Buenos Aires, 8 de mayo de 2018.-
La energía ante el desafío de seguir creciendo: todos somos responsables Las cámaras y empresas que integran los sectores de la energía eléctrica y del gas natural de la República Argentina estamos convencidas de que para que el país crezca y se desarrolle se necesita más energía.
Para incrementar la producción, transporte y distribución energética es preciso que las empresas continuemos realizando importantes planes de inversión a mediano y largo plazo, basados en reglas claras, estables y previsibles.
Por eso hoy manifestamos nuestra preocupación ante el debate legislativo de proyectos que pretende retrotraer decisiones que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo aplicando las Leyes Nacionales y los Marcos Regulatorios vigentes desde hace décadas, modificando cuadros tarifarios que fueron exhibidos en Audiencias Públicas y aprobados junto con el Presupuesto Nacional.
Creemos que algunos de los proyectos presentados conllevan cambios que pondrán en peligro futuras inversiones, generarán pérdida de puestos de trabajo y prolongarán el déficit energético que el país arrastra desde hace años. Sabemos que la recomposición tarifaria demanda esfuerzos económicos para los usuarios.
Pero, a la vez, significa una reducción de los subsidios que afronta el Estado y del déficit fiscal, que es una carga inequitativa para toda la sociedad. Si se retrotraen las tarifas, ese mayor déficit se deberá cubrir con mayor endeudamiento o con emisión monetaria y consecuentemente mayor inflación. Somos conscientes de que cualquiera de esas alternativas es más inequitativa y costosa para los sectores de menores recursos.
Es importante resaltar que estos sectores están cubiertos por la tarifa social que alcanza al 30% de los usuarios de luz y al 20% de los usuarios de gas. El desarrollo energético es estratégico y demanda consensos y políticas conjuntas que atiendan los intereses de todos los sectores.
Establecer una recomposición gradual de las tarifas, difundir campañas para fomentar el consumo responsable y eficiente y la aplicación de tarifas sociales para quienes lo necesiten, son decisiones tan importantes como la de respetar y cumplir las leyes, los marcos regulatorios y los compromisos contractuales.
ADEERA - Asoc. Distribuidores de Energía Eléctrica de la Rep. Argentina. AGEERA - Asoc. Generadores Energía Eléctrica de la Rep. Argentina. AGUEERA - Asoc. Grandes Usuarios Energía Eléctrica de la Rep. Argentina. ATEERA - Asoc. Transportistas de Energía Eléctrica de la Rep. Argentina. ADIGAS - Asoc. Distribuidores de Gas de la Rep. Argentina. TGN. TGS.
El viernes pasado, mientras el Gobierno rediseñaba parte de su política económica y el dólar retrocedía hasta los $ 22,17, a la Corte Suprema ingresaba el primer expediente relacionado con la discusión por el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
Según publicó El Cronista, Se trata del amparo colectivo que a mediados de abril presentó el municipio de Leandro N. Alem, en el que cuestiona la suba del gas para los usuarios residenciales. El máximo tribunal, tras el dictamen de la Procuración General, deberá resolver la competencia del amparo, que se disputan el juzgado de Junín y el contencioso administrativo porteño número 8, donde pretende que se tramite el Ministerio de Energía, uno de los demandados junto al Enargas y a Camuzzi Gas Pampeana.
La presentación la inició Leandro N. Alem, a través de su oficina de Defensa del Consumidor, en el juzgado de Junín a cargo de Héctor Pedro Plou, que mantuvo la competencia y elevó ante la sala I de la Cámara Federal de La Plata el pedido para que defina qué jurisdicción debe ser la interviniente en la disputa territorial.
Desde allí, se traspasó el reclamo a la Corte Suprema, que corrió vista a la Procuración General. El viernes, consta en la notificación electrónica a la que se puede acceder desde el Centro de Información Judicial, el Ministerio Público Fiscal dictaminó sobre el caso y lo envió a la Corte, que deberá definir en las próximas semanas. Si bien representa una discusión de mero aspecto territorial, será el primer caso en el que los jueces del máximo tribunal se expresen sobre los recientes aumentos de tarifas ordenados por el Gobierno.
Más allá de que la Procuración ya dictaminó, hasta anoche, no se podía acceder al contenido de esa decisión que, se espera, se conocerá hoy en las primeras horas del día. En paralelo, existe una demanda del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), ONG de La Plata que radicó una acción colectiva en nombre de "los usuarios del servicio público de gas natural del territorio nacional", en la que solicitó la nulidad de la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural por redes dispuestos a partir del 1 de abril.
Cepis es la ONG que en 2016 logró que su amparo ante el aumento de las tarifas de gas llegara hasta la Corte. Luego, en agosto de ese año, el máximo tribunal se despachó con un fallo en el que obligó al Gobierno a retrotraer las subas y a convocar a audiencias públicas, argumentando el criterio de razonabilidad al momento de la aplicación de tarifas.
Ahora, en su demanda, nuevamente el Cepis plantea que "no puede el incremento afectar la protección del interés económico de los consumidores sin tener en cuenta su capacidad de pago, máxime ante la posibilidad cierta y concreta de vulnerarse derechos humanos ante un encarecimiento desproporcionado".
Mientras en el Congreso el justicialismo buscará esta semana aprobar en Diputados un proyecto que congele los precios de las tarifas de los servicios públicos; el Ejecutivo, en caso de que se convierta en ley luego, tendría decidido vetarlo. En ese marco, como tercera pata aparece la Corte que podría tener, como en 2016, la última palabra en el tema y decidir, quizás después de la feria de invierno, si valida o desactiva los aumentos
El PJ hará retoques en su dictamen que limita las subas. Pero igual en el oficialismo creen que el costo fiscal sería alto. Acuerdan tratar mercado de capitales, una ley que pidió Macri.
Si la palabra preserva su valor, la oposición aprobará este miércoles un proyecto “depurado” para limitar la suba de tarifas y acompañará al Gobierno en la sanción definitiva para reformar el mercado de capitales.
Desde la UCR ratifican que Mauricio Macri está "dispuesto" a pagar el costo político de vetar el freno a las tarifas
Los jefes de bloques en Diputados mapearon ayer el escenario legislativo , entre los temblores del dólar y el shock del acuerdo con el FMI. “La sensación es de confusión, el clima de incertidumbre”, apuntó un diputado opositor que negoció el acuerdo para que en la sesión especial de las 10,30 se apruebe el proyecto que pidió Mauricio Macri y luego, con los legisladores de Cambiemos en sus bancas, la oposición multicolor sancione la ley que congela la suba de tarifas.
El radical Mario Negri, presidente del interbloque de Cambiemos, ratificó la voluntad presidencial de “pagar el costo político” y vetar el tope tarifario si el Senado lo convierte en ley. “Nos manifestó que tiene clara conciencia del costo político, pero si es para evitar la irracionalidad, va a vetar la ley”, dijo Negri, quien el lunes participó de la cumbre de la mesa de Cambiemos en la Casa Rosada.
Fue un aviso del tono belicoso que se pronostica para la hora del debate. Negri es el que recibió el informe de los técnicos de la UCR que estima un costo fiscal de 101 mil millones de pesos el costo fiscal del dictamen opositor y de 78 mil millones si finalmente le quitan la baja del IVA.
El texto opositor, como anticipó Clarín el viernes, será “limpiado” en el recinto, donde eliminarán los artículos que establecen bajas en el IVA, retoque promovido por los diputados del peronismo no K a pedido de los gobernadores del PJ. Ahí aparece un matiz en el panperonismo: el bloque Justicialista de Pablo Kosiner y el Frente Renovador de Graciela Camaño, más los delegados provinciales, impulsan cambios para “moderar” el proyecto. Habrá otra corrección: las tarifas congeladas a noviembre pasado y atadas a salarios no alcanzará a los grandes consumidores o a los de áreas residenciales.
El peronismo de Argentina Federal dará quórum y votará la ley de mercado de capitales, que hace meses reclama la Casa Rosada. El FpV de Agustín Rossi no: pidió endurecer la ley de tarifas y votará en contra cercado de capitales. Esa bancada volverá a cuestionar el acuerdo en proceso con el FMI, como lo hizo este martes. En cambio, habrá unicidad panperonista, más provinciales, socialistas y de la izquierda respecto al proyecto que modera la suba de tarifas de los servicios públicos.
