ciativa hasta esa misma instancia, luego de determinar vicios e ilegalidades en el proceso de evaluación.
El secretario de Estado realizó esta sugerencia luego de las acusaciones que la exseremi de Minería de la IV Región, Mirtha Meléndez, realizara a través de PULSO, señalando que en la negativa a la iniciativa minero-portuaria de US$ 2.500 millones, “no se consideraron los informes técnicos existente durante toda la evaluación (…) y sin duda hubo presiones políticas”.
“Siento que la situación que denuncia la exseremi es un tema en el que hay que tomar atención y creo que las autoridades, tanto de los tribunales como de
Jorge Troncoso, ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que evaluó favorablemente la iniciativa, lo que terminó gatillando su salida del gobierno, es crítico del desempeño de la Comisión de Evaluación de Coquimbo y de la instancia ministerial presidida entonces por el titular de Medio Ambiente Marcelo Mena.
Como un fallo que restablece el funcionamiento de la institucionalidad califica el ex director del organismo, la resolución del tribunal de Antofagasta de ordenar una nueva evaluación ambiental del proyecto minero portuario Dominga, acusando vicios e ilegalidades detrás del rechazo de la iniciativa, tanto a nivel regional como en el comité de ministros del gobierno de Michelle Bachelet.
“El fallo lo que ha hecho es restablecer el adecuado funcionamiento de la institucionalidad ambiental y el acatamiento de las regulaciones que establece nuestro ordenamiento jurídico en materia de evaluación de impacto ambiental. El Tribunal le ha señalado, tanto a la instancia colegiada regional, es decir, a las Comisiones de Evaluación, así como a la instancia colegiada nacional, es decir, al Comité de Ministros, que la evaluación ambiental de proyectos es un procedimiento reglado y normado en el marco de lo que establece la Ley de Medio Ambiente y el Reglamento del SEIA y que esas regulaciones y procedimientos deben ser respetados, independiente de que a determinadas autoridades políticas no les parezca o no les guste”, señala Troncoso.
Asimismo, el Tribunal le ha señalado a la Administración, que cualquier acto administrativo debe ser fundado o motivado y que en las actuaciones de la administración no existe espacio para las arbitrariedades. “El proceder tanto de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, así como del Comité de Ministros, bajo la administración de Marcelo Mena, violaron de manera burda reglas y procedimientos básicos que aplican a esos órganos colegiados que tienen un mandato que está establecido por ley”, prosigue el ex funcionario.
Esto porque “en primer lugar, el caso del rechazo del Proyecto Dominga en la Región de Coquimbo, constituye una situación en la que la institucionalidad ambiental regional no respetó las regulaciones y normas que rigen la evaluación ambiental de proyectos y no estuvo a la altura de la responsabilidad política que le asiste a esa instancia”, declara Troncoso.
Cabe destacar que la evaluación técnica en el caso del proyecto Dominga concluyó que esa iniciativa cumplía la normativa ambiental aplicable; que se presentaron todos los antecedentes requeridos para el otorgamiento de los permisos que le aplican y que se propusieron las medidas adecuadas para hacerse cargo de los impactos ambientales. Los votos emitidos por los miembros de la comisión que votaron en contra de la calificación ambiental favorable, claramente no reunieron el estándar de fundamentación necesaria y que exige la Ley para contradecir, rebatir o no acoger lo recomendado por el SEA, actuación que a todas luces invalida o vicia el actuar de la instancia colegiada.
Respecto de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el recurso administrativo presentado por el titular del proyecto, “durante los tres años y algo más en que me tocó la responsabilidad de conducir el SEA y actuar en Calidad de Secretario Técnico del Comité de Ministros, bajo la conducción del Ministro Badenier, siempre trabajamos absolutamente ajustados a los procedimientos y a las normas que establece la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Reglamento de Sala del Comité”, complementa Troncoso.
La actuación del Comité presidido por Mena se alejó de manera categórica de las reglas más básicas y elementales que debe considerar el proceder de la Administración, más aún en una instancia de tanta responsabilidad como lo es el Comité de Ministros, al punto que uno de los ministros integrantes de esa instancia debió retirarse de la reunión.
Respecto de si hubo presiones políticas detrás del rechazo al proyecto, Troncoso señala que “en la evaluación de este proyecto, el Servicio desplegó durante más de tres años, que fueron los duró la evaluación, todas las mejores capacidades técnicas y de gestión de que disponíamos, desarrollando una evaluación ambiental exhaustiva y rigurosa que consideró los diversos ámbitos técnicos y jurídicos (…) para finalmente arribar a un Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental, donde resolvimos recomendar a la Comisión que el proyecto se calificará favorablemente. Sin embargo y a pesar de la consistencia que, a mi juicio, presentaba el Informe Consolidado, hubo seremis y el propio intendente que señalaron no estar de acuerdo con nuestra recomendación, sin entregar ningún tipo de fundamentación o motivación de sus votos de modo que desvirtuaran los argumentos esgrimidos por el Servicio que, por lo demás, es lo que exige la ley”.
