran habla de una actuación de mala fe que abre el espacio para aplicar un artículo del Código Civil. ¿Existe el espacio para iniciar acciones contra SQM?

-Pienso que no, porque si bien en este contrato el Estado está actuando como ente privado, también está suscrito por el Estado a través de la Corfo y, por lo tanto, el contrato se rige, en parte, por el Derecho Civil y también por el Derecho Administrativo y por otras normas. Segundo, no se puede hablar de que la empresa está actuando de mala fe, cuando se pactó expresamente, de acuerdo a las comunicaciones a las que hemos tenido acceso, que Julio y Eugenio Ponce podían ser asesores de la compañía. Entonces, malamente se puede decir que acá ha habido un espíritu que se violó. La verdad es que no le veo la mala fe, porque en el minuto en que el exvicepresidente (Eduardo Bitran) le instruye a nuestro abogado (Felipe Bulnes) como Corfo que sí pueden ser asesores, ¿cómo se puede decir que está violando el espíritu del acuerdo?

Lo que dice Bitran es que él se refería a Eugenio Ponce, que solamente él podía ser asesor.

-Acá hay una mala idea de echarles la culpa a los abogados, profesionales que, además, son muy buenos. Se habla de que esto estuvo mal redactado o que lo pactado no estuvo de acuerdo con las instrucciones que se les entregaron y eso no es así. Eso, además, quedó de manifiesto con los mails de Felipe Bulnes. El espíritu del contrato se demuestra con los antecedentes que muestran qué es lo que querían las partes, y lo que querían era dejar claro que la voluntad de Corfo -manifestada a través del exvicepresidente- era que la familia Ponce sí podía ser asesora, entonces, difícilmente se viola el espíritu del acuerdo.

¿Es imposible que la Corfo pueda rescindir de la conciliación?

-Según mi visión legal, eso no es aplicable y es lo que ha quedado de manifiesto con toda la información que ha salido en estos días. Ahora, cuando se habla de rescindir del contrato, lo que eventualmente se podría hacer, aunque no le veo forma bajo ninguna causal en este momento, es rescindir solo la modificación al contrato, pero no el contrato base. Es decir, volveríamos a los contratos originales que igualmente rigen hacia el año 2030 y 2043. No se pueden eliminar los contratos anteriores, porque no tenían estas causales de objeción.

¿Cuándo comenzará a trabajar el comité?

-Lo tenemos casi listo, pero lo tiene que aprobar el consejo directivo de la Corfo. Debería ser aprobado el 11 de junio (mañana) y la idea es que sea un organismo colegiado para que dé cierta independencia y que sea un organismo técnico.

¿Cuánta gente lo integrará?

-Tenemos que verlo con el consejo, pero la propuesta inicial es que esté compuesto por cinco personas. Además, estará apoyado por una unidad técnica especializada en litio para que ayude a fiscalizar ciertos aspectos del contrato y esto no significa que le vamos a quitar al consejo su facultad de fiscalizar, significa que las cosas técnicas sean analizadas por personas especializadas y no políticas. Queremos despersonalizar lo más posible de las caras políticas, porque eso lo único que hace es enredar las cosas jurídicas. Y la idea es que estén, por ejemplo, un representante de Minería, Economía y alguien de Corfo, que puede ser el gerente legal. Además de una o dos personas que sean independientes y que no ejerzan cargos públicos y sean expertos en la materia.

¿Haber personalizado el proceso en Eduardo Bitran lo perjudicó?

-Bitran hizo una renegociación de estos contratos y él sabe mejor que nadie cuáles son las cláusulas que tiene el contrato y lo que se puede o no se puede hacer.

¿Le quieren quitar la responsabilidad que tiene la Corfo en esto?

-Los contratos que suscribió la Corfo, tanto con SQM como con Albemarle, terminan el año 2030 y 2043, entonces la verdad es que en esto nosotros participamos en lo que nos toca. Efectivamente, la administración anterior le ha dado mucha importancia a esto y lo urgente quita espacio a lo importante. Creo que esto ha generado mucho ruido y se entiende, porque a nadie le gusta que Julio Ponce esté de vuelta en SQM, pero desde el punto de vista jurídico, lo que espero es que este escándalo termine y nos volvamos a la legalidad, es decir, nos centremos en el contrato que está bien hecho, en el sentido de que manifiesta lo que las partes querían en ese momento. Por eso espero que este escándalo no interfiera con eso.

FP