La constructora brasileña dejó asentados pagos indebidos por la obra Paraná de las Palmas durante 2010. PERFIL accedió a los documentos.
Nuevos documentos de la constructora Odebrecht revelan pagos de supuestos sobornos por la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, uno de los proyectos de la empresa estatal Aysa. En las planillas a las que accedieron PERFIL y el colectivo periodístico Investiga Lava Jato quedaron registrados cuatro pagos por la obra realizada en el Tigre, los alias y montos de los destinatarios de las coimas y los apodos de los cueveros que intervinieron en los pagos.
Estos documentos forman parte de la investigación en Brasil y son incompletos. Los datos sobre Argentina están bajo secreto, a la espera de un acuerdo con laJusticia argentina para la entrega de información. Se estima que la compañía pagó unos US$ 14 millones en coimas por esta obra.
Las planillas eran registros del Sector de Operaciones Estructuradas, el departamento de coimas de Odebrecht, utilizados para organizar los pagos semanales que la compañía realizaba a funcionarios de Brasil y otros países. Los encargados de elaborar estas planillas tomaban.
medidas de seguridad, como asignar apodos a los destinatarios de las coimas -que pueden ser funcionarios o intermediarios-. Fuentes del caso en Brasil y en la Argentina tampoco descartan que esos pagos estuvieran destinados a sindicalistas. Según los investigadores, además, las socias locales no están exentas de la responsabilidad de las coimas. El propio Marcelo Odebrecht dijo durante su declaración en Perú: "En la mayoría de los casos, quienes hacían los pagos eran los socios locales, y nosotros luego los reembolsábamos".
Odebrecht realizó pagos indebidos para esta obra de Aysa al menos desde 2010. Uno de ellos se programó para el 27 de julio de ese año en San Pablo y su destinatario era "Río Grande". Contraseña: "brócoli". Cobró US$ 67.289.
Otros tres pagos registrados en las planillas estaban programados para realizarse en Buenos Aires. Dos coimas se pagaron el 31 de agosto de 2010. El destinatario "Caballo" recibió US$ 18 mil. El otro pago para ese mismo 31 de agosto fue para "Raúl Seixas". Raúl Santos Seixas fue el padre del Rock & Roll brasileño. El músico murió en 1989. Los encargados de asignar los alias a los destinatarios de los sobornos le encontraron a este receptor alguna similitud con el célebre músico, de abundantes rulos y tupida barba candado Este destinatario recibió US$ 25 mil.
Hay un tercer pago en Buenos Aires, también en 2010, pero fechado para el 11 de noviembre. El destinatario vuelve a ser "Caballo" y recibió US$ 12 mil. En los cuatro casos, el ejecutivo de Odebrecht asociado a los pagos es Mauricio Couri Ribeiro, CEO de la constructora en Argentina hasta 2011.
Los sobrenombres no fueron identificados aún. Las identidades de los sobornados estarían en poder de la Justicia de Brasil y de dos hombres que admitieron detalles del circuito de coimas en la Argentina: los ejecutivos Marcio Faria y Luiz Mameri. Uno de ellos habría apuntado contra el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, a quien la Justicia le prohibió esta semana salir del país, como supuesto intermediario de los pagos a funcionarios del ministerio de Julio de Vido. Rodríguez niega las acusaciones y dijo a PERFIL que pidió esta semana a Odebrecht que emita un comunicado desvinculándolo de las coimas pero no obtuvo respuesta.
En las planillas aparecen los mismos dos doleiros o financistas encargados de ejecutar los pagos por las obras en Argentina. También se les asignaban apodos. Cuando los pagos se realizaban en Buenos Aires, el "prestador" era Tuta. Es el mismo cuevero que también aparece para las obras "dutos Argentina", "gasoducto San Martín" y "Refinería YPF", como reveló PERFIL en junio de 2017. Cuando los pagos se hacían en Brasil intervenía otro prestador: "Paulistinha".
La planta potabilizadora fue adjudicada en 2008 a Odebrecht, Roggio, Supercemento SA y Cartellone por un presupuesto 24% mayor al que se había licitado. Además, dos adendas permitieron seguir elevando el precio en otros $ 1.000 millones.
Por este caso, el juez federal Sebastián Casanello ya indagó a uno de los principales empresarios de la obra pública: Aldo Roggio, socio de Odebrecht en la obra de Aysa. Está en la mira por irregularidades en la licitación. En el mismo expediente, el fiscal Federico Delgado investiga el presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas para que las compañías ganaran las licitaciones y encarecer los contratos.
Voceros de Odebrecht dijeron que la empresa "ratifica su firme voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, para colaborar de forma amplia y eficaz con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la Justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente".
La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas por US$ 25 millones a funcionarios argentinos en la obra pública para la extensión de las redes troncales de gasoductos, según confesó en Brasil uno de los máximos ejecutivos de la compañía brasileña, Marcio Faria, quien se acogió al régimen de la delación premiada.
Según indico el periodista Hugo Alconada Mon en diario La Nación, ante los fiscales que escucharon su confesión en Curitiba, Faría identificó al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y al lobista Jorge "Corcho" Rodríguez como los intermediarios de esos sobornos, antes y después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010.
La confesión quedó registrada en los videos judiciales a los que accedió LA NACION y que publica a lo largo de esta semana, en donde se revelan los negocios oscuros de la compañía y la implicación de funcionarios y empresarios argentinos.
Faria detalló que Odebrecht había subcontratado en esa obra a una empresa constructora de Wagner, Esuco, pero que los sobornos se pagaron mediante "transferencias en el exterior".
La Fiscalía incautó este lunes cinco viviendas y cuentas bancarias del ex presidente Ollanta Humala, en el marco de las investigaciones sobre lavado de activos vinculada a donaciones por parte de la firma brasileña Odebrecht para su campaña política en 2011.
Un equipo del Ministerio Público, dirigido por el fiscal Germán Juárez Atoche, dirigió el operativo que forma parte de la investigación que se le sigue al ex mandatario y su esposa Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos.
El procedimiento se da una semana después de que Humala -que gobernó el país entre el 2011 y el 2016- y Heredia fueran puestos en libertad, tras ser revocada por el Tribunal Constitucional la medida de prisión preventiva que pesaba sobre ambos desde julio de 2017.
La "incautación de los inmuebles implica su desposesión y entrega a (la estatal administradora de bienes) Pronabi, debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito", dijo el Ministerio Público a través de la red social Twitter.
La fiscalía tiene previsto incautar otras cuatro viviendas propiedad de la ex pareja presidencial y, según fuentes consultadas por El Comercio, estos se entregarán al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que depende del Ministerio de Justicia.
El ex presidente Ollanta Humala consideró como un ensañamiento la orden de incautación de su vivienda y pidió a los titulares del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez; y del Ministerio Público (MP), Pablo Sánchez; revertir esta medida que implica el desalojo de su familia de la única casa que poseen.
"Es la única vivienda familiar que tenemos, me parece bajo la orden de incautación, no es una medida urgente, el juez que hemos recusado debió inhibirse, es un acto arbitrario", declaró en medio de la calle, junto a su esposa Nadine Heredia.
Comentó que desde el inicio de las investigaciones en su contra, ha cumplido con la ley. Sin embargo, dijo, ve un “doble rasero” y una “aplicación cruel de la ley” en su contra.
