El presidente de la compañía, Alberto Salas, señaló que la contratación “no contraviene en ninguna circunstancia los acuerdos SQM- Corfo”.
Revueltas amanecieron las aguas en las oficinas de SQM, en Las Condes, luego de la revelación hecha por PULSO de la contratación, en calidad de asesores estratégicos, del controlador de grupo Pampa (mayor accionista de la minera) Julio Ponce y de su hermano Eugenio, quien hasta abril presidió la compañía.
La noticia generó revuelo tanto a nivel político como empresarial. Algunos ejecutivos y directivos de la minera no metálica se reunieron en el edificio corporativo y otros estuvieron presentes vía telefónica, con el fin de monitorear lo ocurrido y estudiar todas las aristas.
Tras largos debates, la firma emitió un comunicado firmado por Alberto Salas en que defendió la decisión, asegurando que se da en el marco de la responsabilidad de velar por los intereses de todos los accionistas.
“Por eso, después de un exhaustivo análisis, resolvió contratar la asesoría con exclusividad de los dos profesionales antes referidos, tomando en consideración su amplio conocimiento del negocio, de los procesos productivos, del desarrollo tecnológico y la innovación incorporada, de los clientes y del desarrollo comercial de los productos. Lo anterior, teniendo en cuenta que ambos tienen más de 20 años de experiencia en la industria”, señaló Salas, quien agregó que la contratación de ambos profesionales “no contraviene en ninguna circunstancia los acuerdos entre SQM y Corfo”.
Más temprano, y como era esperable, el primero en salir a criticar el arribo de Julio y Eugenio Ponce como asesores fue el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran que fue quien firmó el acuerdo por el salar de Atacama. Bitran acusó a SQM de burlar el espíritu del acuerdo, a Alberto Salas de defraudar su confianza e incluso planteó que la contratación de los asesores sería causal de caducidad del contrato.
Dentro de SQM, comentan que la opción de sumar como asesor a Eugenio Ponce fue debatida con Corfo en el marco de la negociación que llevó a un acuerdo que extendió la concesión del salar de Atacama, cerrado en enero. Este fue uno de los puntos que permitió destrabar las diferencias. Sin embargo, cerca de mediodía, la propia Corfo, mediante un comunicado, dijo que la “medida pertenece estrictamente al ámbito de las funciones” de SQM y que “no modifica” el acuerdo en su ejecución. “Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias”, indicó ese organismo. Sin embargo, en horas de la tarde, el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, si bien reiteró este argumento, planteó a modo personal que "la decisión no me gusta”.
Otra visión crítica fue la del presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien sostuvo que se requiere una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.
Según Drago, lo que corresponde es una sanción directa a la empresa. “Esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas”, indicó, cuestionando no obstante que, a su juicio, esta norma en Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir, por lo que en la práctica es deseable su modificación.
Cerca del mediodía el tema se había instalado en La Moneda, donde tanto Segegob como Segpres analizaron durante horas lo ocurrido. Sin embargo, fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien salió a abordar el tema, alineándose con la posición de Corfo y comentando que el Presidente Sebastián Piñera “no ha pedido ni solicitado” la revisión del acuerdo Corfo-SQM.
Pero las críticas más duras vinieron desde el empresariado. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett, opinó sobre la decisión de SQM que “tenemos que decir categóricamente que no nos gusta”, principalmente por “todo el impacto que esto tiene y todos los desafíos y complejidades que tiene”.
Una postura aún más dura emitió el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, quien señaló que la decisión no le parece una “buena práctica empresarial”, en especial el hecho de que en sociedades anónimas abiertas con accionistas minoritarios, los derechos de accionistas controladores o relevantes, deberían ser ejercidos en el directorio, comités de directores o junta de accionistas, “salvo que en su condición de director (que no es el caso) asume otros roles en condición de asesor”.
“Esto es especialmente relevante en el contexto de las críticas al gobierno corporativo de SQM que se han expresado en el último tiempo por los hechos por todos conocidos” complementó Larraín.
A nivel parlamentario, cundió la molestia transversal, porque hace poco el gobierno había acordado extender la concesión a la minera para que explotara litio a cambio de la salida de ambos ejecutivos del directorio de la empresa.
En el Congreso en distintas comisiones, el vicepresidente de Corfo de la época, Eduardo Bitran, debió explicar las razones que lo llevaron a concordar un acuerdo con esta firma, que muchos hoy presienten, está siendo vulnerado.
La firma china aseguró estar satisfecha con su actual nivel de participación accionaria de 24%.
La compra por parte de Tianqi Lithium de un paquete de US$ 4.100 millones en SQM estuvo “basada en necesidades estratégicas” y Tianqi está satisfecha con el nivel de propiedad de 24% planificado, declaró la compañía china, reseñó Diario Financiero
En el documento Tianqi subrayó que no buscará una participación controladora y no va a interferir con las operaciones diarias de SQM.
La firma respondió de esta manera a las interrogantes sobre si en un futuro podría buscar tomar el control de la gestión de la chilena.
Tianqi señaló además que su visión de la operación no ha cambiado luego de que Kowa, otro accionista de SQM, pusiera fin al acuerdo de gobierno con Nutrien y Grupo Pampa tras la llegada de la china.
El ingreso de Tianqi a la propiedad refleja “el deseo de apoyar completamente el desarrollo a largo plazo de la industria de litio”. La firma declaró además que confía en que sus inversiones van a generar retornos estables en el largo plazo.
Hugo Caneo, director del área de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile enfatizó en que “el contrato dice que los señores Ponce no podían participar ni en el directorio ni en cargos ejecutivos. Ser asesor no reúne ninguna de esas dos condiciones”.
Agregó que, en la eventualidad que ambos asumieran funciones más allá de su rol de asesores, tendría que informarse a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) “y eso, según entiendo, gatillaría un incumplimiento contractual. Por eso aquí hay una cuestión de responsabilidad del directorio, ellos son los que están asumiendo esto y por tanto tendrán que velar porque los contratos se cumplan”.
Según detalló Pulso, similar opinión mostró una fuente del sector (que prefirió la reserva de su nombre), señalando que “lo que buscaba el acuerdo con Corfo era que Ponce Lerou saliera del control de Soquimich, cosa que hizo. Él se retiró del directorio, su hermano también y se terminó el pacto con Kowa. Por lo tanto, él cumplió en estricto rigor el acuerdo”.
Sostuvo que “tal vez no es el momento preciso ni la forma correcta de haberlo hecho”, pero que le parece una medida correcta, aunque entiende que “genera ruido”.
Para el académico, y ex director de empresas, Teodoro Wigodski, esos ruidos “se tiene que abordar en su ámbito legal y contractual. El desarrollo de la empresa requiere de los profesionales más idóneos para competir en un mercado global complejo”. Agrega que este tipo de decisiones están en línea con las facultades que la Ley de Sociedades Anónimas confiere a los directorios.
Punto que también destaca Caneo, afirmando que “el directorio es libre de designar a quienes reúnan las mejores características para hacer esa labor, con oficina o sin oficina.
Tras las solicitudes de 68 parlamentarios, la Sala de la Cámara de Diputados le dio el visto bueno a la creación de una comisión investigadora, que busca indagar y fiscalizar el acuerdo al que llegaron Corfo y SQM.
“La instancia se plantea el propósito de recabar antecedentes sobre los actos de los Gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerou en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial del litio, al daño ambiental del Salar y al royalty minero”, señaló la Cámara Baja a través de un comunicado.
La Comisión también apunta a evaluar la fiscalización que han llevado a cabo los órganos competentes de la Administración del Estado, agregó la instancia parlamentaria.
En esa línea, la comisión especial deberá entregar un informe con un plazo tope de 90 días.
Los cuestionamientos al acuerdo al que llegaron después de un extenso arbitraje SQM y Corfo, que contemplaba entre sus puntos cambios al gobierno corporativo de la minera no metálica, se encendieron luego de que se conociera que el directorio de la empresa decidió fichar al polémico Julio Ponce Lerou y su hermano, Eugenio, como asesores.
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