Las comparaciones son odiosas, pero resulta inevitable para referir el tipo de desarrollo económico de dos provincias vecinas con potencial minero, como Mendoza y San Juan, cuyas condiciones son bien distitntas.
El efecto derrame de un crecimiento exportador, la “licencia social” e inversiones fueron ejes del Ciclo de Encuentros organizado con el ministro de Minería sanjuanino, Alberto Hensel, y Carlos Ferrer, titular de Casemza (Cámara de Servicios Mineros de Mendoza).
El editor general de Los Andes, Raúl Pedone, y la editora de Productos Especiales, Alejandra Vargas, fueron los encargados de entrevistarlos.
Un punto de partida: mientras San Juan exporta unos u$s 2.000 millones de productos minerales, Mendoza resignó u$s 5.000 millones en inversiones y casi 5 mil empleos. Pesó el mercado y la política económica, pero también la resistencia de parte de la sociedad que ve riesgo de vida.
“Pasamos una crisis con los dólares y la minería genera muchos para una economía que los necesita. Además hay que hacer historia para rescatar decisiones de gobiernos como el de Emilio Civit por el bien común de los ciudadanos sobre intereses sectoriales. Y como la de San Juan para estar mejor”, reflexiona Ferrer.
Para Hensel, en San Juan la minería es política de Estado. Y más allá de la protección ambiental, rescata otras prioridades. “En primer lugar, el potencial geológico para atraer inversiones, dado que en Argentina la actividad es 0,6% del PBI frente al 6% de Perú o Chile. Y un marco institucional pensado en necesidades económicas que crecen”.
El cambio de matriz productiva aparece en escena. “Veníamos de la vid como monocultivo pero se diversificó la economía provincial. San Juan y Mendoza, de donde llegaron pioneros de la actividad no metalífera como Casale y Carbometal, está llamada a ser la región más potente en base a recursos mineros, hidrocarburos y agro. Si bien nos interesa la protección ambiental, más el desarrollo económico”, redondea el funcionario.
Ferrer coincide y compara la necesidad de diversificar la matriz, “que en Mendoza llegó a un techo y debe ampliarse; ya no puede financiarse con endeudamiento, y para eso la inversión genuina es fundamental, como pasó en San Juan, donde con fideicomisos se deja beneficios para los próximos cien años”.
Según el presidente de Casemza, que de 20 proyectos evaluados se activen 5 ayudaría al despegue de una economía que, a su criterio, desaprovecha chances.
Y esgrime cifras: Mendoza no exporta minerales y San Juan casi u$s 2.000 millones, el doble de todos los despachos mendocinos al mundo. Aún lejos de los u$s 10.000 millones de Chile.
“Estamos sentados en un tesoro y es responsabilidad constitucional extraerlo. El presidente Macri abrió el juego y está pidiéndoles a las provincias que promuevan la explotación”, resume, sin eludir hablar de controles.
A su criterio, “se necesitan controles escalonados y comunitarios; ver lo que pasó en Australia con el estándar de vida de sus habitantes gracias a la minería, que explica el 45% del PBI mundial”.
Por su parte, Hensel se apoya en números para mostrar los avances de San Juan en las últimas dos décadas.
“Desde 2005, con Veladero, al que en 2009 se sumó el proyecto Gualcamayo y luego Casposo, hubo un quiebre económico; pasamos de exportar 200 millones de dólares a 1.500 millones, y 76% fue gracias a la minería. Permitió formar más de 1.200 pymes, muchas mendocinas”, reseña.
De paso, un tiro por elevación a Mendoza al afirmar que “si se explotara el 70% de la reserva cuprífera existente, Argentina podría exportar unos 8.000 millones de dólares y reemplazar la importación de cobre con un solo proyecto”.
Para el ministro de Minería de la vecina provincia, “prácticamente recuperamos la autonomía energética. Y en lugar de endeudarnos, con los recursos obtenidos ayudamos a otros sectores. Se logró solvencia financiera con fondos anticíclicos, para evitar así que algún viento de costado nos pegue. Sin dudas, hubo un antes y un después en San Juan”.
¿Quiénes ganan más, las mineras o el Estado? “Algunos dicen ‘se la llevan toda. En Veladero se invierten 860 millones anuales en insumos, bienes, servicios, salarios, Ingresos Brutos, IVA y Ganancias. Se confunde facilidades impositivas, que la minería no tiene, con estabilidad fiscal”.
La charla se encamina hacia oportunidades aprovechadas y otras que no, sin obviar lo que desde San Juan exponen como acierto: el control comunitario o compartido entre Gobierno, técnicos y ciudadanos. La cuestión remite al episodio del derrame de cianuro con la Barrick Gold en Jáchal, y al tema del agua, desde su preservación hasta del volumen consumido.
“Es la actividad económica más regulada que hay. ¿Si hubo errores? Por supuesto que sí. De hecho, y siendo el primer destino de inversiones en Argentina y el tercero de la región detrás de Chile y Perú, en dos años hemos aplicado las sanciones más duras de la historia”, consigna el funcionario.
En línea, Ferrer cargó nuevamente contra la ley 7.722, que espera reglamentación y que para muchos frena los proyectos metalíferos en Mendoza.
“Tiene un contenido inconstitucional, porque impide el uso de ciertas sustancias que sí están permitidas en otras actividades. Esa es la base de la demanda ante la Corte, y un caballito de batalla que se trasladó al fracking; los que lo impulsan son los mismos. Nadie se imagina una Mendoza sin desarrollo petrolero, pero la verdad es que los planteos se viralizan y se confunden”.
En una suerte de mensaje final, todo apunta a ganar la confianza en la minería. “Hay que animarse. Yo le diría a Cornejo que haga historia, y a la sociedad que tenga fe sin prejuzgar una actividad que no tenemos”.
Por su parte, luego de remarcar la vigencia de controles internos con la Policía Minera y hasta auditorías ambientales de la ONU, Hensel resume su idea: “La minería es parte de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El tema es cómo controlamos su desarrollo”
