Economistas cuestionan las políticas taifarias del Gobierno y la falta de competencia en el mercado.
"Las tarifas tienen que cubrir los costos, pero ¿qué costos? Y ahí es dónde me parece que hay cosas que se han hecho bien y otras que no se han hecho bien", dijo ayer Daniel Artana, titular de FIEL, en medio de un debate creciente sobre el tema tarifario que incluye la discusión en el Senado sobre el proyecto de la oposición con media sanción en Diputados y medidas judiciales adversas a los aumentos.
En declaraciones radiales, Artana también dijo que "no se puso un peso en generar las reglas de competencia del funcionamiento de mercado que aseguren que los costos van a ser los más bajos posibles". El economista cuestionó las licitaciones de energías renovables porque aseguran precios a las empresas por 20 años en dólares, y la fijación de nuevos márgenes de transporte eléctrico sin un verdadero debate, y también planteó la falta de reglas para el funcionamiento del mercado mayorista de la energía.
Por su parte, Jorge Lapeña, titular del Instituto Argentino de la Energía, escribió en Twitter que se debe "revisar meticulosamente cómo está calculado el precio del gas que es el verdadero motor del gran incremento en las facturas de gas y electricidad". También sostuvo que es prioritario "el trasparentamiento del costo de producción argentino de todas las cuencas productoras de gas y de petróleo".
Según reseñó Ámbito, estos cuestionamientos se dirigen a los precios del gas y la electricidad que están fijados por el Estado a través del Ministerio de Energía, y no a los ingresos que perciben las transportistas y distribuidoras y que fueron fijados para el quinquenio 2017-2021 a cambio de un plan de inversiones. Sin embargo, este aspecto también fue muy criticado en la Cámara de Diputados por las ganancias que esas empresas declararon en los balances de 2017.
Las objeciones a los mecanismos utilizados por el ministro Juan José Aranguren para fijar los precios del gas y la energía se refieren a que no están basados en los costos de producción en el mercado local, sino en los precios de importación y por ese motivo dolarizados.
La devaluación y el alza del crudo hacen inviable compensar lo perdido. Desde que se firmó el acuerdo, el barril y el dólar en conjunto presionan para un ajuste del 25%
Según El Cronista, a tan solo tres semanas del acuerdo de estabilidad de precios de los combustibles líquidos, las petroleras ya sienten que les será imposible recuperar en surtidores lo que perderán en mayo y junio por el fuerte incremento del barril de crudo en el mundo y la devaluación del peso.
Así, esperarán que el Estado les compense antes del 31 de marzo próximo, lo que implicará un mayor gasto en un momento en que se debe acelerar el ajuste fiscal. Dicho de otra forma: el Estado subsidiará a toda la cadena para evitar que los aumentos de combustibles se trasladen indirectamente a los precios de los alimentos y encarezca el transporte y la logística. También se verán beneficiados los automovilistas.
A cambio, el Estado entregará dinero a las petroleras, un sector con el que ya tiene una deuda de u$s 1500 millones por subsidios a la producción de gas que no se pagaron en todo 2017. Las últimas cuentas que sacaron las compañías es que solamente por las variaciones del crudo y del tipo de cambio a partir del 2 de mayo, los precios de las naftas y el gasoil deberían ajustarse más de 25%.
Hace tres semanas, los jerarcas de YPF, Shell y Axion firmaron con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, un entendimiento para no incrementar directamente 12% los precios, sino hacerlo en cuotas durante los últimos seis meses de 2018. Según una fuente del sector, que pidió mantener el anonimato, el Gobierno hizo borrón y cuenta nueva aquel día.
Por lo que, si se tuviera en cuenta la última vez que hubo aumentos de combustibles (en abril), la variación superaría un 40%, por la combinación de la situación internacional (fortalecimiento del dólar a nivel global, sanciones a Irán por el acuerdo nuclear, crisis en Venezuela) y las debilidades locales que potenciaron este cuadro, con los precios de los combustibles liberados y atados al dólar desde el año pasado.
Solo el valor del crudo representa el 89% del costo de las naftas, según consta en el texto del acuerdo. Claramente, un shock de esa magnitud es imposible de aplicar sin perder mercado, según leyeron en el sector.
Además, agregaría una presión inusitada sobre la inflación, un tema en el que deberá intervenir el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y coordinar con Aranguren desde hoy para al menos lograr que la suba generalizada de precios sea menor que en 2017 (24,8%), con la meta del 15% ya resignada.
La fecha clave es el 5 de julio, cuando las cuentas estarán cerradas y se produciría el primer ajuste de los combustibles en tres meses. Antes podría haber nuevos encuentros para recalibrar el acuerdo, aunque por ahora lo descartaron desde el Ministerio de Energía.
En el medio, Hacienda deberá definir una modificación del Impuesto a los Combustibles en junio en base a la inflación de los últimos tres meses, otro ítem que está en veremos. Difícilmente el Gobierno pueda avanzar en actualizar ese impuesto, ya que agregaría una nueva presión alcista. Otro incremento en stand by es el de la electricidad. Para agosto, el Ministerio de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) habían fijado una nueva revisión en los precios de la electricidad, en base a los costos mayoristas con baja de subsidios y el traslado de la inflación mayorista semestral.
Sin embargo, la semana pasada la Subsecretaría de Energía Eléctrica fijó los precios mayoristas entre mayo y octubre al mismo nivel de febrero, cuando un dólar valía $ 20. El precio promedio que paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es de u$s 74,8 por MWh, un valor sobre el que el Estado subsidia el 29%. Como el precio en pesos se mantuvo, el subsidio será mayor
