El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, reveló esta mañana que el presidente argentino, Mauricio Macri, ya firmó el decreto que veta la ley aprobada por el Congreso Nacional que retrotraía las tarifas de los servicios públicos a fines de 2017.
Peña dijo que la norma será dada a conocer en breve, al tiempo que descalificó con dureza a la oposición justicialista que ayer se unió para tirar abajo la política de actualización de precios de la energía y los servicios públicos en la Argentina.
Peña anunció que Mauricio Macri hizo uso de su "facultad constitucional" de rechazar la norma impulsada por el peronismo. El mandatario hablará a media mañana en Salta
Apenas cinco horas después de haber sido sancionada, la ley que retrotrae las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado fue vetada por el presidente Mauricio Macri.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó el anunció oficial en una conferencia de prensa realizada este jueves, a las 8:40, en Casa Rosada.
"La ley está vetada. El fundamento conceptual de lo que se votó anoche es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una mentira y nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando", aseguró el ministro coordinador.
El jefe de Estado viajó temprano a Salta, donde participará una actividad junto al gobernador Juan Manuel Urtubey. Está previsto que a media mañana explique personalmente los fundamentos por los cuales decidió rechazar la ley que impuso el peronismo en amas cámaras del Congreso.
"Nosotros ratificamos plenamente el rumbo del cambio, creemos que la mayoría de los argentinos quiere seguir por este rumbo. No vamos a negociar la verdad, la transparencia y la vuelta al pasado", agregó Peña.
Senado: La unidad del peronismo fue la clave
En medio de fuertes críticas a la política económica de la administración de Mauricio Macri , la oposición convirtió en ley en el Senado, con 37 votos a favor de la norma y 30 en contra, el proyecto que retrotrae el valor de las tarifas a noviembre del año pasado y que ya tiene garantizado el veto del Presidente.
No obstante, el Poder Ejecutivo trabajó hasta último momento para tratar de impedir la sanción de la ley. Buscaba vaciar el recinto al momento de la votación, para lo cual apostaba a extender todo lo posible el debate. Tampoco descartaban poder introducirle cambios a la iniciativa, lo que iba a obligar a su regreso en segunda revisión a Diputados.
Además de retrotraer las tarifas a sus valores de noviembre último, el texto aprobado por la oposición limita los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva de dos a tres salarios mínimos (casi 30.000 pesos) el universo de hogares alcanzados por la denominada tarifa social y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.
Durante el extenso debate, más de 50 senadores se anotaron pata hablar, casi nadie defendió el proyecto opositor, sino que casi todas las intervenciones de la oposición se centraron en criticar la política tarifaria y, sobre todo, el rumbo económico del Poder Ejecutivo.
"Cómo no va a haber emergencia si hay gente que no puede cumplir con lo básico; esto no va a terminar bien", aseguró José Mayans (PJ-Formosa) en el inicio del debate, quien cuestionó "la brutal transferencia de fondos al sector privado" que lleva adelante el Gobierno a través de su política de tasas altas porlas letras del Banco Central (Lebac).
Desde el oficialismo se cuestionó la irresponsabilidad fiscal del proyecto, cuyo costo el Gobierno estimó en más de $110.000 millones. "Es demagógico", lo calificó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires). El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también dijo que la iniciativa era "inconstitucional, porque interfiere en la facultad de las provincias y al gobierno nacional de fijar el cuadro tarifario" de los servicios públicos.
"El Congreso no tiene competencia para fijar tarifas, vamos a exponer al Estado a innumerables demandas", advirtió, por su parte, la riojana Inés Brizuela y Doria (UCR).
En línea con la postura esgrimida por Macri, también se escucharon acusaciones políticas que apuntaron a responsabilizar de la ofensiva opositora a supuestas intenciones electorales de Cristina Kirchner y Sergio Massa . "Están seguros del veto, tienen conciencia de los efectos negativos, por eso avanzan", se quejó amargamente Gladys González (Pro-Buenos Aires).
Pichetto no tuvo inconvenientes en tomar el guante. "Este es un mensaje político para el Gobierno", afirmó antes de ingresar al recinto de la Cámara alta, anticipándose a los argumentos de la bancada oficialista.
"El Presidente tendría que dejar de decir eso de que nos conduce la señora [por Cristina Kirchner]. A mí no me conduce la señora ni me conduce Massa, eso es una tontería", sentenció el líder de la principal bancada de oposición del Senado, quien recordó que, en los últimos dos años, su bancada se caracterizó "por la cordura" de sus posturas.
A pesar de rechazar la iniciativa y destacar que es impracticable la devolución de los aumentos que establece el texto, María Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador-Salta) también sumó su voz en contra de la política del Poder Ejecutivo. "Las tarifas deben estar acordes a la capacidad de pago de los usuarios; hubo aumentos del 1800 por ciento", afirmó la senadora aliada del gobernador Juan Manuel Urtubey.
Cómo votaron los senadores
La votación de la madrugada del jueves que convirtió en ley el proyecto opositor que limita las subas tarifarias se definió por 37 votos a favor y 30 en contra, pero al margen de esos números quedaron algunas perlas políticas de la votación, como los votos en contra de Carlos Reutemann y de Rodolfo Urtubey, el hermano del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, en tanto que la presencia de Carlos Saul Menem volvió a ser importante, porque lo llevaron al recinto pocos minutos antes de la votación y al convertirse en el voto número 37 del proyecto opositor, con su presencia garantizaba el quorum necesario.
Así la lista de quienes votaron a favor del proyecto del peronismo se integraron con Eduardo Aguilar, Ana Almirón, José Alperovich, Ines Blas, Carlos Caserio, Catalán Magni, Eugenia Catalfamo, Norma Durango, Carlos Espínola, Cristina Fernández de Kirchner, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Silvia Giacoppo, María González, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana Ianni, Ada Iturrez de Capellini, Elisa Kunath, Daniel Lovera, Alfredo Luenzo, José Mayans, Carlos Menem, Dalmacio Mera, Beatriz Mirkin, Gerardo Montenegro, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Guillermo Pereyra (que se había especulado por su reunión con Macri que podía votar en contra), Omar Perotti, Miguel Angel Pichetto, María Pilatti Vergara, María Sacnum, Guillermo Snopek, Fernando Solanas y José Uñac.
Se opusieron, en tanto, Robero Basualdo, Miriam Boyadjian, Braillard Poccard, Inés Brizuela, Esteban Bullrich, Oscar Castillo, Julio Cobos, Eduardo Costa, Carmen Crexell, Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, María Cristina Fiore Viñuales, Gladys González, Juan Marino, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Luis Naidenoff, Federico Pinedo, Claudio Poggi, Carlos Reutemann, Laura Rodriguez Machado, Juan Carlos Romero, Angel Rozas, Humberto Schiavoni, María Tapia, Rodolfo Urtubey, Marta Varela y Pamela Verasay. Y hubo cuatro ausencias, la de dos ex gobernadores,el misionero Maurice Clos y Adolfo Rodríguez Saa, además de las de la santiagueña Blanca Porcel de Riccobelli y la también misionera Magdalena Solari Quintana.
La dura advertencia de las empresas: peligran inversiones
El alza de tarifas estuvo atado a desembolsos obligatorios para mejorar el servicio. Las empresas deben realizar obras durante los próximos cuatro años.
Las empresas productoras, transportistas y distribuidoras de gas y electricidad advirtieron que si se aprueba el proyecto de modificaciones las tarifas en debate en el Senado, se pondrán en riesgo inversiones por unos $
35.000 millones en gas y al menos $ 45.000 millones en electricidad.
Además de la razón fiscal, esto explica parte de la inquietud del presidente Mauricio Macri, quien ya anticipó que vetará la ley si es sancionada por los senadores. Las compañías, por su lado, seguirán con atención el debate que propone retrotraer las tarifas hacia los valores del año pasado, después de participar en comisiones del tratamiento a través de las distintas cámaras que las agrupan y los organismos de contralor, estimó El Cronista.
De acuerdo con los planes de inversión presentados por las compañías en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de septiembre de 2016, las transportistas y distribuidoras de gas se comprometieron a realizar desembolsos por al menos $ 41.088,75 millones en el quinquenio 2017-2021, cifra que deberá actualizarse ya que quedó licuado por las distintas devaluaciones que atravesó el país en los últimos 20 meses.
Un dólar equivalía a $ 15 en aquel momento. Las diez distribuidoras y dos transportistas de gas que operan en el país (en orden de compromisos de inversión: Metrogas, Transportadora de Gas del Sur, Gas Buenos Aires Norte, Transportadora de Gas del Norte, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Litoral Gas, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Gasnor, Gasnea y Redengas) ejecutaron desembolsos hasta febrero de este año por $ 4117,68 millones, según los datos proporcionados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Hasta el segundo mes de 2018 última actualización, llevaban un avance del 77% de los $ 5302,54 millones que estaban obligados a invertir por la RTI en 2017.
Las productoras de gas también están en alerta. Modificar el cronograma tarifario puede quebrar la cadena de pagos del sector, ya que las distribuidoras tendrían mayores problemas financieros para abonar el insumo. La reciente devaluación ya puso en riesgo los contratos, que están valuados en pesos a un tipo de cambio de $ 18,33 para febrero, que ya quedó muy atrasado
Si la ley prosperara, el Estado, además de tener que subsidiar más las boletas de los usuarios, vería la reactivación de juicios en su contra por u$s 3500 millones. Son las demandas actualmente suspendidas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que tienen accionistas de las gasíferas por el congelamiento de las tarifas del kirchnerismo. En abril del año pasado, el Gobierno puso como condición del aumento de tarifas que se bajaran estos juicios para avanzar.
En electricidad la situación se repite. Edenor comprometió en las audiencias públicas de 2016 $ 26.500 millones, aunque amplió su plan a $ 30.000 millones. De ellos, $ 5000 millones eran en el primer año.
Edesur, en tanto, presentó un plan quinquenal por $ 15.000 millones, pero su controlante, Enel, promete desembolsar 1000 millones de euros anuales, que al cambio de hoy serían más de $ 24.000 millones hasta 2021. Fuentes de la empresa acotaron: "Nos preocupa que se sancione la ley, porque pondría en riesgo la ecuación económica-financiera que tenemos. Igual, sabemos que Macri la va a vetar".
Desde el Ministerio de Hacienda dejaron trascender cuánto le representaría al Estado el proyecto que está siendo tratado en el Senado. Dicen que si incluyeran al transporte y telefonía habrían otros $25.000 millones. Macri ya tomó la decisión de vetar en caso de que sea Ley.
Ministerio de Hacienda hizo trascender cálculos acerca de cuánto le costaría al Estado dar marcha atrás con los aumentos tarifarios tal como está la pidiendo la oposición y que, muy seguramente, terminen aprobando este miércoles en el Congreso. Se descarta un inmediato veto del presidente Mauricio Macri cuando el Senado lo sancione, según subrayó Iprofesional.
Desde la cartera que conduce Nicolás Dujovne afirman que el costo total de la reforma que aspira lograr el peronismo y el massismo asciende a $115.029 millones.
En el desagregado, según los números oficiales, el mayor costo fiscal vendría por la Electricidad donde el rojo sería de $74.936 millones, seguido del Gas con $34.643 millones y finalmente el Agua que dispararía un costo de $5.450 millones (sólo el costo impositivo).
El análisis de Hacienda no incluye telefonía ni servicios de transporte, que podría alcanzar $25.000 millones adicionales.
Las principales disposiciones del proyecto que se está tratando en el Senado son las siguientes:
-Declaración de la emergencia para servicios públicos de gas, electricidad, agua y en la normativa que regula el transporte terrestre y ferroviario y los peajes nacionales, para el periodo 2018-2019.
-Los cuadros tarifarios vigentes se retrotraen al 1 de abril de 2017, definiendo un nuevo mecanismo de ajuste, eliminando la recomposición tarifaria aprobada por audiencias públicas.
-En caso que los usuarios hubieran abonado por el servicio un monto mayor al establecido por el nuevo régimen, contarán con un crédito a favor aplicable al próximo periodo del consumo.
- Se reduce a 10,5% la alicuota de IVA aplicable a la venta de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y telefonía (actualmente en 21%).
-En el caso de MiPyMEs, la alicuota aplicable de IVA se establece en 21% (actualmente en 27%).
-Los usuarios incluidos en dicho régimen gozarán de una bonificación del 80% del precio del suministro Eléctrico y/o Gas Natural o Propano y/o Agua Corriente en sus consumos más los costos fijos administrativos de los servicios. Además, para los usuarios de servicios públicos de gas y energía eléctrica, la alícuota aplicable del IVA será de cero por ciento.
-Finalmente, el proyecto establece que costo fiscal de la presente Ley será soportado por el Estado Nacional.
Si bien el Gobierno buscará dar la batalla en el Congreso, lo cierto es que está tomada la decisión presidencial de vetar el proyecto en caso de que sea aprobado (lo que se espera que suceda).
En el macrismo están advertidos del costo político de esa iniciativa, pero saben que el agujero que le haría al fisco más cuando se negocia un préstamo con el FMI sería inadmisible.
