El Poder Ejecutivo derogó normas que aprobaban cinco contratos para la exploración y explotación de lotes petroleros con Tullow Oil. Gremios aseguran que la medida afecta la seguridad jurídica

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) derogó los decretos supremos –rubricados por Pedro Pablo Kuczynski horas antes de renunciar a la presidencia– que aprobaban la firma de cinco contratos de licencia de la empresa Tullow Oil para la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar del norte peruano en los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, reseñó El Comercio

La norma, publicada ayer en el diario “El Peruano”, establece también un plazo de 120 días –que comienzan hoy– para que se apruebe el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos. Este será de aplicación inmediata e incluirá procesos de contratación en trámite.

De esta manera, el Ejecutivo puso fin a casi un mes de incertidumbre. A pesar de que los contratos estaban listos para ser firmados y de que los decretos supremos contaban con la opinión favorable de la contraloría, el gobierno de Martín Vizcarra no concretaba los acuerdos con Tullow debido a los reclamos de gremios de pescadores artesanales del norte del país, que se oponen a la actividad petrolera en el mar alegando que esta dañaría el litoral.

El caso Tullow se desarrolla en un momento difícil para el sector hidrocarburos, cuyas inversiones han caído considerablemente en los últimos años.

 La inversión proyectada por la empresa Tullow Oil para la exploración de los mencionados lotes ascendía a US$250 millones, según Cómex-Perú.

La inversión proyectada por la empresa Tullow Oil para la exploración de los mencionados lotes ascendía a US$250 millones, según Cómex-Perú.

De acuerdo con Cómex-Perú, en el 2012 la inversión en hidrocarburos llegaba a casi US$900 millones, pero en el 2017 solo se registraron US$17 millones.

Además, actualmente consumimos seis veces más petróleo del que producimos, lo que obliga a nuestro país a importar hidrocarburos por alrededor de US$5.000 millones, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Para Tullow Oil, la anulación de los contratos se produce en una coyuntura compleja, pues la petrolera tiene como plan reactivar la búsqueda de nuevos recursos petroleros y gasíferos en África y Latinoamérica.

La compañía afirmó que está profundamente decepcionada por la decisión del Ejecutivo. “Ahora vamos a considerar nuestros siguientes pasos”, apuntó George Cazenove, jefe de comunicación de la petrolera, en un correo electrónico remitido a Reuters.

REACCIONES

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) consideró que la medida da un mensaje adverso respecto a la inversión privada y la seguridad jurídica. Además, resaltó que el proceso de tramitación de la firma de los contratos cumplió con las normas vigentes.

También destacó que Tullow maneja los más altos estándares ambientales y seguridad de la industria petrolera internacional.

“No se debe permitir que esta medida sea capitalizada como un triunfo político por quienes construyeron y manipularon las protestas de los pescadores”, añadió Felipe Cantuarias, presidente del gremio, mediante un comunicado.

Cómex-Perú y la SNMPE también criticaron la derogación de los decretos supremos. Jessica Luna, gerenta general del primer gremio, aseguró que la medida responde a “una presión política”.

“El Ejecutivo ha tenido miedo, y con miedo no se puede gobernar este país [...]. Han sido decretos supremos del Minem, pero no es coincidencia que en el Congreso el partido del primer ministro Villanueva [Alianza para el Progreso], a través de Marisol Espinoza, haya tenido un proyecto para derogar los decretos”, criticó.

La SNMPE dijo que la medida genera incertidumbre entre los inversionistas, en circunstancias en las que se necesita asegurar la sostenibilidad y competitividad de esta actividad.

El gremio destacó que la exploración y explotación petrolera en aguas profundas alejadas de la línea costera no genera efectos ambientales adversos y rechazó que resulte incompatible con la pesca artesanal.

Coincidió en esto último Beatriz de la Vega, socia líder de Energía de EY Perú. Además, consideró que las cargas políticas y sociales que rodearon esta controversia vienen de la mano. “Hay una nueva administración que busca tener a la población contenta”, asegura.

Más allá de ello, continuó, será vital el rol que cumpla Perú-Petro –y su nuevo líder, Seferino Yesquén– en el corto y mediano plazo. “Una buena señal tendría que ser avanzar con las mesas de diálogo y hacer audiencias con las asociaciones, explicando en qué consisten las actividades exploratorias”, sostuvo.

En tanto, el Gobierno negó ayer que se esté oponiendo a la inversión privada con esta medida. Es más, resaltó que la decisión responde a que no se hicieron las consultas necesarias a la población. “Vamos a respetar los contratos, pero los que empiecen bien”, apuntó César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros.

Aseguró también que como Gobierno se optó por reanudar un proceso de diálogo, con referencia a la consulta ciudadana que efectuarán el Ministerio de Energía y Minas y Perú-Petro.

Asimismo, indicó que aunque entiende la preocupación de la SNMPE, a la población le hace falta más información sobre los decretos.

Sin embargo, habiendo inversión de por medio, De la Vega considera que Tullow podría optar por estudiar qué perjuicio económico le puede causar la medida e identificar si es posible pedir un reembolso. “El Ciadi no [es una opción] porque tendría que haberse firmado el contrato”, finalizó.

La derogación defiende normativa ambiental y social

La derogación de los decretos supremos que aprobaban los contratos de los lotes petroleros en el norte del país defiende la normatividad ambiental y social vigente en el Perú, consideró hoy la ingeniera ambiental Lucero Castro Tena.

"Hizo bien el Gobierno en derogar los decretos supremos que aprobaron los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, pues al aprobarlos no se respetó la normatividad ambiental y social del país", explicó en Andina.

En la víspera el Ministerio de Energía y Minas recordó que los contratos de licencia para la exploración y explotación de los lotes mencionados fueron aprobados el 24 de marzo del 2018, mediante decretos supremos 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM, 009-2018-EM, 010-2018-EM. No obstante, ayer todos fueron derogados por Decreto Supremo Nº 011-2018-EM.

Lucero Castro, quien es docente de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad César Vallejo, dijo que las leyes peruanas indican que para promover un aprovechamiento sostenible de los recursos petroleros, todo proyecto de exploración y explotación debe contar con un instrumento de gestión ambiental (EIA, EIA-sd) y un proceso de consulta de participación ciudadana.

"Ambas cosas no se cumplían en este caso, por lo que la firma de los contratos estaba acompañada de grandes peligros", manifestó.

"Las actividades de exploración que se quieren realizar en el mar de Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes implican el uso de técnicas que impactan en la vida marina y, por tanto, amenazan a la biodiversidad de la zona, la misma que representa más del 70% de la variedad biológica del mar peruano, incluyendo especies endémicas, según ha investigado el biólogo marino Yuri Hooker", agregó.

La experta sostuvo que los pescadores artesanales, ONG y pobladores están en contra de la exploración petrolera en el mar, pues temen que se afecte la pesca, su principal actividad económica.

"Por eso es apropiado que el Gobierno anule los contratos y realice esfuerzos por hacer que se respete la normatividad vigente", enfatizó.