La minería atraviesa contrastes en la Argentina y Mendoza es un caso testigo. Como parte del Ciclo de Encuentros, Daniel Gonzalo Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, analizó junto a Los Andes los pilares de la política en la materia.

-¿Cuáles son hoy las pautas de la política de promoción minera?

-Hay varias líneas. Desde la Nación se trabaja en colaboración con las provincias, a través del Consejo Federal de Minería, para la aprobación parlamentaria del Acuerdo Federal firmado por los gobernadores, para que tenga rango de ley. Es interesante ver los puntos que incluye relativos al desarrollo de la minería, las inversiones, la sustentabilidad, el ambiente y la participación de las comunidades, además de las regalías. Por eso, el aval del Congreso es señal importante para la inversión en el país.

Fuera de eso, en términos de promoción elaboramos informes que muestran cuál es la situación actual de los proyectos, para llevarlos a las distintas ferias internacionales. También atendemos a capitales interesados en las condiciones para invertir.

-¿Qué balance hace de la quita de retenciones, a casi un año de adoptado y habiendo sido tan discutida?

-Eliminar retenciones permitió alargar la vida útil de minas que estaban en proceso de cierre. Lo que se hizo fue disminuir un costo de producción y así incorporar mineral de baja ley al proceso. La paradoja es que, quitando un impuesto, se genera trabajo y a veces permite recaudar más, algo notable en el caso de Minera Alumbrera, que iba a concluir en abril de 2017 y aún sigue trabajando. Y el caso se replica en la mina Manantial Espejo, y en Casposo, en San Juan, que reabrió, y también con la continuidad de Chinchillas, en Jujuy.

Las medidas tomadas por el Gobierno nacional fueron importantes en términos de competitividad, como la posibilidad de girar las divisas. Y el cambio en el Impuesto a las Ganancias, porque se le quita carga impositiva a la empresa pero se grava igualmente sobre los dividendos. Entonces, quienes decidan reinvertir tributan menos. Lo que se necesita es competitividad. Argentina se alejó mucho de ella justamente por la presión fiscal. Un dato: entre 2005 y 2015 las inversiones mineras en Argentina fueron U$s 10 mil millones, mientras que en Perú se invirtieron U$s 50 mil millones y en Chile casi 80 mil. Esa diferencia se explica en parte por la falta de atractivos para capitales mineros; no éramos competitivos, teníamos impuestos muy altos, no se podía girar divisas, y existía una serie de restricciones que desalentaban la inversión.

-Los incentivos chocan a veces con los marcos regulatorios. ¿Cómo prevén compatibilizar ambos aspectos?

-Se trabaja en coordinación con las provincias para uniformar políticas. Sabemos de las distintas idiosincrasias provinciales, y se trata de avanzar en conjunto para superar estas barreras. En el caso de Mendoza, trabajamos estrechamente a partir de los esfuerzos del subsecretario de Minería Guiñazú, con las Mesas de Diálogo, para tratar de abrir el debate con conocimiento científico. Más allá de la vigencia de la ley 7.722, se está haciendo una labor muy importante para tratar de poner en marcha el potencial minero que tiene la provincia. De hecho, también desde el Gobierno nacional intentamos que Chubut, donde también existen restricciones, pueda levantarlas.

-Los empresarios remarcan la vocación pro-minera de la Nación y la brecha de indefinición en Mendoza. ¿Cómo se supera esa dicotomía?

-Es cuestión de concientizar, de hablar con conocimiento científico sobre minería, de derribar los mitos, poner las cosas en su lugar en cuanto a magnitudes de lo que se habla. Creo que con buena comunicación y debate se irá dejando atrás.

-¿Cuál es el nuevo esquema previsto para las regalías, con un techo histórico del 3%?

-El techo siempre fue del 3%, pero sobre el valor boca-mina que permite, para el cálculo de la base imponible algunos descuentos vinculados a la transformación del producto y la comercialización. En el nuevo acuerdo firmado con las provincias se fija como máximo “de hasta un 3%” pero sobre el valor de venta; a partir de ahí, cada provincia determinará el porcentaje con ese tope del 3%. Pero además, se habla de un aporte del 1,5% destinado a un Fondo de Infraestructura en las zonas de desarrollo minero.

-¿Vamos a un esquema impositivo “a medida”, atado a la rentabilidad de cada proyecto, como Chile o Perú?

-Es potestad provincial analizar la rentabilidad de cada proyecto y en ese marco fijar la regalía.

Se discutió adoptar un esquema parecido al de Chile, donde se aplica una tabla creciente atado al margen operativo de cada mina, pero no se contempló hasta ahora una coparticipación de las ganancias. La idea es adoptar un esquema de competitividad con nuestros vecinos y el resto de los países para estar mas o menos alineados en términos impositivos. Con una mirada corta, establecer impuestos altos genera aparentemente más recursos para el Estado, pero en realidad se aplica a una porción pequeña de los que están explotándose y se pierden muchos más que no se van a desarrollar.

Argentina necesita divisas, capitales que quedan en el país y generan trabajo. En 2015 las inversiones estaban en el orden de los u$s 150 millones anuales, contra más de u$s 300 en 2017. Eso es porque tanto las empresas que hacen exploración como las que están explotando deciden ubicar más recursos.

-Mendoza tiene en suspenso dos proyectos: Potasio Río Colorado, por razones económicas y San Jorge, por cuestiones legales.

-En lo que respecta a San Jorge, la regulación es potestad del Gobierno provincial. Igualmente entiendo que ninguno tiene problemas con la ley 7.722.

En cuanto a Potasio, se perdió una gran oportunidad cuando el precio internacional del mineral era altísimo y la empresa (la brasilera Vale), tenía caja para hacerlo. Debieron haberse facilitado mucho más las condiciones para capitalizar esa inversión; las sobreexigencias que surgieron en los estamentos municipal, provincial y nacional, cargaron tanto la mochila que al final no se podía arrastrar. Y cuando bajo el precio del potasio, todo se paralizó. ¿Qué se hace ahora? El potasio se recuperó un poco, lo cual es un incentivo. La Provincia y el Ministerio de Transporte nacional trabajan para bajar los costos logísticos, uno de los componentes principales. De aprovecharse el ferrocarril vinculado a Vaca Muerta, para asegurar el traslado del mineral al puerto de Bahía Blanca bajaría sustancialmente el costo y de ser inviable, quedaría más cerca de la oportunidad para reactivarlo.

-Lo de Barrick reflotó el debate medioambiente versus negocios ¿Cómo garantizar un control confiable  que no frene proyectos?

-Un tema es comunicar bien y con fundamento. Por supuesto, hay que fortalecer los sistemas de control, con participación comunitaria para el monitoreo, algo que en otras provincias se aplica. Todas las actividades humanas conllevan cierto riesgo; lo importante es adecuar los controles para que se desplieguen dentro del marco de seguridad exigible. Si uno mira atrás, la ley general de Minería fue anterior a la pensada para la protección ambiental. Saldrá con el Acuerdo del Congreso, que es prioridad para el Ejecutivo pero cuyos tiempos de tratamiento no manejamos.