En un nuevo giro de la discusión en la alianza oficial, el ex secretario de Energía Jorge Lapeña presentó las razones por las que se opone a la privatización.
El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, principal centro de debate de políticas energéticas que se nutre de referentes radicales, volvió a la carga contra la venta de empresas públicas que decidió el gobierno, más en específico en la "estratégica" Transener.
El lunes por la tarde, el instituto conducido por el ex secretario de Energía Jorge Lapeña presentó una serie de razones "poderosas" por las que cree inconveniente la privatización de Transener, con un documento que actualizó el anterior, publicado en abril.
"El IAE considera un grave error ceder el control de Transener en el momento clave del nacimiento de una nueva etapa eléctrica en la Argentina", porque, entre otros argumentos, "la privatización del transporte de electricidad fue uno de los mayores fracasos de las transformaciones emprendidas en el sector energético durante la década de los 90".
Aunque el radicalismo respalda algunas "acertadas decisiones" de la política energética de Cambiemos, cuestiona que en un contexto donde "el sistema eléctrico en los segmentos de generación y distribución prácticamente se duplicará" hasta 2030, "esta extraordinaria ampliación en los próximos 12 años deberá ser necesariamente transportada por una red sofisticada y extensa desde los puntos más lejanos del país hacia los centros de consumo" y "no será el mercado el que lo defina".
En un acto en el que estuvo acompañado por Pedro Albitos, Gerardo Rabinovich, Diego Grau y Alejandro Einstoss, Lapeña tildó de "ideológica e irracional" la venta de la parte estatal de Transener. Argentina cuenta a través de Ieasa (ex Enarsa) con el 50% de Citelec, en conjunto con Pampa Energía, tras comprar las acciones que Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra) puso en remate en mayo de 2016. Citelec, a su vez, controla el 52% de Transener, que el decreto 887/2017 determinó que vuelva entero a manos privadas. La normativa también dispuso la privatización de dos centrales eléctricas, que ya está en proceso y terminará en noviembre de este año, informó El Cronista.
La medida fue firmada a fines de octubre por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía, Juan José Aranguren la defendió en enero en una dura carta dirigida a la Unión Cívica Radical (UCR), en la que dijo que el Estado debía desprenderse de todos los activos que tengan privados interesados con el propósito de "generar fondos genuinos, a través de su venta, para aplicarlos en obras públicas donde el sector privado no ha participado".
Fue en el inicio de año, cuando asumió Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza) la presidencia de la UCR que se gestó la interna, que desembocaría en abril con un nuevo contrapunto sobre las tarifas y abrió el debate en el Congreso.
La venta de Transener fue entregada en una licitación pública para su estudio a la consultora Price Waterhouse, que determinará cuánto valen las acciones estatales.
"No existe Estudio de Factibilidad previo al Dictado del Decreto PE 882/2017 que demuestre en forma clara y contundente que la venta de las acciones de Citelec en poder de ENARSA sea más conveniente que conservar esas acciones en poder del Estado y obtener el flujo de beneficios futuros regulados, teniendo en cuenta que la concesión del monopolio natural del transporte de energía eléctrica en Extra Alta Tensión tiene un remanente de 68 años" es una de las razones económicas por las que el IAE se opone a la medida.
"Enarsa, es una empresa altamente deficitaria. Si pierde unos u$s 30 millones al año, el Tesoro tendrá que aumentar los subsidios en esa misma proporción", justificaron.
FP/JC
