El directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruyó a las distribuidoras para que suspendan la aplicación de los criterios vigentes de bonificación para los usuarios incluidos en la tarifa social y volver al anterior (previo a diciembre de 2017) de subsidiar todo el consumo de gas natural o gas propano (garrafas) de estos clientes al menos por mayo y junio.
La norma obliga a devolver en las próximas boletas los montos que ya hayan sido facturados.
La vuelta al subsidio de todo el gas para los usuarios de la tarifa social fue uno de los pedidos de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición Cívica al presidente Mauricio Macri cuando recién se iniciaba la crisis interna por las tarifas, que finalizó la semana pasada con la aprobación de la ley en el Senado y el posterior veto del Ejecutivo.
En otro orden, fuentes del organismo informaron que dentro de unos días saldrá la resolución oficial que materializará la división en cuotas del pago del gas en invierno, otro de las sugerencias que hizo la UCR y la diputada Elisa Carrio.
"Ya dieron el ok todos los productores y distribuidores", comunicaron.
Así, el 25% del consumo residencial del fluido durante julio y agosto, los meses más crudos del invierno, podrá abonarse durante parte del verano, y diluir el malhumor social por boletas que pueden superar los $ 2000 en algunos casos.
Pese a que el Ejecutivo exhibió públicamente esta medida como una concesión al radicalismo y a Carrió y como una muestra de diálogo y consenso, lo cierto es que el pago del 25% del gas en invierno ya estaba contemplado en los planes del Enargas, tal como informó El Cronista el 26 de marzo. Fue después de descartar una tarifa plana anual, que podría aliviar los bolsillos en la temporada invernal y recargarlos en la estival.
El veto del presidente Mauricio Macri a la ley de tarifas que aprobó el Congreso permite continuar el camino de la suspensión de los juicios que los accionistas de las gasíferas tienen contra el Estado argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial encargado de dirimir las diferencias entre compañías y estados.
Son unos u$s 3400 millones de ahorro fiscal que el mismo Gobierno presentó como un beneficio por el aumento de tarifas, ya que en la negociación el ministro de Energía, Juan José Aranguren, pidió que a cambio del incremento las empresas desistieran de estas acciones judiciales. Metrogas, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) supeditaron la suspensión a que se mantuvieran en vigencia todos los aumentos pactados en la RTI.
FP/JC
