Vecinos y representantes de entidades públicas y privadas mostraron su apoyo a la actividad minera en el departamento del Sur provincial

Más de 3.000 personas, entre vecinos y representantes de entidades públicas y privadas de Malargüe, se manifestaron en defensa de las utilización del fracking en la actividad petrolera, en respuesta a movilizaciones contrarias que se realizaron durante las semanas previas. Los malargüinos también reclamaron por las fuentes de trabajo que genera la actividad.

El Gobierno mendocino ya había aclarado que esa actividad se practica hace 60 años en la provincia y que las nuevas normas dictadas al respecto establecen la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental, detalló UNO.

"Apoyamos la utilización de estas técnicas de fracking para la explotación del petróleo no convencional y refutamos los argumentos sembrados por personas u organismos que nada tienen que ver con la actividad petrolera y cuyos fines son sembrar mitos, miedos o ventaja política que perjudican a nuestra querida comunidad", afirmaron desde Malargüe las entidades convocantes.

"La Ley de Hidrocarburos estableció un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking) sin una normativa que regulara el impacto ambiental de la actividad. Con la reglamentación del Decreto 248, Mendoza se transforma en la primera provincia que se compromete a preservar el ambiente y a no contaminar las reservas de agua", afirmó el Ejecutivo mendocino.

El acto de apoyo en Malargüe fue a las 20 en el polideportivo municipal donde la comunidad del lugar se manifestará públicamente en apoyo y en defensa de esta actividad que representa la matriz productiva y económica del departamento", reseño MDZ

La gobernación reseñó también que "en julio de 2013, el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 929 que estableció el "régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos y el 31 de octubre del 2014 fue promulgada la reforma de la Ley de Hidrocarburos".

El texto estableció un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking), sin establecer una normativa que regulara el impacto ambiental de la actividad.

 Ante esta situación, la provincia de Mendoza trabajó en la elaboración de un decreto que reglamentara la actividad mediante un protocolo de funcionamiento que le otorgara una regulación ambiental a una actividad que se ejerce sin ningún tipo de control desde su aprobación.

Así, con la premisa del cuidado del medio ambiente y bajo la convicción de que el agua debe ser protegida, el Ejecutivo reglamentó, a principios de marzo del 2018, el Decreto 248. Sin este decreto, la actividad continuaría practicándose en Mendoza porque la Ley nacional de Hidrocarburos así lo impulsó.