Algunos bancos que respaldan las ofertas de los 10 grupos que se presentaron a la licitación de PPP no están seguros de seguir en carrera.
El Gobierno apuesta a que el programa de Participación Pública Privada (PPP) sea una tabla de salvación para la obra pública. El jueves se hará la apertura de los sobres con las ofertas económicas para seis corredores viales, que suponen una inversión de US$ 6.000 millones. La decena de postulantes que ya presentó propuestas (con financiamiento) afronta un cambio de escenario del país, que puede afectar su relación con los prestamistas, que son gigantes financieros extranjeros.
Pero, además, son conocidos los reparos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre esta forma de financiamiento. Es que el pago de estas obras será a través de un bono público, pero que los funcionarios niegan que sea deuda pública. "No le quieren poner el nombre de deuda pública, pero es cierto que se tratará de un compromiso que asume el Estado y al FMI no le gusta", contaron algunos postulantes. Hay cierta inquietud sobre si el organismo multilateral puede llegar a ponerle "bolilla negra" a este mecanismo una vez que haga un préstamo al país.
Según Clarìn, cada uno de los diez postulantes ya presentó una garantía de US$ 15 millones, cuando se conocieron las ofertas. Pero el escenario económico de abril -el momento en que vinieron conversando con sus prestamistas y realizaron sus propuestas económicas- cambió en relación al de estas semanas. Varios de los consorcios dialogaron con sus agentes financieros y lograron certezas que los fondos siguen estando disponibles. Pero algunos ya encontraron algunos reparos de parte de bancos de inversión. Es probable que ese percance se haga visible en los próximos meses.
El Gobierno seleccionará ofertas que considera técnicamente viables y detallará las propuestas económicas. Después, se supone que viene un plazo de 15 días hasta elegir a los ganadores. Los seleccionados deberán afrontar ahora un compromiso económico algo mayor, cercano a los US$ 60 millones.
En abril, en Vialidad se sorprendieron porque vieron a importantes empresarios poniendo como garantía sus bienes personales más valiosos (como campos), para ser considerados dentro de la grilla de PPP. Pero ahora, la necesidad de mostrar liquidez será mayor y es allí donde afloran algunos temores. Los consorcios que recurren a financiamiento estuvieron chequeando si las líneas de crédito siguen abiertas e intactas. La mayoría encontró respuestas afirmativas, pero algunos aspirantes todavía no tienen esa convalidación.
En el Gobierno creen que si un consorcio es preadjudicado, pero no puede cumplir, la obra será para el que viene segundo y así sucesivamente. Tras la selección de ganadores, vendrá un período de cuatro meses para realizar el contrato, perfeccionarlo y que arranque la obra. Hay 10 aspirantes que se presentaron para 6 corredores. De esa decena, hay -al menos- unos 6 que estarían en condiciones de avanzar con el proceso. Pero hay otros cuatro a los que le estaría faltando alguna garantía.
En el oficialismo desdramatizan. Si uno de los seleccionados no cuenta con los fondos, la obra se le adjudicará al segundo. Pero si la cantidad de postulantes en condiciones financieras se reduce, también sube el riesgo de que el mismo grupo se quede con más de un corredor vial.
La construcción de corredores de 2.500 kilómetros se divide en autopistas, rutas seguras y obras especiales. Vialidad Nacional estima una inversión de US$ 6.000 millones en los primeros cinco años y otros US$ 2.000 millones en los años 6 a 15 de la concesión.
El Estado pagará las obras una vez que haya sido terminadas. Irá emitiendo bonos trimestrales con lo correspondiente a lo ejecutado en períodos anteriores. Esos bonos -que el Gobierno especifica que no son de deuda pública, pero que serán "transables"- se nutrirán de un fondo para obras de infraestructura (se cobra en la venta de combustibles), pero también habrá aportes del Tesoro. Lo que cobrarán los concesionarios por peajes y el uso de los corredores viales les servirá para el mantenimiento, pero no alcanza para repagar la inversión inicial.
Helport (Eduardo Eurnekian), Sacde (de Marcelo Mindlin), Techint, Rovella Carranza, Roggio, Cartellone, MSU, Green America, Grodgo y Vial Agro encabezan los grupos interesados. Si alguno tuvo negocios vinculados a Oderbrecht o está siendo investigado por esa razón, sus posibilidades de continuar en la carrera PPP pueden peligrar, según comentan entre empresarios.
Desde el Ministerio de Transporte aseguraron a ámbito.com que todos los cronogramas de licitaciones se mantienen vigentes y disiparon dudas respecto a eventuales modificaciones en este esquema.
En el marco de los bruscos movimientos del dólar durante las últimas semanas, el Gobierno anunció la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un préstamo stand by, cuya letra chica, aún se desconoce. En paralelo, el Gabinete intenta llevar tranquilidad a diario y, desde el jefe de ministros Marcos Peña pasando por diputados y senadores, toda la plana del oficialismo salió a defender el acuerdo.
En esta línea, la agenda gubernamental local sigue en pie, y en ella se destaca esta semana la apertura de ofertas económicas para las obras que se llevarán a cabo mediante el programa de Participación Público Privado (PPP), en el marco de las turbulencias económicas de las que no estará exenta, indicó Ámbito
El acto, que se realizará el jueves en Vialidad Nacional, estaba previsto originalmente para la semana pasada, pero la expectativa por la reunión entre el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la titular del Fondo, Christine Lagarde, corrió una semana el evento, pese a que muchos lo pusieron en duda.
Desde el Ministerio de Transporte aseguraron a ámbito.com que todos los cronogramas de licitaciones se mantienen vigentes y disiparon dudas respecto a eventuales modificaciones en este esquema.
En tanto, un miembro de la mesa ejecutiva de la Cámara de la Construcción (CAMARCO), consideró que "difícilmente el acuerdo con el FMI tenga algún impacto" en el corto plazo, aunque señaló que "seguramente en el futuro haya un diálogo entre el Gobierno y el Fondo por PPP".
"Sería una locura no llevar a cabo en este momento los acuerdos pactados con las empresas y consorcios, y estamos seguros de que el Gobierno no puede permitir que el FMI mande todo al diablo. Ahora, si el Fondo dice que se disminuya la estructura PPP a futuro, ese es otro tema", admitieron.
La principal preocupación del sector de la construcción es que, a su entender, el Fondo no ve con buenos ojos el sistema PPP ya que "lo considera deuda pública encubierta". En este marco, no descartan un escenario a futuro en el cual la entidad que conduce Lagarde pueda argumentar que "le están haciendo tomar más deuda, porque no se contabiliza".
Los cierto es que, hasta ahora, no se conoce si en Washington el tema PPP fue abordado. En el mientras tanto, el Estado anunció que las obras serán pagadas con la emisión de bonos, cuya tasa de financiación, aún no fue dada a conocer. Según el proyecto del oficialismo, los ingresos de los contratistas provendrán del pago de los peajes por parte de los usuarios y de la recaudación del impuesto al gasoil.
Todo dependerá de la rigurosidad con la que el Fondo observe los asientos contables de las obras por PPP, cuyos primeros desembolsos deberán hacerse efectivos en cuatro años.
